Cuando queda menos de un mes para que el PP se enfrente a una investidura endiablada, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aún no tiene claro quién será su interlocutor en el Gobierno central. Si tras las municipales del 28 de mayo las mayorías absolutas de los populares en Madrid parecían el preludio de un vuelco en Moncloa, después las generales, la continuidad de Pedro Sánchez como presidente no resulta, en absoluto, inverosímil. En tal caso, y al revés que en el pasado mandato, sería necesario limar asperezas en asuntos clave, donde el Ayuntamiento y el Ejecutivo están condenados a entenderse.
Buen ejemplo de esas iniciativas que requieren de colaboración entre ambas administraciones es el prometidísimo soterramiento de la A-5. En su segunda aventura al frente del Consistorio, quizás también la última, los vecinos del suroeste no perdonarían al regidor madrileño que deje al descubierto la autopista que desde hace 18 años expulsa ruido y malos humos en frente de sus viviendas. No obstante, para llevar a cabo esa operación faraónica, Cibeles necesita al Ejecutivo central, toda vez que el proyecto se enmarca en la Operación Campamento, desbloqueada hace meses por los socialistas. Concretamente, trabajarán codo con codo con el Ministerio de Transportes, que recientemente compró estos terrenos a Defensa, para posteriormente construir más de 10.000 viviendas asequibles sobre 8 millones de metros cuadrados de suelo.
Si los populares no quieren que esto les pase factura política en las municipales de la primavera de 2027, el macroproyecto, por números y plazos de obra, tendrá que arrancar cuanto antes. Las últimas informaciones del equipo de Almeida emplazaban al Mitma a mover ficha para iniciar los trámites burocráticos. Pero, como criticó el alcalde en una entrevista a 20minutos: "No nos han dado noticias desde enero". Fuentes del área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, encargados de sacar adelante el proyecto junto a otras áreas, insisten en que siguen "a la espera de que comprometan el presupuesto para poder comenzar. Ellos tienen nuestro proyecto", aclaran.
A priori mucho más inmediata será la culminación de la Puerta de Sol, en obras desde mediados de 2022. La peatonalización del kilómetro cero de la ciudad -que contempla la reurbanización de las calles aledañas y alberga nuevos quioscos, respetando las míticas esculturas de la Mariblanca y el Oso y el Madroño- no habrá finalizado del todo hasta que se jubile la 'ballena', apodo con el que se conoce al acceso al intercambiador de transportes y que lleva más de 12 años varado en la céntrica plaza. Pero la entrada de accesos a Metro y Cercanías, que sustituirá la actual estructura metalizada por un pabellón transparente de vidrio con forma oval, depende de los permisos de Adif, entidad pública empresarial adscrita a Transportes. Permisos que todavía no han llegado. Y a los que "como mínimo" sumarán otros "dos meses" de trabajos, según la responsable de la reforma, Paloma García Romero, la última vez que fue preguntada, allá por abril.
El repunte de la violencia de las bandas juveniles en Usera, Villlaverde o Carabanchel que se ha producido durante el verano ha resucitado una vieja reclamación del equipo de Almeida al Gobierno: el refuerzo de policías en Madrid. Concretamente, faltan 1.000 efectivos en el Cuerpo que durante el mandato de Alberto Ruiz-Gallardón (2003-2011) contaba con cerca de 7.000 uniformados y en la actualidad debe gestionar las necesidades crecientes de seguridad de la ciudad con apenas 6.000 agentes.
Para cubrir las vacantes, desde el área de Seguridad que dirige la también vicealcaldesa, Inmaculada Sanz, exigen a Sánchez que elimine o, al menos, modere la tasa de reposición. Una norma que se aprobó a nivel estatal en 2015, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, y que mantiene el actual Ejecutivo. Aumentar las plantillas para adecuarlas a la realidad socioeconómica madrileña no supondría ningún coste adicional para Moncloa porque Cibeles está en condiciones de pagarlo con cargo a su propio presupuesto, como insisten voces municipales. "Depende única y exclusivamente de su voluntad", afirmó al respecto el primer edil hace menos de una semana.
El refuerzo, en todo caso, parece lejos de producirse. "No esperamos mucho, dado el maltrato al que Sánchez ha sometido a Madrid desde que es presidente y cómo se ha podido comprobar en la falta de inversiones en general, en el estado del Cercanías o en el no reconocimiento de las indemnizaciones por Filomena", esgrimen fuentes municipales.
A nivel legislativo, el equipo de Almeida insiste desde el mandato pasado en que Sánchez flexibilice la Ley de Capitalidad para que la ciudad tenga más competencias en cuatro aspectos: seguridad, infraestructuras, fiscalidad y financiación. Sin caer en privilegios, los de Almeida esgrimen que, con una normativa más laxa, la ciudad podría resultar más atractiva para la inversión y retener más talento. Por ejemplo, a través de incentivos en el nuevo Distrito Financiero, el número 22 de la ciudad, que está anunciado para la zona de Madrid Nuevo Norte. O en materia movilidad, canalizando la construcción del bus-VAO de la A-2 que el Ayuntamiento acusa al Gobierno de bloquear.
El último encontronazo entre el Ayuntamiento y el Gobierno se ha producido a cuenta de los Presupuestos de la capital para 2024. Con las cuentas de 2022 prorrogadas, los de Almeida reclaman a Hacienda que fije el techo de gasto, necesario para saber de cuánto dinero disponen y a qué reglas fiscales deben ajustarse. El propio alcalde reconoció la semana pasada "el problema de incertidumbre" que rodea la confección del primer plan presupuestario de su segundo mandato, si bien se mostró convencido de que la ciudad de Madrid contará con un nuevo proyecto de ingresos y gastos para el año que viene.
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