La respuesta de muchos gobiernos ante la escalada de precios ha pasado por crear y ajustar impuestos para aliviar la presión sobre las familias y, al mismo tiempo, garantizar la financiación de las medidas públicas. Con ese objetivo, una veintena de países, entre ellos España, han implantado gravámenes sobre los beneficios extraordinarios de las empresas, según recoge el informe anual sobre reformas en políticas fiscales publicado este miércoles por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El organismo con sede en París reconoce la lógica de esta medida fiscal, pero advierte de que un mal diseño puede debilitar la inversión y generar incertidumbre.

La mitad de los países de la OCDE han creado a lo largo de los dos últimos años nuevos impuestos sobre los beneficios extraordinarios que algunas empresas han generado a raíz de la crisis de precios. Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Países Bajos se encuentran entre los países que han puesto en marcha este tipo de iniciativas. Y, por supuesto, también España, que ha introducido sendos impuestos temporales a la banca y las energéticas. El primero grava al 4,8% los intereses y comisiones de las entidades financieras que facturasen más de 800 millones de euros en 2019, mientras que el segundo es del 1,2% y se aplica a las compañías energéticas que facturasen más de 1.000 millones en 2019.

El objetivo es, tal y como señala el informe, "aumentar los ingresos para atender gastos fiscales adicionales y limitar las desigualdades". Y es que la OCDE sostiene que las ayudas fiscales han jugado un "papel central" para amortiguar el impacto de los precios sobre las familias y empresas, a pesar del consecuente aumento generalizado de la presión fiscal. Tras la irrupción de la Covid-19, la presión impositiva media en el conjunto de la OCDE se elevó seis décimas hasta alcanzar el 34,1% en 2021. España registró un dato superior a la media, al llegar al 38,4%.

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En concreto, el informe de la OCDE apunta a que los gravámenes sobre los beneficios empresariales "en teoría" no deberían tener "ningún efecto perjudicial sobre la inversión" si está bien diseñado. No obstante, reconoce que existen "desafíos" en su puesta en marcha a la hora de garantizar su eficacia y matiza que pueden disuadir la inversión y generar incertidumbre, "especialmente si están mal diseñados".

Aunque el organismo con sede en París no entra a valorar de forma específica las características del los impuestos creados en los distintos países, sí muestra la pluralidad de diseños existentes. La mayoría ponen el foco sobre las compañías energéticas, dado que, según reconoce el informe, son las que han experimentado en mayor medida grandes aumentos de beneficios desde finales de 2021 y a lo largo de todo 2022. No obstante, el impuesto español a la banca no es una excepción en Europa. También República Checa ha implantado un gravamen para entidades financieras, si bien en su caso grava un 60% de los beneficios que excedan el 120% de las ganancias medias obtenidas entre 2018 y 2021.

En el caso de los impuestos a las energéticas, el informe de la OCDE recoge a grandes rasgos tres diseños. Por un lado, hay países como Alemania, Austria, Francia, Países Bajos, República Checa y Suecia que han optado por gravar los ingresos obtenidos a partir de un cierto límite de precios. En el caso de Austria, República Checa y Suecia se aplica únicamente a compañías eléctricas y el umbral de precio oscila entre los 180 y 194 euros por megavatio hora, mientras que en Países Bajos, por ejemplo, solo el gas natural está sujeto al tributo.

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Otra opción es la utilizada, entre otros, en Alemania, Austria, Francia e Italia para las empresas productoras de combustibles fósiles, gravando los beneficios que superen el 120% de las ganancias medias obtenidas entre 2018 y 2021. La tercera alternativa ha sido imponer un gravamen sobre el total de ingresos de las compañías, como ha ocurrido en Argentina y Colombia. 

Lo que sí tienen en común todos estos impuestos es su carácter temporal. De hecho, algunos de ellos ya han expirado o lo harán al término de 2023. En el caso de España, está previsto que la aplicación de los gravámenes a la banca y las energéticas se prolongue hasta diciembre de 2024, aunque se realizará una evaluación al final del periodo para decidir si convertirlos en permanentes. En ese sentido, la OCDE previene precisamente sobre la retirada de las medidas fiscales y advierte de que su uso indiscriminado puede ser contraproducente, por lo que, a medida que las presiones inflacionistas vayan remitiendo, recomienda que los Gobiernos orienten mejor sus esfuerzos fiscales hacia quienes más lo necesiten.