La oficialidad del catalán, el gallego y el euskera en la Unión Europea tendrá que esperar, para pesar del Gobierno español. Así quedó claro este martes en Bruselas, donde el tema tuvo una primera toma de contacto entre los 27 en el Consejo de Asuntos Generales (CAG) al que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, llegó optimista y se fue con una llamada a la calma por parte del resto de socios comunitarios, que no quieren abordar el tema con prisas. Ya había vetos públicos -Suecia y Finlandia, entre otros- pero las reticencias fueron generalizadas, sobre todo por las implicaciones financieras, jurídicas o administrativas de la idea. Entonces, ¿ahora qué?
Un primer paso... ¿fallido?
Pedro Sánchez les ha prometido a los independentistas que las tres lenguas serán oficiales en la UE a cambio de su respaldo para la investidura, pero el Gobierno se ha dado cuenta que en Bruselas las cosas van a otro ritmo. España, que ostenta hasta diciembre la presidencia del Consejo de la Unión, puso sobre la mesa el asunto y se ha encontrado con un tropezón a las primeras de cambio. El tema está muy verde, y el resto de socios consideran que hay que hacer un análisis más a fondo, sobre todo en lo relativo a los costes y al encaje jurídico: mientras no se cuente con estos informes, no habrá avances.
De hecho, el Ejecutivo tuvo que virar sus planes al ver los frenazos puestos por los 26 Estados miembros restantes: ahora Moncloa quiere priorizar el catalán por delante del euskera y el gallego. Albares aseguró que dado su número de hablantes, este estaría entre los 15 idiomas más hablados que la UE, y asegura que en ningún caso este giro supone "una discriminación" hacia las otras dos lenguas cooficiales. Las tres además ya se hablan en el Consejo. El ministro considera que ha cumplido "con el compromiso" de poner en marcha el debate.
¿Qué se puede esperar ahora?
El Gobierno insiste en que la propuesta "no varía en absoluto", pero 45 minutos de reunión en la Rue de la Loi en Bruselas, donde está la sede del Consejo, han servido para ver las reservas que había. Finlandia avisó de que se necesitaba ir más al fondo, y Francia mostró su disposición de "ayudar a España" pero no sin antes comprobar las implicaciones de incorporar tres idiomas más a los 24 que ya son oficiales en la Unión.
Así, hay cierto consenso en la necesidad de un dictamen jurídico del Consejo y de una evaluación de impacto. Esto alargará el proceso durante varios meses e incluso años. Albares, que no ha respondido a si se ha encargado ya este dictamen legal a los servicios jurídicos del Consejo, ha indicado que se "seguirá trabajando" para analizar el "desarrollo e implantación" de la petición española.
¿Qué ánimo hay en el resto de Estados miembros?
"No es una cuestión de si la medida es adecuada o no, sino de qué hay que hacer correctamente para llevarla a cabo. Es una cuestión de ver la foto completa", comentan fuentes consultadas por 20minutos, para aclarar que entre los Estados miembros "no hay un rechazo" al planteamiento del Gobierno, pero sí que se ha querido huir de cualquier prisa. Para algunas capitales el problema viene por los efectos que podría tener incorporar tres idiomas más de golpe mientras que otras consideran que la reforma necesaria es de demasiado calado como para abordarla "en poco tiempo".
¿Qué dice la oposición?
La oposición de momento ha insistido en que el Gobierno en funciones está aprovechando la presidencia del Consejo para abordar asuntos del interés de Sánchez. El líder de Cs en el Parlamento Europeo, Adrián Vázquez, acusó al Ejecutivo de "hacer el ridículo" ante el resto de Estados miembros y "dejar en mal lugar el nombre de España", en un momento que además es "decisivo" para la UE. "El Gobierno ha dejado en evidencia a todos los españoles trayendo una propuesta que no tiene ningún sentido, lo único que trata es de utilizar a España en un chantaje para conseguir un rédito personal", prosiguió. Pero recordó que "Europa no acepta chantajes".
Frente a esta posición, la vicepresidenta primera Nadia Calviño defendió la medida también desde Bruselas. "Los procedimientos en las instituciones europeas, y está claro que España lleva bastante tiempo solicitando el uso de las lenguas cooficiales en el Parlamento Europeo", recordó la número dos del Ejecutivo en funciones, que no cree que la posición de los 27 sea un "no encubierto" a la medida. Asimismo, espera que la acogida de la propuesta "sea positiva". Calviño recordó además que "Europa se ha construido en la diversidad".
¿Hay un calendario fijado?
No hay fechas encima de la mesa para la resolución de la cuestión, por mucho que Sánchez ya haya puesto en marcha el reloj para su posible investidura. De hecho, es poco probable además que el tema se concrete durante la presidencia española del Consejo; si eso sucede, la belga -que se da entre el 1 de enero y el 31 de junio de 2024- heredará el debate, aunque su semestre estará marcado por las elecciones europeas del próximo mes de junio por lo que el margen se estrecha.
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