El sistema de financiación autonómica lleva caducado casi diez años. El PSOE dijo que su reforma sería una "prioridad" en esta legislatura y Moncloa admite ya abiertamente que buscará abordarlo próximamente, siempre y cuando Pedro Sánchez logre superar una investidura para la que es candidato y que todavía no tiene fecha. Esta decisión puede suponer una doble victoria para los socialistas a corto plazo, porque podrá ser un conato de división entre los presidentes autonómicos del Partido Popular y, a la vez, una baza en la negociación con los independentistas catalanes de ERC y Junts.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quiere abordar la modificación del sistema "esta legislatura", según fuentes cercanas a quien también ocupa la Vicesecretaría General del PSOE. No es la primera vez que lo dice. Ya a principios de septiembre apuntó que será "muy prioritaria" en la agenda legislativa del Gobierno de coalición, que ahora mismo está en funciones. No obstante, las mismas fuentes apuntan a que en la actualidad se está produciendo algo que "hasta ahora no había pasado": la modificación del Impuesto de Sucesiones.

Según colaboradores de la ministra de Hacienda, el PP ha comenzado junto con Vox en diversas autonomías a bonificar este tributo -que en la mayoría de autonomías, también en las del PSOE, no se pagaba al 99% entre padres e hijos- en lo que afecta a la relación entre hermanos o entre tíos y sobrinos, lo que puede seguir mermando las arcas autonómicas. Algo parecido sucedió con el Impuesto de Patrimonio: las derechas trataron de suprimirlo y el Gobierno central respondió con un tributo similar de nueva creación. 

Desde Hacienda explican que es imposible realizar algo similar con Sucesiones y que la única manera de abordarlo es con la reforma de la financiación autonómica. Además, estas fuentes no ocultan que en ese momento habrá un problema para el PP. Los 'populares' gobiernan en 12 de las 15 autonomías afectadas por esta reforma -todas salvo Navarra y País Vasco- y "será difícil que se pongan de acuerdo Alfonso Rueda, de Galicia, Isabel Díaz Ayuso, de Madrid, o Juanma Moreno, de Andalucía".

Asimismo, el sistema de financiación autonómico podría hacer realidad el deseo de Sánchez, que pasa por buscar un acuerdo de "legislatura" y no solo de investidura con Junts y ERC. En la misma noche electoral, la cabeza de lista de los republicanos, Gabriel Rufián, fijó el "déficit fiscal" como una de las cuestiones a las que tendría que comprometerse atender el PSOE. La formación de Carles Puigdemont también ha hablado en este sentido y ha lanzado alguna que otra cifra. Sin ir más lejos, hace dos semanas pidió que se condonase la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que alcanza los 83.000 millones de euros. 

Sánchez buscará un "acuerdo de legislatura" con Junts y ERC, a los que ofrece "generosidad", pero evita hablar de amnistía

Presupuestos en enero

Con todo, las aspiraciones de Montero no terminan en la reforma de la financiación autonómica, sino que pretende antes aprobar unos nuevos Presupuestos, que darían más vida al Gobierno si Sánchez logra la investidura. La ministra de Hacienda aseguró ayer que su departamento ya está trabajando internamente en la elaboración de las cuentas públicas para el año próximo y que el calendario que manejan pasa por enero.

"Nuestra idea es llegar lo antes posible. Es evidente que habrá cierto decalaje respecto al calendario de años anteriores, pero con tal de que se apruebe en la proximidad de los próximos días de enero, no hay ningún problema con que [los presupuestos] tengan carácter retroactivo", apuntó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros antes de agregar que el Ejecutivo cuenta "con tener cuentas nuevas para 2024, pero tienen que ocurrir una serie de elementos que no son menores".

Hacienda ya trabaja en los Presupuestos de 2024, que confía en aprobar en enero si Sánchez logra la investidura

Montero recordó que el proceso presupuestario comienza cuando el Ejecutivo presenta los objetivos de estabilidad al Congreso y el Senado. Precisamente, la falta de esa información sobre esos objetivos ha suscitado quejas desde administraciones autonómicas y locales, que han tenido que elaborar sus presupuestos a ciegas, sin saber cuáles son las referencias de déficit y deuda fijados por el Gobierno para estas administraciones.

Tras fijar los objetivos de estabilidad, el Gobierno debe informar del techo de gasto y entonces se empiezan a articular las cuentas públicas. Finalmente, el proyecto presupuestario se somete a votación en las Cortes capítulo a capítulo, para lo que es necesario que cada uno de ellos salga adelante por mayoría simple (más síes que noes). En caso de que el Senado vetase un eventual proyecto de presupuestos —algo previsible con la mayoría absoluta que ostenta el PP en la Cámara Alta—, el texto volvería al Congreso, donde necesitaría de mayoría absoluta para levantar el veto. Si no se logra esa mayoría absoluta de 176 escaños, el veto se puede levantar dos meses después por mayoría simple.