Cuatro comercializadoras de electricidad -Iberdrola, Naturgy, Endesa y Holaluz- estarán obligadas a ofrecer información adicional a la que dan el resto de compañías para asegurarse de que el consumidor que pide un cambio de proveedor de electricidad lo hace en su punto de suministro y no en otro y para que, en caso de que se produzca este error, ningún consumidor sufre un corte de suministro por que su punto de suministro figura a nombre de otro consumidor o esté pagando las facturas de dos compañías diferentes.

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) publicó este lunes una decisión jurídicamente vinculante que obliga a estas cuatro compañías a tomar medidas adicionales de control y de precaución para evitar los perjuicios que tiene para los consumidores un error conocido como "cruce de CUPS". Consiste en la asignación equivocada de los códigos de suministro (CUPS) que tiene cada punto de suministro eléctrico cuando un consumidor cambia de comercializadora. Esto provoca disfunciones como una doble facturación para quien quiere cambiar, sobre el CUPS original y el que se le designa por error, como posibles cortes súbitos de luz al titular del CUPS otorgado por error, una vez que el otro consumidor se da cuenta de que está pagando la luz a dos comercializadoras y se da de baja en la segunda.

Las cuatro compañías aludidas rechazan esta decisión al considerar que las medidas adicionales para evitar errores que se les imponen a ellas deberían ser generales, para todas las comercializadoras, porque en caso contrario suponen una "discriminación" y un "obstáculo" para que los consumidores acudan a ellas cuando quieran cambiar de suministrador de electricidad porque tendrán que hacer más trámites.

Contrataciones sin consentimiento

El llamado "cruce de CUPs" es la asignación errónea del código CUPS Código Unificado de Punto de Suministro) cuando un consumidor procede a cambiar de comercializadora de electricidad, de modo que en lugar de hacerse el cambio en su CUPs se le asigna por error el de otro consumidor, algo que tiene "efectos muy negativos" para ambos. Según la CNMC son "contrataciones sin consentimiento", "de forma ajena a su voluntad" que hacen que en el caso del primer consumidor "no se produce la contratación efectiva" con la comercializadora de su elección y, en el caso del segundo, porque "se le cambia de comercializador sin su consentimiento".

En concreto, a un consumidor que quiere cambiar a una compañía distinta de electricidad y se le asigna un CUPS distinto al suyo se le considera un consumo que no es el suyo -del hogar al que pertenece en realidad la CUPS-, lo que puede llevar a una doble facturación, una por cada CUPS, la antigua y la 'nueva'-. Si pide un alta nueva para un hogar distinto, no tendrá suministro.

El consumidor que ve 'usurpado' su CUPS puede dejar de ser suministrado por esa comercializadora si el anterior cancela el contrato para dejar de de pagar dos facturas, de modo que puede enfrentarse a un corte "súbito" de suministro que tendrá muy difícil de arreglar. Según explica la CNMC, eso llevará a que ninguna comercializadora le reconozca como cliente, que se le asigne la que opera en su zona sin posibilidad de elegir y que, aun cuando quiera recuperar la que tenía en origen, esta no quiera mantener sus condiciones de tarifa y pueda querer encarecer la luz con un contrato nuevo.

Practicas de captación de clientes mejorables

La CNCM atribuye estas anomalías y el "cruce de CUPS" mismo a "prácticas en la captación de los clientes que es posible mejorar", exacerbadas en los dos últimos años, desde que la crisis energética elevó cada vez más los precios de la luz y los consumidores cambiaron masivamente de compañía en busca de una tarifa más barata sobre todo desde la tarifa regulada (PVPC) al mercado libre. Si en 2018, 2019 y 2020 hubo una media de 3,3 millones de cambios de comercializadora de luz, en 2021 fueron 5 millones y en 2022, 6,5. Si en 2020 hubo 25% denuncias por "cruce de CUPs", en 2021 fueron 89 casos (un 360%) más y hasta junio de 2022, otros 68. 

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La resolución de la CNMC es el final de un procedimiento que empezó en noviembre de 2022 al hilo del aumento de reclamaciones y de consultas de los consumidores relativas al denominado "cruce de CUPs". No es un fenómeno nuevo pero entre 20211 y 2022 creció notablemente como también lo hizo el número de cambios de comercializadora por parte de los consumidores al calor de la crisis de precios de la energía para intentar conseguir una factura más barata, que se evidenció sobre todo en los cambios desde la tarifa regulada (PVPC) al mercado libre.  Si en 2018, 2019 y 2020 hubo una media de 3,3 millones de cambios de comercializadora de luz, en 2021 fueron 5 millones y en 2022, 6,5. Si en 2020 hubo 25% denuncias por "cruce de CUPs", en 2021 fueron 89 casos (un 360%) más y hasta junio de 2022, otros 68. 

La CNMC considera que en este mayor movimiento de contratos entre unas comercializadoras y otras hay "algunas prácticas en la captación de los clientes que es posible mejorar" y apunta directamente a Iberdrola, Naturgy, Endesa y Hola Luz porque son las cuatro compañías que cuentan con más reclamaciones y consultas relacionadas con el "cruce de CUPs". En consecuencia, limita a ellas la exigencia de que tomen medidas para asegurar que no se produce este error y que quien lo padece no tenga efectos tan graves como un súbito corte de electricidad.

En concreto, obliga a estas cuatro compañías a tomar medidas para evitar estos errores. Cuando un cliente pida un cambio a otra comercializadora, "tendrán que mostrar de forma clara y separada al cliente el trinomio titular-dirección del punto de suministro-CUPS durante la contratación" y solicitarán "confirmación" de que esos datos son los buenos si hay "discrepancias".

En caso de que aún así haya una "asignación errónea", deberán descartar un "cruce de CUPS" antes de cortar la luz a un consumidor el comercializador responsable del fallo "solicitará a la mayor brevedad posible reponer el punto de suministro del consumidor afectado".

Las compañías ven discriminación

A lo largo de un procedimiento que empezó en noviembre de 2022, las compañías eléctricas aludidas han tenido ocasión de presentar alegaciones y después de manifestarse sobre la decisión de la CNMC que rechazan porque consideran "discriminatoria" para ellas con respecto a otras empresas, al suponer una "barrera la liberta de elección" de la comercializadora porque los consumidores tienen que hacer más trámites que con otras compañías.

Iberdrola y Endesa alegaron en contra apuntando a que deberían ser la CNMC o el Ministerio de Transición Ecológica quienes establezcan ficheros de intercambio de información, como ocurre con el gas,  y pidieron que las medidas se apliquen a "todas las comercializadoras". No hacerlo, advirtió Iberdrola, "conllevaría a un requisito adicional de contratación que provocaría una mayor complejidad" para los consumidores y los "discrimina" con respecto a los que contraten con otra. "Podría afectar negativamente a la competencia" con "medidas más gravosas para la contratación" y un "trato discriminatorio", argumentó Endesa, que advirtió de que el cliente "no siempre está localizable telefónicamente" para hacer las comprobaciones ni sabe cuál es su CUPS, un código que aparece referenciado como tal en la factura.

Naturgy adujo que ya había hecho "modificaciones relevantes para dotar de mayor claridad" los cambios de contratación y que aun así "estas incidencias seguirán produciéndose" mientras que la compañía Hola Luz se defendió indicando que "ya efectúa controles durante la contratación".