El Gobierno ha remitido a Bruselas este miércoles la adenda al plan de recuperación. Un documento de 192 páginas que incluye 18 nuevas reformas que comprometerán también al Ejecutivo que salga de las urnas el próximo 23 de julio. A cambio, el actual Gobierno busca empezar a movilizar los 94.000 millones —fundamentalmente préstamos en condiciones ventajosas— que restan de los fondos europeos de recuperación que deben haber quedado comprometidos en su totalidad antes del 31 de agosto de 2026. 

El hecho de que el Ejecutivo haya remitido la adenda a Bruselas con las Cortes disueltas y una convocatoria de elecciones en el horizonte ha sido duramente criticado por la oposición. El PP ha solicitado por carta a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que retire la adenda y la renegocie antes de presentarla a las autoridades europeas. Por contra, la vicepresidenta sostiene que remitirla ahora es un ejercicio de responsabilidad pues —arguye— "no era realista pensar que se pudiera iniciar un trabajo nuevo después de las elecciones".

Sea como fuere, el Ejecutivo que se configure tras el 23-J tendrá que asumir los compromisos adquiridos en la adenda si no quiere arriesgarse a perder acceso a la financiación europea. La alternativa es renegociar con Bruselas los hitos y reformas. Un proceso largo y complejo que retrasaría aún más la ejecución de los fondos, con el consiguiente riesgo de perder una parte de los mismos.

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En todo caso, las 18 nuevas reformas que ha pactado el Ejecutivo con Bruselas no son compromisos de gran calado. Muchas de ellas desarrollan normas ya aprobadas, que decayeron tras la disolución de las Cortes o que desarrollen planes y estrategias generales sobre materias como la desertificación, la inteligencia artificial o la gestión de los recursos hídricos. 

Potenciar el vehículo eléctrico

La primera reforma de la adenda prevé potenciar la infraestructura de recarga e impulsar el vehículo eléctrico a través de un nuevo marco normativo. En este apartado, se incluye la ley de movilidad sostenible que se estaba tramitando en el Congreso, pero decayó tras la convocatoria de elecciones. 

Además, también se introduce en este paquete el decreto que desarrolla las zonas de bajas emisiones para municipios de más de 50.000 habitantes, que el Ejecutivo ya aprobó a finales del año pasado. Otra de las medidas en materia de movilidad es el compromiso de reducir un 50% el consumo energético de la señalización viaria en las carreteras.

Vivienda en alquiler

Una de las grandes novedades de la ampliación del plan de recuperación es el compromiso de adoptar medidas para promover la oferta de vivienda en alquiler. El Ejecutivo se compromete a lograr "un incremento efectivo de la oferta de vivienda en alquiler" que ponga "especial atención" a las zonas más tensionadas. Para lograrlo, el Gobierno ha habilitado una línea de préstamos gestionada por el ICO dotada con 4.000 millones que se podrán solicitar en cuanto Bruselas apruebe el texto de la adenda, algo previsto para dentro de al menos dos meses.

Energía

En el apartado de la energía, la adenda recoge el compromiso de adoptar "medidas encaminadas a reducir el impacto del aumento del coste de la energía en los ciudadanos". Entre estas medidas, se incluye el Suministro Mínimo Vital —que prohíbe que se corte el suministro y garantiza una potencia mínima a los hogares vulnerables—, que ya se aprobó vía real decreto en septiembre de 2021. De igual manera, también se mejora la cobertura del Bono Social Eléctrico y el Bono Social Eléctrico, dos medidas ya en vigor desde octubre de 2022.

Finalmente, la adenda recoge también el compromiso de reformar el mercado regulado eléctrico (PVPC) para "reducir la volatilidad de sus precios" y "proteger a los consumidores más vulnerables". El Ejecutivo tenía previsto aprobar por decreto esta medida antes de julio cuando se convocaron las elecciones. Finalmente, también se incluye un compromiso de mejorar la tramitación administrativa de las instalaciones de generación eléctrica y renovable.

Inteligencia Artificial, digitalización, desertificación...

El resto de reformas incluyen medidas como crear una agencia española de inteligencia artificial, regulación en materias como el desperdicio alimentario o medidas sanitarias en ganadería. El Ejecutivo se compromete también a diseñar una estrategia nacional de lucha contra la desertificación y a elaborar planes y estrategias en materia de gestión del agua.

En materia de digitalización se ha incluido el marco de competencias digitales de los docentes o la creación de un Esquema Nacional de Seguridad para reforzar la ciberresiliencia y la ciberseguridad. También se han incorporado a la adenda la ley que regula la transparencia de los lobbies o la ley de servicios de atención al cliente. Dos iniciativas que se encontraban en tramitación parlamentaria, pero que decayeron al convocarse los comicios.