El mosso condenado por hacer de escolta de Puigdemont denuncia "persecución política"

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont (c), junto al mayor de los Mossos, Josep LLuís Trapero (2ºd), pasan revista antes de la ofrenda floral del Govern al monumento a Rafael Casanova con motivo de la celebración de la Diada.
El president de la Generalitat, Carles Puigdemont (c), junto al mayor de los Mossos, Josep LLuís Trapero en una foto de archivo.
Toni Albir / EFE
El president de la Generalitat, Carles Puigdemont (c), junto al mayor de los Mossos, Josep LLuís Trapero (2ºd), pasan revista antes de la ofrenda floral del Govern al monumento a Rafael Casanova con motivo de la celebración de la Diada.

El sargento de los Mossos Lluís E. ha pedido que se revoque su condena a cuatro años de cárcel y 19 de inhabilitación por utilizar su cargo como asesor del exconseller Miquel Buch para hacer de escolta del expresidente Carles Puigdemont, ya que la atribuye a un proceso de "persecución política".

Así lo sostiene la defensa de Lluís E. en un recurso interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para que revoque la condena que le impuso la Audiencia de Barcelona y dicte una sentencia absolutoria, al concluir que ha sido castigado sin pruebas tras ser perseguido "por tierra, mar y aire" por haber ayudado a Puigdemont a abandonar España el 29 de octubre de 2017, tras su destitución por el 155 tras el 1-O.

Al igual que el sargento, también la defensa del exconseller Miquel Buch, en su caso condenado a cuatro años y medio de cárcel y 20 de inhabilitación -ambos por los delitos de prevaricación y malversación-, ha recurrido la sentencia de la Audiencia de Barcelona, dictada a mediados de septiembre pasado.

En su recurso, la defensa de Lluís E., ejercida por los letrados Isabel Elbal y Gonzalo Boye, considera que la condena al sargento de los Mossos "culmina" una "persecución política" de la que ha sido víctima por su ideología independentista y por haber ayudado a Puigdemont a salir de España tras su destitución en aplicación del artículo 155 de la Constitución.

De hecho, el recurso apunta a que el sargento de los Mossos figuraría como víctima de una "persecución política" a un "grupo objetivamente identificable", como estableció una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en enero pasado.

Según el escrito, la investigación policial -que efectuaron los propios Mossos-, el procedimiento penal, el juicio y la condena tienen un "claro sesgo" ya que están motivados por la "ideología" y la "afinidad" del sargento con el expresidente Puigdemont, de quien hizo de escolta antes del 155.

La Audiencia concluyó que, tras el 155, Buch fichó a Lluís E. como asesor para que, cobrando un sueldo público, siguiera ejerciendo de escolta de Puigdemont, sin llevar a cabo las funciones que le correspondían en la consellería de Interior.

Para la defensa, en este caso se ha partido de una "presunción de culpabilidad" y se han castigado unos hechos "absolutamente inanes, neutrales", "criminalizando" una actuación de "militancia política de carácter independentista" del sargento llevada a cabo en su tiempo libre.

En este sentido, apunta que su nombramiento como asesor fue "absolutamente legal" y denuncia que la sala que lo condenó dio un "triple salto mortal", con una "acrobacia propia de un extraordinario olímpica", para sostener que esta figura de asesor "sirvió de cobijo para las actividades que considera criminales".

La defensa insiste en que Lluís E. acompañó en ocasiones a Puigdemont siempre "en sus horas libres", compaginando así su labor como asesor de Buch -que no requería de presencialidad- con una "incansable actividad solidaria y militante en el extranjero".

"Pudiera resultar agotador, desde el tranquilo sillón de un despacho o desde un estrado judicial, imaginarse una actividad tan frenética, intensa y entregada como la desempeñada por cualquier activista, que a la vez, tiene su propio trabajo y otras obligaciones cotidianas que debe atender", subraya.

La defensa del sargento Lluís E. también lamenta que la sala haya dado por buena la investigación interna de los Mossos, que le incriminó, y que en cambio no haya aceptado valorar un mensaje en las redes sociales que emitió el propio acusado la víspera del 12-O de 2018 -antes de ser investigado-, con la etiqueta "nada que celebrar" con motivo del Día de la Hispanidad: "Yo mañana, continuaré asesorando".

Dicha prueba, según la defensa, "sin duda, servía para absolver", por lo que considera que, al no admitirla, la Audiencia vulneró su derecho fundamental a la presunción de inocencia.

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