La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) se dispone a  desmantelar la tercera central nuclear en España. Después de Valdellós I y Zorita, le ha llegado el turno a la central de Santa María de Garoña. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes la Orden Ministerial que confirma el traspaso de la central burgalesa desde la empresa que la explotó, Nuclenor, a Enresa, que dirigirá la primera fase de desmontaje que durará tres años y se  desarrollará bajo exhaustivos controles ambientales y radioactivos para trasladar mas de 4.000 toneladas de combustible nuclear y otros residuos con contenido radioactivo desde la piscina de la central donde se encuentra actualmente hasta el Almacén Temporal Individualizado anejo.

La Orden del Ministerio de Transición Ecológica que este lunes autoriza la primera fase del desmantelamiento de la central nuclear de Garoña es el último paso administrativo de un proceso que empezó en mayo de 2020, cuando Enresa reclamó la gestión de unas instalaciones que estaban paradas desde que el anterior Gobierno decretó su cierre en 2013 y que hasta entonces explotó la compañía Nuclenor. El proceso pasó por el informe de desmantelamiento elaborado por Enresa, que obtuvo el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y que fue sometido a una evaluación de impacto ambiental elaborado por el Ministerio, que contó por ejemplo con la participación de los gobiernos de Castilla y León y La Rioja y de organizaciones ecologistas, que publicó su luz verde la semana pasada. 

Antes de que expiren los 15 días que permite la ley, el miércoles que viene Enresa asumirá definitivamente la titularidad de la central de Garoña y a partir de ahí podrán empezar unas obras que está previsto que duren tres años, solo para llevar adelante la primera fase del proceso de desmantelamiento, que prevé descontaminar, desmontar, demoler y modificar otras instalaciones auxiliares de la turbina de la central, así como almacenar y evacuar el combustible nuclear que se encuentra en la piscina de la central hasta el Almacén Temporal Individualizado, donde se ubicarán 49 contenedores de residuos, 17 más de los previstos inicialmente. 

Hasta que este proceso no esté completado no se iniciará la fase 2 del desmantelamiento, que requerirá una nueva autorización por parte del CSN y del Ministerio para desmantelar el reactor de la central, donde se encuentran los elementos "radiológicos más importantes".

Según han indicado fuentes del Ministerio a Europa Press, el coste de todo el proceso -sin contar con la gestión del combustible gastado- ascenderá a 475 millones de euros y se prevé que hasta 350 personas trabajen en él de forma simultánea.

4.300 contenedores de residuos

Según la evaluación de impacto ambiental, se calcula que será necesario separar, descontaminar y trasladar unos 3.301 contenedores de material radioactivo,  que pesarán en total unos 4.158 toneladas, además de otros más de mil bidones con contenido radioactivo derivados de los propios trabajos de desmantelamiento, por ejemplo, herramientas o vestuario de quienes trabajen en el proceso. Se llevarán al Almacén Temporal Individualizado, anexo a la central y la alternativa por la que terminó apostando este Gobierno en lugar del Almacén Temporal Centralizado (ATC) que el Ejecutivo de Mariano Rajoy proyectó en Villar de Cañas (Cuenca).

El transporte de este material radioactivo "fuera del emplazamiento" estará sometido a un control exhaustivo que obligará a Enresa a documentar "la expedición de bultos de residuos radioactivos" a justificar que la instalación de destino puede aceptarlos, deberá ser "trazable", es decir, comunicarse con siete días de antelación al CSN y consignarse en el plan anual de transportes que Enresa deberá entregar cada año, antes del 30 de noviembre, al Consejo de Seguridad Nuclear.

Estas y otras condiciones para el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña figuran entre los diez informes con garantías que Enresa ha entregado para su validación al CSN sobre seguridad, emergencias, protección radiológica o gestión de residuos radioactivos y el plan de desmantelamiento se someterá a controles controles y anuales para hacer seguimiento. El Ministerio, a través de su Dirección General de Política Energética y Minas, podrá modificar las condiciones y la autorización que se ha otorgado este martes podría "dejarse sin efecto en cualquier momento", si se incumplen los términos del plan de desmantelamiento o si se producen circunstancias "desfavorables desde el punto de vista de seguridad nuclear y de protección radiológica" que se desconozcan en estos momentos.

Tanto el Ministerio en su evaluación ambiental como fuentes ecologistas afirman que el proceso de desmantelar una central nuclear entraña un riesgo mucho menor que el propio funcionamiento de la misma. En todo caso, para obtener la autorización para hacerse cargo de desmontarla, Enresa ha establecido una garantía financiera "para hacer frente a la responsabilidad civil por los daños que pudieran producirse como consecuencia de un accidente nuclear" por una cuantía igual a la que debe tener la explotación de una central. Teniendo en cuenta lo que dicta la ley para operar una central nuclear, el sector cifra esta garantía en 2.000 millones de euros.

