El pasado 28 de febrero se publicaba en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Ley 3/2023, de Empleo, que incorporaba importantes novedades en materia de trabajo, entre ellas la equiparación de la incapacidad a la discapacidad. De esta manera, aquellas personas que perciban una prestación pública por incapacidad permanente pasarán a tener reconocida una discapacidad de, al menos, el 33%. Como detallan los expertos de Campmany Abogados, en esta ley se habla del 'Libro Blanco de Empleo y Discapacidad', que fue desarrollado hace años, y que señala que "se establecerán las medidas legislativas, los programas y servicios de empleo necesarios en favor de las personas con discapacidad".

Asimismo, detallan, desde noviembre de 2018 a febrero de 2023, el reconocimiento del grado de discapacidad del 33% a las personas con incapacidad permanente por parte de la Seguridad Social "no equivalía al grado de discapacidad expedido por los servicios sociales". Por tanto, "no era válido a todos los efectos".

Qué es la incapacidad permanente

Cabe recordar que la incapacidad permanente es aquella condición que impide a un trabajador o trabajadora ejercer su puesto de trabajo por una enfermedad o lesión. Por ello, la prestación por incapacidad permanente trata de cubrir esta pérdida de ingresos y será un tribunal médico el que reconozca y conceda la condición de incapacidad permanente.

Tras la entrada en vigor de esta Ley de Empleo desde el 1 de marzo de este mismo año, se incorporan nuevos derechos para las personas que perciben esta pensión e incluye "algunos de los beneficios que se fijaron en 2023", indican desde el despacho de abogados. Para ello, se modifica "la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013".

Así decide el tribunal médico el grado de incapacidad permanente

Estos son los nuevos derechos

En primer lugar, con esta nueva normativa se incluye la denominación de "persona con discapacidad", en lugar de "discapacitadas o minusválidas". Por otro lado, el 33% de discapacidad reconocida por la incapacidad permanente pasa de ser "a todos los efectos" a "los efectos de esta ley". En este sentido, "tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado igual o superior al 33%".

Por otro lado, se recupera el derecho de acceso de los pensionistas por incapacidad permanente "al mercado laboral protegido". Por tanto, a partir de ahora "sí pueden trabajar en centros especiales de empleo para personas con discapacidad y ocupar las plazas que las empresas de 50 o más trabajadores deben guardar para ellos". 

Esta novedad es realmente representativa a nivel legal, puesto que "se trata de una ventaja muy relevante que había retirado el Tribunal Supremo en 2018 y que en su momento provocó una fuerte oleada de despidos", explican los expertos.