El adelanto electoral anunciado esta semana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no sólo ha agitado la agenda política y social, sino que también ha dejado a decenas de iniciativas pendientes de tramitar paralizadas. Incluidas varias relacionadas con discapacidad, desde la eliminación del término 'disminuido' de la Constitución hasta la aprobación de normas con una deriva también en este sector, como la Ley de Familias o la de Función Pública.
Las elecciones generales del 23 de julio han forzado la disolución de las Cámaras. Por ello, el Pleno del Congreso de los Diputados ya no podrá reunirse hasta la sesión en la que se constituya la próxima legislatura, algo que sucedería a mediados de agosto. No será hasta entonces cuando se pueda comenzar a retomar la tramitación de estas leyes.
"Teniendo en cuenta el calendario de las Cortes, había determinadas normas que estaban precisamente en proceso de aprobación. Se había establecido un determinado espacio temporal para aprobarlas y ahora mismo no se puede porque la ley electoral no lo permite", explica Pilar Villarino, directora ejecutiva del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad Estatal (CERMI).
A continuación, enumeramos algunas de las iniciativas que quedarían paralizadas con el adelanto electoral:
Eliminar el término 'disminuido' de la Constitución
La reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término 'disminuido' de la Carta Magna vuelve a quedar en el aire por segunda vez en cinco años. A día de hoy, este artículo está redactado de la siguiente forma: "Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos".
Somos el único grupo al que se llama disminuido en la Constitución, es una cuestión de pura dignidad
La iniciativa de reforma, impulsada por CERMI en 2018 al tratarse de un reclamo histórico del colectivo de la discapacidad, pretendía sustituir el término 'disminuido' por 'persona con discapacidad', además de incluir una mención a las "necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad". A pesar del apoyo de todos los grupos parlamentarios, esta redacción quedó interrumpida por la convocatoria de elecciones generales de 2019. Ahora, tras conseguir de nuevo el respaldo, queda de nuevo paralizada.
"Es algo que ha costado muchísimo que saliera, parecía que iba para delante y, lamentablemente, quedará parado", señala la directora ejecutiva de CERMI Estatal. "Somos el único grupo al que se llama 'disminuido' en la Constitución, es una cuestión de pura dignidad. Además, la reforma también hacía una pequeña modificación en la redacción para adaptarla al tratado de Derechos Humanos de referencia y había una mención a las mujeres con discapacidad, que era la primera vez que se hacía en el mundo".
Ampliar la consideración de familia numerosa
Otra de las más sonadas, que también quedará paralizada, es la Ley de Familias. Una norma que, para las personas con discapacidad, suponía cambios sustanciales en cuanto a la consideración de 'familia numerosa'. Entre las medidas 'estrella' del anteproyecto estaba la creación de la denominación de 'Familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza', en las que se incluían a las familias monomarentales con dos hijos y a las familias con dos hijos donde un ascendiente o descendiente tuviera discapacidad. Sin embargo, dejaba de lado a las familias monomarentales con un hijo con discapacidad, una cuestión no exenta de polémica.
Además, la Ley de Familias también recogía una importante ampliación de la prestación por cuidado de menor con cáncer o enfermedad grave, conocida como CUME. Esta ayuda iba a ampliarse de los 18 o 23 años, en algunos casos, hasta los 26, si la persona podía acreditar un grado de discapacidad igual o superior al 65%. Sin embargo, al igual que otras cuestiones de la norma, como la relacionada con no limitar la atención temprana a los seis años, quedarán interrumpidas, al menos por el momento.
El cuidado de las personas con ELA
Un año llevaba esperando para ser tramitada en el Congreso de los Diputados la ley ELA. Esta proposición de ley, presentada en 2022 por Ciudadanos, buscaba garantizar el derecho a una vida digna de las personas con esclerosis lateral amiotrófica. La iniciativa, que fue aprobada por unanimidad, quería garantizar el cuidado domiciliario o residencial de los afectados por esta enfermedad neurodegenerativa las 24 horas del día, los 365 días del año.
Atención al cliente
En materia de Consumo, son dos las normas que se encontraban en tramitación. Por un lado, la ley por la que se regulan los Servicios de Atención a la Clientela, que establecía una serie de medidas enfocadas a acabar con los "laberintos administrativos" con los que muchos clientes se encuentran a la hora de ser atendidos telefónicamente por una empresa. Esta norma recogió gran parte de las peticiones del CERMI, asegura Villarino, orientadas a ampliar la protección de los consumidores con discapacidad.
Por otro lado, la Ley por la que se crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero para la resolución extrajudicial de conflictos entre las entidades financieras y sus clientes. En esta ocasión, el CERMI planteó una serie de medidas encaminadas a garantizar la inclusión financiera a través de un protocolo de atención a personas con discapacidad y personas mayores. En ambos casos, estas normas tendrán que esperar a la nueva formación de Gobierno.
Plazas reservadas en empleo público para discapacidad
La disolución de las Cortes también dejará interrumpida la tramitación del Proyecto de Ley de Función Pública, que introducía sistemas de evaluación a los empleados públicos y cambios en la promoción interna. Esta norma supuso, además, el incremento del cupo de reserva en favor de personas con discapacidad en la Administración del Estado. En concreto, las plazas de empleo público reservadas a este colectivo pasaban del 7 al 10%.
A dicha norma, Autismo España y Asperger España presentaron hace una semana una serie de enmiendas que fueron registradas por varias fuerzas políticas y que se esperaba pudieran aprobarse en las próximas semanas. Entre sus peticiones, destacaba la petición de reserva, dentro del porcentaje del 10%, de un 1% para personas con autismo que no tengan discapacidad intelectual asociada, algo que creen necesario para garantizar un derecho que, a día de hoy, aseguran que no se cumple.
Retomar lo antes posible estas iniciativas
Sin embargo, el adelanto electoral no afectará a normas ya aprobadas, como la Ley de Vivienda, o a cuestiones cuya tramitación se realiza a nivel europeo, como es el caso de la Tarjeta Europea de Discapacidad, que el Gobierno aseguró perseguiría aprobar durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea (UE) en el segundo semestre del año. "Confiamos en que toda la agenda que teníamos a nivel europeo se siga manteniendo, entiendo que no habrá dificultad", señala Villarino.
Esperamos que estas iniciativas se puedan retomar y pronto podamos volver al punto donde estábamos, aunque es cierto que ya con muchísimo más retraso
En cuanto a las normas en proceso de tramitación a las que sí afectará el adelanto electoral, la directora ejecutiva del CERMI espera "se puedan retomar y pronto podamos volver al punto donde estábamos, aunque es cierto que ya con muchísimo más retraso. Hemos vivido una serie de procesos electorales muy seguidos en estos últimos años y hay cuestiones que se retoman, pero otras no". En cualquier caso, asegura, desde la entidad "seguiremos haciendo nuestro papel como sociedad civil y pidiendo todo lo que está por hacer, pero ahora lo haremos en las peticiones que hagamos a las formaciones políticas para que incluyan nuestra agenda política dentro de sus programas electorales".
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