Controles radiológicos

En cuanto a los controles radiológicos, el CSN determinó que durante el tiempo que dure la fase 1 de desmantelamiento la instalación deberá contar con un Servicio de Protección Radiológica autorizado por él mismo y que Enresa deberá hacer una estimación de las labores que se llevarán a cabo para hacer una estimación anual y tener en cuenta también qué consecuencias tendría un accidente de rotura del tanque de residuos radioactivos líquidos. Enresa también tendrá que aportar resultados del programa de vigilancia radiológica ambiental, de controles dosimétricos -sobre niveles radiológicos- del personal que participe en el desmantelamiento y de control de aguas subterráneas.

En cuanto a la población, los controles radioactivos en los documentos que son públicos son más imprecisos y se vinculan, en el caso de la evaluación de impacto ambiental al criterio general de calidad del aire. Se da por descontado que las obras la empeorarán, principalmente por el trasiego constante de camiones, que se estima de unos 30 diarios pero con "picos muy puntuales" de actividad que pueda hacer que sean 80 al día por vías que no están suficientemente acondicionadas, de modo que se requerirá una "señalización provisional".

"Generará emisiones de polvo y de gases de combustión a la atmósfera", que fija junto con la Junta de Castilla y León un umbral de 150 mg/m3 de partículas totales en suspensión -el triple de los marcadores- y plantea que los camiones no puedan circular a más de 20 kilómetros/hora y vayan cubiertos con lonas para intentar paliar estos efectos. Enresa también tendrá que cumplir con la condición del Ministerio de que el transporte de residuos de construcción y demolición no se realice "en condiciones de fuertes vientos", cuando su velocidad supere los 25 km/h.

Enresa planteaba poner dos captadores pasivos para la medición de partículas en suspensión y sedimentables en las dos zonas pobladas más cercanas a la central -Mijaraluenga y Barcina del Barco- y el Ministerio ha obligado a poner un tercer captador, en Santa María de Garoña. En este punto, en sus alegaciones en la fase de información pública, Ecologistas en Acción reclamó que se ampliara la zona en la que se medirá la radioactividad hasta un radio de 10 kilómetros de la central, algo que esta organización no sabe si ocurrirá finalmente.

La calidad del aire es uno de los elementos que figuran en la evaluación de impacto ambiental que realizó el Ministerio para dar verde a la opción de "desmantelamiento inmediato" de Garoña, "poco tiempo después" de su cierre definitivo, ocurrido en 2017. Es la opción que se impuso a otras dos, a la de "no actuación" y que la central siguiera sin actividad pero en su situación actual y un "desmantelamiento diferido", con un periodo de latencia que habría alargado el proceso. Los técnicos consideraron que los costes de desmantelar serán "inferiores". Aunque los impactos ambientales serán "similares" a un desmantelamiento diferido, en cuanto a emisiones de gases, niveles sonoros o gestión de residuos, considera que habrá "menos molestias a la población", porque será durante menos tiempo. Valora también que concentrar el proceso permitirá que trabajadores que participen en las primeras fases puedan transferir su conocimiento a otros que vengan después. También, que "liberar" cuanto antes el emplazamiento pueda tener como resultado "positivo" en creación de empleo y generación de renta en la zona.

Más ruido y el celo del visón europeo

También habrá molestias de ruidos en las zonas residenciales más próximas. Para reducirlas, las actividades ruidosas sólo se harán en horario diurno.

Tras consultar con la Junta, los técnicos del Ministerio concluyen que el desmantelamiento de Garoña no afectará a ninguna zona protegida ni dentro de la Red Natura 2000  ni precisará más captaciones de agua, de modo que no afectará a su disponibilidad en la zona. Tampoco se aprecian efectos sobre la calidad del paisaje, puesto que los trabajos se harán dentro de la central.

Sí tendrá efectos sobre el cambio climático porque "la desintegración de los elementos combustibles almacenados en los contenedores genera calor". De la experiencia de la construcción del Almacén Temporal Individualizado adonde irán a parar se sabe que subió la temperatura uno o dos grados, que se redujo con el tiempo. También existe el riesgo de contaminación del suelo por potenciales derrames durante los trabajos Si ocurre, Enresa deberá hacer sondeos puntuales y si hay parámetros que superan los umbrales establecidos para suelos y aguas subterráneas, hacer un análisis de riegos.

La evaluación de impacto ambiental sí ve un posible efecto negativo sobre una de las especies de la fauna en la zona donde se ubica Garoña, el visón europeo. Como otras especies -incluida la humana-, notarán más ruido durante la obra y más trasiego de personas y vehículos, pero los técnicos han tenido en cuenta el estado de "alto riesgo de extinción total" en que se encuentra el visón europeo por la "competencia" del visión americano y por eso conminan a Enresa a hacer una "colaboración económica" de 50.000 euros anuales a los órganos competentes para el control del visón americano en Burgos y Álava y a evitar atropellos del visó europeo. Para esto último, pide que no haya tráfico de camiones en las "horas crepusculares" durante la época de celo -meses de marzo y abril- y los meses de agosto y septiembre, que es la época en la que se independizan las crías.