"No hemos cambiado de opinión". Más de 100.000 llegadas de migrantes a Italia en lo que va de año, con un récord de 7.000 en un solo día, y el Gobierno de Giorgia Meloni no modifica ni un ápice su mensaje: la política migratoria (de la UE) tiene que ser mucho más dura. "Nosotros decidimos quien entra [en el país], no los contrabandistas", aseguraba estos días la primera ministra italiana, poniendo el foco en las "mafias" ante la visita a Lampedusa de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El objetivo de Roma es capitanear este debate, y quiere que sobre todo se centre no tanto en la acogida, sino en la "protección de las fronteras exteriores" de la Unión Europea.

En ese escenario, Von der Leyen vio in situ lo que sucede y le aseguró a Meloni que "puede contar con la Unión" para abordar el asunto. Y es que las cifras hablan por sí solas, con 17.054 llegadas por la ruta oriental (Grecia, Chipre y Bulgaria), 89.047 en la ruta central (Italia) y 16.074 llegadas por la vía occidental (España), según los datos del Consejo hasta junio de este año. Pero es que Canarias ya ha superado las 14.000 llegadas en lo que va de 2023. Por la ruta central llegan sobre todo desde Guinea, Costa de Marfil y Túnez; mientras, por la occidental los países de origen principales son Marruecos, Argelia y en menor medida Siria. En la ruta oriental priman sobre todo sirios, palestinos y somalíes.

"La Comisión está haciendo todo lo posible para que el tema tenga una solución que equilibre solidaridad y una visión amplia del asunto", reiteran las fuentes comunitarias consultadas, que se agarran a lo que dijo la propia presidenta Von der Leyen en Estrasburgo durante el debate sobre el Estado de la Unión. Para la dirigente alemana "la protección de fronteras y también la protección de personas, con solidaridad y con humanidad", y lanzó una llamada precisamente a los Estados miembros. 

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Mientras, defendió los pasos dados por Bruselas con el acuerdo por ejemplo con Túnez, pero al mismo tiempo instó a los 27 a aceptar la entrada en el espacio Schengen tanto de Bulgaria como de Rumanía. La migración "hay que gestionarla con compasión", y con una lucha constante contra la trata de personas. "Es una cuestión que exige una implicación constante", avisó. Días después, ya en Italia, reveló la hoja de ruta del Ejecutivo comunitario.

El plan presentado -que es una propuesta, pues la competencia está en manos de los 27- incluye por ejemplo reforzar la cooperación con los países de origen, en una idea que incluye ya no solo a Túnez sino también a otros como Guinea, Costa de Marfil, Senegal y Burkina Faso para mejorar la cooperación y facilitar la readmisión". Por otro lado, la Comisión también propone "aumentar el apoyo de Frontex con la formación y mejora de medios para garantizar una rápida aplicación de las devoluciones". La "solidaridad", dice, se plantea de forma que quienes lleguen a zonas de alto impacto como Lampedusa -o Canarias- puedan ser, llegado el caso, reubicados en otros Estados miembros; pero a Meloni esto no le convence.

"Jamás resolveremos el problema hablando de redistribución", espetó la premier italiana, renunciando a un modelo que ya fracasó en 2015 -con las cuotas- precisamente por la oposición de países como Polonia o Hungría. "La única forma de afrontar el problema con seriedad es parar las salidas ilegales", terminó. Von der Leyen, en cambio, no se salió de la posición que ya marcó en Estrasburgo: "La inmigración ilegal es un problema europeo que requiere una respuesta europea".

Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado del PSOE y presidente de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior del Parlamento Europeo, explica a 20minutos que "hace mucho tiempo que urge el pacto migratorio, y en ello trabajamos desde hace años ya, desde que la Comisión hizo su propuesta". López Aguilar, no obstante, reconoce que la migración y el asilo son "de lejos" los asuntos "más divisivos" de la agenda europea, tanto geográficamente como ideológicamente. "No todos los países tienen la misma visión", sostiene, y no es lo mismo "la aproximación progresista que la visión ultranacionalista y reaccionaria, negadora incluso de lo que dice el Tratado de Lisboa". Y es divisiva, también, "electoralmente", añade el eurodiputado.

"Claro que me preocupa que un país fundador de la UE como Italia, un país de gran peso, haya caído del lado oscuro de la extrema derecha reaccionaria con un discurso securitario y criminalizador de las ONG", prosigue López Aguilar. Así, dice, en el Parlamento Europeo, que es colegislador, "se ha conseguido construir una mayoría proeuropea para alcanzar esa respuesta de escala europea" al asunto migratorio, con cinco reglamentos, "en los que hay leyes europeas de tipo securitario y con el vector de la solidaridad".

Por su parte, Maite Pagazaurtundúa, de Cs y vicepresidenta de la misma Comisión que López Aguilar, añade que el pacto común "ya era urgente en 2020, cuando la Comisión presentó su plan, y era  urgente en 2015". Pagaza pone sobre todo el foco en la frontera sur de la UE. "Los Estados miembros en primera línea -Italia, España y Grecia- están exhaustos y necesitan desesperadamente ayuda para aliviar la presión del elevadísimo número de llegadas a intervalos irregulares", apunta.

El pacto común ya era urgente en 2020, cuando la Comisión presentó su plan, y era urgente en 2015

"La UE se ha caracterizado por lograr acuerdos, aunque sean de mínimos, entre todos. La frontera italiana es frontera europea, y los Estados miembros no asumen su corresponsabilidad", sostiene sobre la posición de Meloni, que lleva años enarbolando el asunto. "La verdad es un drama", avisa la eurodiputada, quien considera que la política migratoria de la UE "debe estar basada en entradas legales o regulares, planificadas y realizando eficazmente la integración, esto es importante para todos, para la sociedad acogedora y para las personas que llegan. Necesitamos cambiar el modelo a entradas legales y desincentivar fuertemente las entradas irregulares que no se refieran a asilo. Lo que hacemos ahora genera enormes bolsas de pobreza y fatiga en la sociedad". Con todo, Pagaza no es optimista.

Un acuerdo que parecía cercano... pero no

Con todo lo anterior, el acuerdo para el pacto migratorio está lejos, incluso pese a que España confía en que se cierre durante su presidencia rotatoria del Consejo, que acaba en diciembre. Parecía que sí, pero de momento no. Los ministros de Interior de los 27 habían marcado su posición con un compromiso de acoger un mínimo de 30.000 migrantes cada año, una cifra baja si se tiene en cuenta que han llegado por ejemplo unos 4 millones de ucranianos desde el inicio de la invasión rusa. A esto se añade una contribución financiera de al menos 600 millones de euros anuales a la reserva de solidaridad de aquellos gobiernos que no acepten dar asilo a la parte que les corresponda.

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En total, se daría una compensación de 20.000 euros por cada traslado rechazado. Se da eso sí la alternativa de que los países miembros que rechacen acoger a personas puedan dar apoyo logístico para los traslados. Y cuando esta idea pasó a los líderes, Hungría y Polonia la vetaron en un intento incluso por parte de Meloni de mediar para que dieran luz verde. Así, la situación se ha vuelto a enquistar y la UE sigue buscando salidas a un tema que le trae de cabeza desde hace años, que ha sido tabú y que ahora, desempolvado de nuevo, no consigue ningún tipo de consenso.