El Congreso de los Diputados no investigará finalmente el caso Azud, la trama de cobro de comisiones destapada en la Comunitat Valenciana y que incluye una derivada sobre posible financiación irregular del PSPV. Tal y como se preveía, la Junta de Portavoces ha rechazado este martes la iniciativa del PP con los votos del PSOE y de sus socios de investidura. Aunque en un principio la Mesa de la Cámara tramitó la solicitud, la mayoría parlamentaria que da apoyo al Gobierno ha acabado vetando la constitución de la comisión parlamentaria.

La portavoz de los populares en el Congreso, Cuca Gamarra, ha denunciado el veto de los aliados del PSOE a su propuesta y ha asegurado que siempre "se protegen", como, en su opinión, hizo el PSOE con el caso que acabó precipitando la dimisión de la exvicepresidenta del Consell Mónica Oltra. Según el PP, los socios han protegido a los socialistas para que se pueda seguir manteniendo el Gobierno porque eso "siempre está para ellos por encima de todo".

Desde el PP habían apostado por poner en el foco polémicas con proyección nacional como este caso, que salpica a Ximo Puig, uno de los principales barones territoriales socialistas al que la dirección que encabeza Alberto Núñez Feijóo pretende derrotar de la mano de Carlos Mazón. De hecho, la Comunitat Valenciana es la autonomía más poblada que el próximo 28 de mayo puede cambiar de color político.

A la hora de justificar su petición de una comisión de investigación, el PP argumentó que esta "no es una cuestión solo valenciana, sino que es una trama con ramificaciones en la política nacional porque afecta al diputado Vicent Sarrià que, según la agenda del ex tesorero Pepe Cataluña, comió con empresas de la trama que le pagaron presuntamente hasta dos millones de euros". Así, la intención del PP era que el propio presidente Puig diera explicaciones en el Congreso a las puertas de la convocatoria electoral del 28 de mayo.

Tal y como reveló un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la trama Azud pagó a varios proveedores más de 615.000 euros en gastos electorales del PSPV y una de las mordidas por la mediación de personas cercanas al partido en planes urbanísticos alcanzó el millón de euros. Según se recoge en el documento de 377 páginas, revelado el pasado mes de diciembre tras levantarse el secreto de sumario de una de las piezas del caso, varias empresas contratistas acabaron abonando facturas correspondientes a la campaña electoral municipal de 2007 en València, que encabezó la exministra Carmen Alborch, y a la de las generales de 2008, en las que la entonces vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, lideró la candidatura por esta provincia.

El informe policial también apunta que el abogado vinculado al PSPV José Luis Vera obtuvo presuntamente un millón de euros de comisión del empresario Jaime Febrer, del Grupo Axis, por mediar con la empresa pública Acuamed para sacar adelante un plan urbanístico en Xixona (Alicante) y el propio partido habría recibido otro millón de euros como contrapartida por este mismo concepto.

¿Qué es el caso Azud?

Esta macrocausa judicial ha destapado un entramado de corrupción que tuvo como epicentro inicial el Ayuntamiento de València en la época de Rita Barberá, en concreto entre 1999 y 2013, y que fue ampliando sus redes más allá de cargos del PP. El empresario Jaime Febrer, el supuesto cabecilla, sobornó también, presuntamente y según el sumario, a políticos del PSOE como el entonces portavoz municipal Rafael Rubio a cambio de su silencio, y al abogado José Luis Vera como forma de acceder a más administraciones. Otra figura clave fue el extesorero socialista José María Cataluña.