Tras varios meses de negociación, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha logrado un acuerdo para culminar la reforma del sistema público de pensiones que contenta a dos de las tres partes implicadas: la Comisión Europea y el socio morado de la coalición, Unidas Podemos. Una propuesta que carga sobre las cotizaciones sociales que pagan trabajadores y empresarios -especialmente aquellos con salarios más altos- el coste de la jubilación de la generación del baby boom que alcanzará su punto álgido en 2050.

Según trasladan fuentes gubernamentales, la nueva propuesta permitirá que los pensionistas puedan elegir entre dos fórmulas para calcular el periodo de cómputo de su pensión (los años cotizados que definen la pensión inicial que se va a cobrar cuando llegue la jubilación). Se podrá elegir entre estimarla con los últimos 25 años cotizados -como está recogido actualmente- o ampliar ese periodo a 29 con la posibilidad, eso sí, de excluir los dos peores años, lo que en la práctica extendería el periodo de cómputo a 27 años. Esta medida entrará en vigor el año que viene y estará en funcionamiento hasta 2040. Ese año se introducirá un periodo transitorio que se extenderá hasta 2044 tras el cual quedará solo el periodo de cómputo de 29 años.

La Seguridad Social aplicaría de oficio la opción que sea más beneficiosa para el pensionista, pero en todo caso este siempre podrá elegir. Con esta nueva opción de ampliar a 29 años el periodo se lograría cumplir con la exigencia de Bruselas de ampliar el cómputo y a la vez contentar a Unidas Podemos y sindicatos que rechazaban cualquier ampliación de este plazo que pudiera perjudicar a los futuros pensionistas.

Otra de las grandes novedades que incluye la propuesta es una ampliación del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), la fórmula con la que Escrivá pretende garantizar que el sistema es sostenible a futuro. El MEI se traduce básicamente en una subida en las cotizaciones sociales que pagan los trabajadores y empresarios en sus salarios. Esta alza, que comenzó ya en 2023 con una subida de 0,6 puntos (una décima la asume el trabajador y las otras cinco la empresa) se ampliará progresivamente hasta alcanzar los 1,2 puntos en 2029 y se mantendrá en ese nivel hasta 2050, cuando está previsto que se produzca el momento de mayor tensión por las jubilaciones de los baby boomers.

Para reforzar aún más los ingresos, el acuerdo plantea una ampliación de las bases de cotización -la cuantía máxima de un salario sometida a cotización- progresiva a partir de 2024 que estaría en vigor hasta 2050. Este destope en las bases vendría aparejado de una subida también en la pensión máxima, que en todo caso sería menor a la ampliación de la base máxima. Las partes todavía siguen negociando en qué medida será más bajo este incremento en la pensión máxima. 

Cuál es la propuesta de Escrivá sobre el cálculo de las pensiones a partir de 2027

Además de la ampliación de las bases máximas, el acuerdo introduce una "cuota de solidaridad", un recargo adicional en las cotizaciones para los sueldos que sigan superando la base máxima de cotización. Esta cuota se comenzará a aplicar en 2025 con un 1% e irá incrementándose a razón de 0,25 puntos cada año hasta alcanzar el 6% en 2045. El recargo no vendrá aparejado de una subida en la pensión máxima de ahí que el Ejecutivo lo considere "solidario", tiene vocación de permanencia y correrá a cargo de las empresas. 

En concreto, junto a estas tres medidas el Ejecutivo espera lograr un aumento de los ingresos del sistema de casi tres puntos del PIB cuando la reforma esté en pleno funcionamiento en 2050. Con las cifras estimadas para 2023 esta cuantía rondaría los 15.000 millones. Las fuentes señaladas anteriormente sostienen que ese incremento de tres puntos de PIB sería suficiente para compensar el aumento del gasto en pensiones, que se prevé que pase de alrededor del 12% actual a más del 15% del PIB en 2050. 

En el lado del gasto, el plan acordado por los socios propone un refuerzo de las pensiones mínimas con una fórmula similar a la que se ha aplicado para aumentar el salario mínimo. El planteamiento es vincular las pensiones mínimas, contributivas o no, a la renta de los hogares en 2027. Por ejemplo, para un pensionista mayor de 65 años y con un cónyuge a cargo la pensión mínima deberá alcanzar el 60% de la renta mediana de un hogar compuesto por dos adultos. Para un pensionista que vive solo y cobra una prestación no contributiva ese umbral sería del 75% de la renta mediana de un hogar unipersonal.

También se refuerza la cobertura de lagunas de cotización y se amplía el complemento por brecha de género. Hasta ahora, las lagunas -periodos en los que no se ha cotizado- se cubrían con el 100% de la base mínima de cotización a la hora de calcular la pensión, pero pasados los 48 meses esta tasa iba reduciéndose hasta el 50%. Con la reforma se incrementará la base mínima que se aplica a estos periodos.