El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo celebra este miércoles una vista judicial pionera en la que seis jóvenes portugueses demandan a 32 países europeos, entre ellos España, por no hacer lo suficiente contra el cambio climático que provoca incendios y sequías y perjuicios para su salud. En este caso concreto, los grandes fuegos en Portugal entre 2017 y 2020 fueron el punto de partida de una demanda internacional en la que un grupo de hermanos y primos de Portugal acusan a los países de violar derechos recogidos en la Convención europea como el "respeto por su vida privada y familiar". Tras reclamar sin éxito a la Corte que no admitiera la demanda, este miércoles España ha alegado en su defensa que no ha lugar la violación de esos derechos  por unos perjuicios que considera "insignificantes" comparados con los "peligros ambientales" que se dan "en la vida de cualquier ciudad moderna".

De acuerdo con la ONG con sede en Londres que representa legalmente a los seis jóvenes portugueses, The Global Legal Action Network (GLAN), esta es la defensa que ha hecho la Abogacía del Estado española en la vista que se desarrolla este miércoles en Estrasburgo, que juzga a una treintena de países europeos de no luchar suficientemente contra el cambio climático y no proteger a su población de sus efectos. El propio Tribunal Europeo le ha dado una importancia especial, al optar por tramitarlo por la vía rápida y habilitar para la vista de este miércoles la Gran Sala, que, según explica GLAN, se reserva para los casos más importantes. 

Se trata del llamado caso Duarte Agostinho, por uno de los seis demandantes, hermanos y primos entre sí y habitantes de Leiria, a 140 km al norte de Lisboa, que en septiembre de 2020 demandaron a una treintena de países por no protegerlos de los efectos del cambio climático, violando así derechos que recoge la Convención europea de Derechos Humanos, como a la vida, a estar libres de tortura y a no sufrir un trato  degradante o inhumano. Desde entonces, se han adherido como partes interesadas Greenpeace, Amnistía Internacional o Save the Children.

"Teníamos miedo, porque estamos nerviosos, pero no nos arrepentimos [de presentar la demanda] porque sabemos que estamos luchando por nuestras vidas", declaró este miércoles a EFE una de las demandantes, Cláudia Agostinho, que ahora tiene 24 años.  

La sentencia se espera para la primera mitad de 2024 y un fallo en contra de los países demandados abriría un nuevo escenario en materia de lucha climática, en el que ciudadanos normales y corrientes podrían ir a los tribunales al sentirse personalmente perjudicados por el calentamiento global. Según Agostinho, el impacto sería "enorme" porque "32 gobiernos serán forzados a reducir drásticamente sus emisiones" de CO2 a la atmosfera.

Problemas "comunes"

Hasta entonces, la Abogacía del Estado ha armado una defensa de España que, por lo que respecta a los daños materiales y personales denunciados por los jóvenes como consecuencia de los incendios y sequías en su zona, consiste en afirmar que no existen evidencias que los relacionen y que estos efectos no serían mayores a los riesgos ambientales que corren los habitantes de cualquier ciudad moderna.

Así, España considera que no se está violando el artículo de la Convención Europea de Derechos Humanos, que consagra el "respeto por la vida privada y familiar" y limita la "interferencia de la autoridad pública" en casos excepcionales, incluida la protección de la salud, al considerar que el perjuicio que alegan los jóvenes es "insignificante en comparación con los peligros ambientales inherentes a la vida en cada ciudad moderna", de acuerdo a The Global Legal Action Network sobre las intervenciones de la vista.

Con anterioridad, en las observaciones que remitió la Abogacía del Estado al Tribunal en mayo de 2022 para pedir que no se admitiera la demanda contra España, ya afirmó que el miedo que denunciaban los demandantes sobre el agravamiento de sus problemas respiratorios y alergias o las dificultades para dormir debido a fenómenos como incendios y sequías vinculados al cambio climático "son comunes a todo el mundo". 

"Ninguno de los demandantes sufrió daños personales ni ningún daño suficientemente serio como resultado de los incendios de 207 o como resultado del cambio climático", alegó España ya el año pasado, en un escrito en el que solicitaba al Tribunal que no admitiera la demanda porque los hechos no ocurrieron dentro de su territorio, así como que en el Tribunal Supremo ya hay dos casos pendientes que evaluarán si el Gobierno hace lo suficiente contra el cambio climático. En particular sobre los perjuicios para la salud de los demandantes de las consecuencias del cambio climático, España rechazó por "imprecisos científicamente" e "insuficientes" y de parte los informes sobre sus problemas respiratorios o sobre su salud mental.

