La Ley de Vivienda vive su última fase de negociación en el Congreso entre el Gobierno y sus socios parlamentarios que buscan cerrar un acuerdo después de meses de negociación, cuyo "gran fleco" pendiente es la regulación de las nuevas viviendas que se introducen en el mercado del alquiler en zonas tensionadas.
Así lo han trasladado fuentes conocedoras de la negociación en una semana en la que la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, ha animado en público a que los grupos pudieran "resolver" las "dos o tres cuestiones" que están "pendientes" para dar luz verde definitivamente a una ley que ya acumula más de un año de trámite parlamentario.
Desde el Ejecutivo se asegura que se está "ya sí, muy cerca" de cerrar el acuerdo para lograr una norma que será la primera que regule a nivel nacional la política de Vivienda, toda vez que desde los partidos en el Congreso se han cruzado documentos llegando al "mínimo detalle" y "artículo por artículo", con la voluntad de llegar a un acuerdo "pronto".
Precisamente, la política de vivienda ha sido un caballo de batalla durante toda la legislatura entre PSOE y Unidas Podemos. Fijada en el acuerdo de coalición, las dos partes no se han puesto de acuerdo en cómo afrontar el control de los precios de los alquileres, entre otros aspectos, y, por ello, tardó en fraguarse un pacto en el seno del Consejo de Ministros para aprobar el proyecto de ley, que ocurrió en febrero de 2022.
Pese a ese acuerdo en el seno del Ejecutivo, cuando el texto llegó al Congreso, desde Unidas Podemos presentaron enmiendas y se sumaron a otras solicitudes de los socios parlamentarios.
Tras meses de negociaciones, incluso parones, la ley avanza ahora hacia su aprobación definitiva con reuniones y contactos discretos entre PSOE, Unidas Podemos, ERC y Bildu, principalmente. Tras acordar la definición del concepto de gran tenedor, de especial importancia porque serán éstos los que se tengan que acoger a la limitación de precios, los partidos buscan ahora cómo afrontar la regulación de los nuevos contratos en el mercado del alquiler de pequeños propietarios en zonas tensionadas.
De hecho, esta cuestión ya fue relevante en la extensión a finales de año del tope del 2% a la subida de los alquileres vigentes.
Para su regulación, estas fuentes conocedoras apuntan que todavía falta por aclarar la postura del Ministerio de Asuntos Económicos que lleva, desde hace meses, y junto al recién nombrado secretario de Estado del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, David Lucas, el peso de la negociación por parte del Ejecutivo.
No obstante, la regulación de los contratos de alquiler vigentes relativos a pequeños propietarios en zonas tensionadas está prácticamente cerrada.
Por un lado, el tope, aprobado en diciembre como parte de las medidas para paliar los efectos de la guerra, está actualmente vigente hasta el mes de junio y la intención del Gobierno sería extenderla hasta finales de 2024, pero elevando del 2% al 3% el repunte máximo que un casero puede repercutir al inquilino. Así, las viviendas de pequeños tenedores alquiladas en área tensionada, si tuvieran nuevo contrato, se referenciarían al precio del contrato anterior.
Mientras, lo único que quedaría pendiente de referenciarse son las nuevas viviendas para alquilar que no lo hayan estado en los últimos cinco años y en área tensionada. En el ala socialista siempre han defendido que, además de límites de precios, a los pequeños propietarios les deben ofrecer incentivos fiscales.
En esta línea, Calviño afirmaba esta semana que en la ley hay que incorporar elementos que "no solo nos permitan reaccionar ante situaciones extraordinarias", sino que "proporcionen un marco estable que fomente la puesta a disposición y el aumento del parque de vivienda".
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