La arena del reloj empieza a caer. El tiempo se estrecha de cara a las elecciones europeas de junio del 2024 y en la agenda de deberes de la UE quedan todavía tareas por hacer, muchas de las cuales van a pegar un acelerón durante la presidencia española del Consejo, que arranca el próximo 1 de julio. Han sido cinco años de shock total para el bloque de 27, primero con la pandemia y después con la invasión rusa de Ucrania, y las prioridades han ido cambiando.
"La UE está en el momento de mayor exigencia, pero también en el momento de mayor aceptación", y en Bruselas asumen que hay que estar a la altura. Además de contar con las hojas de ruta de cada Estado miembro se tienen que sumar las ambiciones de una Comisión Europea que tiene planes a medio plazo, sobre todo si se tiene en cuenta que la aspiración de Ursula von der Leyen es seguir al frente del Ejecutivo comunitario después de los comicios. Entonces, ¿qué queda pendiente antes del paso por las urnas?
La reforma de las reglas fiscales
¿Es el tema más importante? De cara al futuro es muy probable que sí. La Comisión Europea ya presentó hace meses su propuesta para reformar las normas de déficit y deuda (con límites del 3% y del 60% respectivamente) toda vez que hay cierto consenso sobre que actuales han quedado completamente obsoletas después de encadenar varias crisis. Pero la clave entonces está en el cómo, con la base que plantea el Ejecutivo comunitario... que además es exigente.
Bruselas quiere mayor flexibilidad y unas normas adaptadas a las particularidades de cada Estado miembro, pero a cambio sugiere sanciones en caso de incumplimiento. Esas multas, que ya existen pero no se aplican, serían de menor cuantía pero se aplicarían automáticamente. La Comisión presentaría una senda de ajuste fiscal de referencia, que abarcaría un período de cuatro años. No obstante, ese periodo de cuatro años puede reducirse a tres en el caso de las economías con una deuda "moderada" mientras que aquellos países con un nivel "bajo" no tendrán que realizar ajuste alguno.
Por otro lado, la Comisión deja claro que el contacto sobre los planes no es solo entre cada socio y el propio Ejecutivo comunitario, sino que también tendrán que contar con el visto bueno del Consejo. "Los Estados miembros presentarían planes en los que se fijaría su trayectoria fiscal a medio plazo, así como sus compromisos prioritarios de reforma e inversión pública", añade la Comisión. Los Estados miembros podrían proponer un período de ajuste más largo, ampliando la senda de ajuste fiscal hasta tres años "cuando la senda esté respaldada por un conjunto de compromisos de reforma e inversión que apoyen la sostenibilidad de la deuda y respondan a las prioridades y objetivos comunes de la UE".
En esa senda, el último paso sería que la Comisión evalúe los planes, dando una valoración positiva "si la deuda se sitúa en una senda descendente o se mantiene en niveles prudentes, y el déficit presupuestario se mantiene de forma creíble por debajo del valor de referencia del 3% del PIB a medio plazo". Además, después de la luz verde del resto de socios, Bruselas supervisaría continuamente la aplicación de los planes. "Los Estados miembros presentarían informes anuales sobre la aplicación de los planes para facilitar un seguimiento eficaz y garantizar la transparencia", añaden.
Ahora la pelota pasa a los Estados miembros, que ya han abierto conversaciones. España quiere una reforma ambiciosa y Alemania "confía en Calviño" para que se lleven adelante a los cambios durante la presidencia española del Consejo. Pero en Berlín no quieren sustos y de hecho el Gobierno de Scholz mantiene su propuesta del objetivo de reducción de la deuda de un 1% anual. "Un país con una deuda del 140% del PIB necesitaría 80 años para que estar en línea con los estándares (el objetivo del 60%). Yo tendría 124 años", comentó en el Ecofin el ministro de Finanzas germano, Christian Lindner.
Un pacto migratorio que parecía imposible
La cuestión migratoria lleva casi una década guardada en el cajón. Los Estados miembros tocaron el tema con la crisis del 2015 y el intento acabó en fracaso; desde entonces han sido casi alérgicos a tocar un asunto que ahora se ha vuelto imperioso. Y por lo pronto los 27 ya han fijado su posición de cara a las negociaciones con el Parlamento, aunque incluso entre los Estados miembros hay divisiones sobre todo por la reticencias de los Gobiernos que quieren medidas más duras, como son el italiano, el polaco o el húngaro.
