Fedea rebaja el impacto de la jubilación demorada y del cambio en la cotización de los autónomos: "La mejora sería sólo pasajera"

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá en una imagen reciente.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá (archivo).
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El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá en una imagen reciente.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha advertido este lunes de que los incentivos a la jubilación demorada y la reforma del sistema de cotización de los autónomos aliviarán la presión sobre el sistema de pensiones a corto plazo, pero no resolverán el déficit a largo plazo. Así lo recoge un informe elaborado por el director adjunto del centro de estudios, Ángel de la Fuente, que ve "poco plausible" la proyección del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, que vaticina un ahorro de 2,3 puntos del PIB en 2050.

Los cálculos de Fedea apuntan a que, de funcionar correctamente, el fomento de la jubilación demorada y el nuevo sistema de cotización de los autónomos supondrían de media un ahorro de apenas medio punto del PIB entre 2022 y 2050. "No parece probable que el ahorro neto generado vaya a ser suficiente para evitar que el déficit del sistema de pensiones se dispare en las próximas décadas en ausencia de medidas adicionales", sostiene el informe, que reconoce un efecto positivo de las medidas -aunque insuficiente- coincidiendo con la primera fase del proceso de jubilación de la generación del baby boom.

De hecho, De la Fuente asegura que, incluso si ambas medidas funcionasen bien, "la mejora sería sólo pasajera y tendería a invertirse a largo plazo debido al incremento de las pensiones futuras que ambas medidas comportan". Y es que, en contra de las proyecciones del Gobierno, el director adjunto de Fedea estima "un efecto neutro en 2050 que no ayudaría a compensar el fuerte incremento del gasto derivado de otros componentes de la reforma de las pensiones".

"Si la reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y los incentivos a la jubilación demorada funcionan tan bien como se expone, lo que ciertamente no está asegurado, su rápido despliegue durante los próximos diez años se traduciría en apreciables incrementos de ingresos y reducciones de gasto que llegarían a tener un impacto neto positivo de algo más de un punto de PIB en 2032 y 2033", concreta el informe, el segundo de una serie dedicada a analizar los efectos presupuestarios de la reforma de las pensiones. "A partir de ese momento, los ingresos se estabilizarían y los gastos comenzarían a crecer rápidamente hasta igualarse a los ingresos en torno a 2050. De ahí en adelante, el efecto neto de estos componentes de la reforma sería negativo", añade.

Esta valoración contrasta con la previsión del Gobierno, que De la Fuente tilda de "enormemente optimista". El Ministerio de Inclusión estima que los incentivos ofrecidos para demorar la jubilación y los ingresos adicionales que generará la reforma del sistema de cotización de los autónomos permitirán un ahorro para el sistema de pensiones de en torno a 2,3 puntos del PIB en 2050, de los cuales 1,61 puntos procederán de la demora de la edad de jubilación.

De este modo, Fedea critica el optimismo de Inclusión al considerar una tasa de demora de la jubilación de casi el 60% en 2050. Los incentivos al retraso de la jubilación fueron uno de los primeros elementos de la reforma de las pensiones en se aprobados, ya en 2021 junto a la revalorización de las retribuciones conforme al IPC. En concreto, se ajustaron las penalizaciones a la jubilación anticipada y se mejoraron las compensaciones ofrecidas para incentivar la demora voluntaria de la jubilación más allá de la edad legal. En este segundo caso, se da al trabajador la opción de elegir entre un incremento del 4% de la base reguladora de su pensión por cada año completo de demora o un pago único de entre 6.000 y 12.000 euros aproximadamente.

Pensiones más altas

El centro de estudios también rechaza el incremento de ingresos previsto por el Gobierno a través del nuevo sistema de cotizaciones de los autónomos. "Supondría una subida muy considerable de la presión fiscal sobre los autónomos que sería conflictiva y por lo tanto difícil de implementar", señala el informe, que apunta además a otra cara de la moneda: "si los autónomos cotizan más, sus pensiones también serán más altas en el futuro y eso ya debería de notarse en 2050".

El cambio en el RETA aprobado el año pasado plantea una transición gradual hacia un sistema en el que las cotizaciones de los autónomos guarden una relación más estrecha con sus ingresos reales. Sin embargo, según los datos del último barómetro trimestral de ATA, durante los tres primeros meses de 2023 solo el 12,5% de los autónomos ha comunicado a la Seguridad Social su previsión de ingresos para adaptar su cuota a los ingresos reales, aun a pesar de que a uno de cada dos encuestados que sí lo han hecho la cuota mensual le ha descendido.

Tanto Fedea como el ministerio presidido por José Luis Escrivá esperan que la cotización media de los autónomos se equipare gradualmente a la del Régimen General en un plazo de diez años. No obstante, el centro de estudios reconoce que esto "podría ser difícil de conseguir dada la previsible resistencia de este colectivo a lo que supondría una fuerte subida de sus cotizaciones".

Deficiencias técnicas

Además, Fedea critica las "deficiencias de la documentación técnica que acompaña, o debería haber acompañado, a las normas mediante las que se ha implementado la reforma del sistema de pensiones". El centro de estudios lamenta que al haber tramitado buena parte de la reforma por la vía del Real Decreto-ley, las exigencias técnicas no han sido tan altas como las requeridas para otro tipo de normas. 

"Sería deseable que normas con implicaciones presupuestarias tan importantes como las que aquí se analizan fueran acompañadas de memorias de impacto bien hechas y fácilmente accesibles para el público", expresa De la Fuente en el informe. Para ello, el centro de estudios pide que la nueva agencia prevista en la ley de evaluación de políticas públicas filtre las memorias técnicas de las normas con mayor impacto presupuestario "para asegurarse de que cumplen unos estándares mínimos de claridad y competencia técnica".

Redactora '20minutos'

Graduada en Periodismo y Ciencia Política por la Universidad Rey Juan Carlos. En 20minutos desde 2022, primero en la sección de Última Hora y actualmente en Nacional. Escribo sobre todo de economía, aunque también he cubierto la actualidad política.

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