La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha abogado por promover la jubilación ante de los 65 años para colectivos como los profesionales del taxi, categorías del sector de la construcción como los albañiles o las empleadas de la limpieza o del hogar.

A su vez, ha manifestado su compromiso con el sector del taxi para que tengan menos jornada laboral, catalogar sus enfermedades profesionales para reconocerlas y potenciar la prevención de sus riesgos laborales.

Tras reunirse con las asociaciones como la Federación Profesional del Taxi o Élite Taxi, ha valorado ante la prensa el acuerdo alcanzado este martes en el Consejo de Ministros para proteger al sector como servicio público, establecer límites a las licencias VTC y potenciar que se cumplan el régimen de descansos.

"España es hoy mejor porque hemos eliminado inseguridades jurídicas para el taxi (...) Tenemos que mejorar las condiciones de trabajo y de vida de las 100.000 familias que dependen de ello", ha señalado para defender que también tienen que "trabajar menos manteniendo los ingresos".

A su vez, la candidata a la Presidencia del Gobierno ha manifestado su compromiso hacia el taxi, que necesita una "mirada específica en la prevención de riesgos laborales y en el catálogo de enfermedades profesionales".

Por otro lado, ha abogado en la idea de que este sector profesional también debe gozar de una jubilación más temprana, al igual que otras profesiones como la construcción.

"No es justo que una persona que trabaja en un taxi, o que trabaja en un andamio o en la limpieza (...) trabajen a los 65 años o a los 67 años. Esto no es justo. Hay colectivos laborales en nuestro país que tienen que irse antes a su casa para poder vivir de la vida", ha detallado Díaz.

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También, ha resaltado que "lo que está en juego" es el futuro de "un sector público que es muy pequeño y donde hay manga ancha para una competencia por los derechos a la baja con las VTC".

Según ha explicado la candidatura en un comunicado, el aumento de este tipo de licencias está desprotegiendo a tres sectores a la vez: al del taxi y sus familias, que han visto cómo se les han "cambiado las reglas del juego"; al de los propios trabajadores de Uber, Cabify o Bolt, que trabajan "en peores condiciones mientras se enriquece gente que no se dedica al mundo del coche"; y por último la propia ciudadanía, ya que este modelo afecta al conjunto de las formas de moverse en las ciudades.

Frente a ello, Díaz ha apelado al "margen de maniobra" que tienen las comunidades autónomas y los ayuntamientos para "elegir el camino de la protección del servicio público" aplicando el decreto ley aprobado por el Gobierno y que permite "evitar una nueva avalancha de licencias de VTC".

Esta normativa estatal modifica la Ley de Ordenación de Transporte Terrestre (LOTT) con el fin de incluir nuevas exigencias basadas en criterios de propiedad del vehículo, medioambientales o de congestión del tráfico para las empresas y particulares que quieran conseguir una autorización de VTC.

El taxi agradece la implicación

Mientras, el presidente de la Federación Profesional del Taxi, Julio Sanz, ha agradecido a Díaz su apoyo y su gestión desde el Ministerio de Trabajo, como el mecanismo de los ERTE desplegado durante la pandemia.

También ha destacado que la norma aprobada este martes por el Consejo de Ministros es muy importante para el sector, que redunda en su condición de servicio público, que les dota de seguridad jurídica y tranquilidad para desplegar su actividad.