Lo más relevante es que se da un compromiso de acoger un mínimo de 30.000 migrantes cada año, una cifra baja si se tiene en cuenta que han llegado por ejemplo unos 4 millones de ucranianos desde el inicio de la invasión rusa. A esto se añade una contribución financiera de al menos 600 millones de euros anuales a la reserva de solidaridad de aquellos gobiernos que no acepten dar asilo a la parte que les corresponda.
En total, se daría una compensación de 20.000 euros por cada traslado rechazado. Se da eso sí la alternativa de que los países miembros que rechacen acoger a personas puedan dar apoyo logístico para los traslados. En ese escenario, España se ha comprometido a alcanzar un acuerdo definitivo durante su presidencia del Consejo para que, después, se pueda cumplir el objetivo de tener el pacto negro sobre blanco antes de que termine la legislatura.
La ansiada reforma del mercado energético
En lo que se refiere a la reforma del mercado energético, que España lleva reclamando desde antes del inicio de la invasión rusa de Ucrania, la tensión también se masca. No solo por las diferencias entre los Estados miembros, sino porque para algunas capitales -Madrid entre ellas- la propuesta de la Comisión Europea se queda corta.
Bruselas apunta en su propuesta que el mercado de la electricidad de la UE tiene que potenciar el desarrollo de energías renovables y estabilizar los precios de cara a los consumidores por medio de contratos a largo pazo para producirla, pero rechaza que estos acuerdos se firmen bajo la batuta del Estado, a través de contratos por diferencias o subastas reguladas como planteaba el Gobierno español.
En su lugar, pide que sea por medio de contratos privados entre operadores en un mercado en el que el papel de los gobiernos será conceder ayudas para apoyar nuevas inversiones tanto para generar como almacenar electricidad, a instalaciones de renovables pero también de energía nuclear. Con todo, la división entre países es clara: Alemania, Dinamarca, Países Bajos, Finlandia, Luxemburgo, Letonia o Estonia quieren medidas coyunturales, pero no una reforma profunda como piden España, Italia, Portugal o Francia.
En el escenario actual, Bruselas considera que las medidas extraordinarias que se han tomado desde febrero del 2022 pueden ir levantándose, en alusión a los objetivos para reducir el consumo de electricidad y de gas un 5% y un 15% y el límite de 180 euros/MWh en la electricidad generada con energías inframarginales, es decir, todas las que no son gas natural como las de origen renovable. Esto es, insta a que ya no se ponga un límite a los precios de la electricidad, algo que de momento cuenta con mantener el Parlamento Europeo y por lo que también apuesta el Gobierno español.
El acuerdo UE-Mercosur... después de décadas
Ahora la premisa de que la UE necesita buscar socios fiables se ha vuelto también fundamental. Y por eso la mirada se posa en América Latina. Por lo pronto, ya se van dando pasos hacia una mejor relación entre ambos lados del océano y el reto más relevante en este sentido pasa por cerrar el acuerdo comercial UE-Mercosur, sobre el que se llevan dando bandazos 20 años y que sigue levantando ampollas en ambas partes. Esta es otra de las urgencias antes de junio de 2024, sobre todo en el camino de encontrar "aliados" que frenen las intenciones de Rusia.
Paulina Astroza, directora del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción (Chile), explica a 20minutos que un paso importante para reactivar las relaciones pasa precisamente por "retomar las cumbres como la UE-CELAC", que se va a celebrar en julio. "Las relaciones entre la Unión y América Latina en general son buenas pero se han dejado de lado", sostiene la profesora, lo que ha dado paso "a otros actores", como pueden ser Rusia pero sobre todo China. Además, Astroza ve con buenos ojos "la creación de un órgano permanente" como espacio para reforzar las relaciones, porque, dice, "el vínculo es asimétrico".
"En esas relaciones hay distinto ritmo en función de quién se habla, y no es una relación entre iguales", pero ahora "la UE necesita a América Latina más que antes" no solo a nivel político, sino también en lo que se refiere a las materias primas. Y es que por ejemplo Argentina, Bolivia y Chile acumulan el 60% de la producción de litio en la región, y es un material clave del que Europa tendrá que tirar para despegarse de la dependencia energética rusa, igual que con el hidrógeno verde, también relevante en los países latinoamericanos.
Comentarios
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que 20minutos.es restringirá la posibilidad de dejar comentarios