Perjuicio directo por el cambio climático

España ha mantenido una línea de defensa bastante similar a la de los otros 32 países europeos a los que demandaron en septiembre de 2020 seis jóvenes portugueses -entonces de edades comprendidas entre 21 y 12 años- por no hacer lo suficiente para luchar contra el cambio climático, por el que se consideraban directamente perjudicados por los daños en su salud y en sus medios de vida o la de sus familias que provocaban como consecuencia incendios o sequías.

El desencadenante fueron los grandes incendios que habían asolado Portugal desde 2017, que consideraban resultado directo del calentamiento global y por los que se arriesgaban a contraer problemas de salud, como los que ya experimentaban, como problemas para dormir, alergias y dificultades respiratorias. También denunciaban no poder practicar deporte en el exterior, el cierre temporal de escuelas y, en el caso de los que vivían en la cosa, el riesgo de que sus casas se vieran devastadas.

Denunciaban también que los efectos del cambio climático provocaba en ellos "ansiedad" por la posibilidad de catástrofes naturales que ya habían dejado muertos entre sus conocidos y ante la perspectiva de vivir en un clima cada vez más caluroso.

Por estos motivos, los seis jóvenes, con el respaldo de la ong GLAN, denunciaron a 32 países europeos -todos los de la UE más Rusia, Reino Unido, Suiza, Turquía y Ucrania, que se retiró- por no respetar sus obligaciones internacionales, como la de limitar el calentamiento global a 1,5ºC por encima de niveles preindustriales, tal y como se comprometieron a hacer hace 20 años, en virtud del Acuerdo de París de 2003.

España considera que los demandantes no viven en zonas que estén reconocidas como de riesgo por el cambio climático y que no existe un "riesgo real e inmediato" en sus vidas. Y cree que el caso "es claramente de naturaleza política" porque no tiene en cuenta que ya en los tribunales nacionales -el Supremo- hay pendientes dos casos sobre las acciones del gobierno para luchar contra el cambio climático y niega la jurisdicción del Tribunal de Estrasburgo sobre este caso y para evaluar si España cumple con los compromisos del Acuerdo de París, que -frente a la interpretación ecologista que defiende el propio Gobierno- apunta que no limita el calentamiento global a 1,5ºC por encima de niveles preindustriales, sino que lo fija "bien por debajo de 2ºC".

"Los demandantes están pidiendo que el tribunal actúe como un legislador", alegaba en su escrito de 2022 España, en contra de que "imponga una obligación legal de un 'reparto justo'" de las cargas de los efectos del cambio climático con los que, apunta, ni siquiera los países se ponen de acuerdo.

"Evadir el escrutinio sobre política climática"

En términos generales, la defensa común que han hecho los 32 países demandados por no hacer lo suficiente contra el calentamiento global ha consistido en subrayar que los jóvenes no han certificado un daño suficiente o serio como resultado y que sus miedos y ansiedad por el cambio climático no son exclusivos de ellos. Tampoco ven "serias limitaciones" a sus vidas o bien estar por los problemas en los días más calurosos, como no poder dormir bien o no poder hacer ejercicio en el exterior y rechaza el argumento genérico de que ellos están más expuestos por su corta edad.

Tras la jornada de la mañana de la vista que se desarrollará durante todo el miércoles, el director de Global Legal Action Network, Gearóid O'Cuinn, ha criticado que los 87 abogados que han representado en la Gran Sala a los 32 gobiernos se hayan centrado en subrayar cuestiones "técnicas" sobre las "inconsistencias" de las demandas de los jóvenes, intentado que se declare la inadmisibilidad del caso. "Buscan evadir el escrutinio de sus políticas climáticas basándose solo en criterios de admisibilidad, ninguno de los cuales refuta la evidencia que hemos puesto sobre la mesa, que sus políticas llevan a un calentamiento de 3ºC o más".

A pesar de ello, O'Cuinn ha subrayado la importancia que ha dado el Tribunal a este caso -que se ve en la Gran Sala, con 17 jueces-, una "señal de que se toma muy en serio y reconoce la amenaza que supone el cambio climático para los derechos humanos de los demandantes y para los europeos en general". Por eso, ha esperado que la sentencia de este caso fije una obligación legal para que los países acometan "cortes de urgencia" de las emisiones de CO2.