La nueva Ley de Vivienda ha reavivado las discrepancias entre el Gobierno de España y el Partido Popular. Y es que la nueva normativa incluye, según los populares, disposiciones que interfieren en las competencias autonómicas, por lo que los gobiernos de aquellas comunidades en las que gobierna el PP (Galicia, Castilla y León, Madrid, Andalucía y Murcia) han dejado caer que sólo aplicarán aquellas normativas que sean obligadas por el Estado y no harán efectivas las disposiciones que dependan de las Comunidades Autónomas.  

De hecho, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya ha anunciado que recurrirá la ley ante el Constitucional, y el líder del PP Alberto Núñez Feijóo ha anunciado que modificará la norma de ser elegido Presidente. 

Entre las disposiciones de la norma se encuentra el decreto de topes al precio de los alquileres o la declaración de "zonas tensionadas", pero ¿cuáles de estas competencias son autonómicas? ¿a qué medidas podrían negarse las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP?

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La Ley de Vivienda incluye una serie de disposiciones destinadas a la declaración de las llamadas "zonas de mercado residencial tensionado" y la "cooperación entre las administraciones públicas en materia de vivienda". 

Así, las autoridades competentes en materia de vivienda podrán, según el texto, declarar estas zonas "a los efectos de orientar las actuaciones públicas en materia de vivienda en aquellos ámbitos territoriales en los que exista un especial riesgo de oferta insuficiente de vivienda para la población, en condiciones que la hagan asequible para su acceso en el mercado, estableciéndose unas reglas procedimentales para su declaración a los efectos de la legislación estatal".

Por lo tanto, el proceso de declaración de estas zonas, que consta de recopilación de información sobre el mercado residencial en la zona, identificación de riesgos y procesos informativos, depende de las Comunidades Autónomas en tanto en cuanto son las autoridades competentes en materia de vivienda. 

Es acogiéndose a esto por lo que los gobiernos autonómicos podrían negarse a aplicar una parte de la nueva Ley de Vivienda, algo que harán las comunidades en las que gobierna el PP y aquellas en las que gane el 28M.