El ambiente está caldeado en el Gobierno, y en las calles de todo el país, que volverán a ser un escenario de reivindicación para el movimiento feminista en este 8-M, pero lo harán marcadas por la tensión que han ido generando algunas de las últimas decisiones del Gobierno. La posible reforma de la ley del 'solo sí es sí' -que ha propiciado más de 700 rebajas de condenas a agresores sexuales-, la ley de paridad total anunciada por Sánchez este sábado, y que se aprobará este martes en Consejo de Ministros, la ley trans, la prostitución y la salida a la luz del 'caso Mediador' cercan a un Ejecutivo que afronta el que, con toda seguridad, será el Día Internacional de la Mujer más complicado de la legislatura.
Todo ello enmarcado en un contexto de clara división dentro del movimiento feminista, que, por segundo año consecutivo, marchará en dos rutas distintas por las diferencias en torno a la ley trans y el abolicionismo. Será, además, el primer 8-M desde 2020 que no esté marcado por la pandemia, ni por la guerra en Ucrania. Este año, sin embargo, pasarán a primer plano otros episodios que han puesto en guardia al feminismo en el seno del Gobierno, pero también en la propia sociedad.
Y es que la situación actual del Ejecutivo se ha tensionado debido a diferentes frentes abiertos, a los que este fin de semana se ha sumado el anuncio de Pedro Sánchez de la aprobación de una ley para garantizar la paridad de género tanto en ámbito público como privado, iniciativa que no ha terminado de convencer a la oposición pero tampoco a sus socios de gobierno. Un anuncio, otra ley, que solo sirve para alejar aún más y tensionar el discurso, cada vez más de confrontación, entre Unidas Podemos y PSOE.
Desde el PSOE eluden pronunciarse sobre la brecha dentro del movimiento feminista, pero aseguran que este es "un 8-M muy importante". Redirigen su mensaje en una alerta sobre el ataque que consideran que están sufriendo los derechos de las mujeres "por el pacto del PP y la ultraderecha, como estamos viendo ya en Castilla y León". "Es el ensayo, porque intentarán hacerlo a nivel nacional y en los ayuntamientos y comunidades autónomas si no se lo impedimos con el voto", inciden fuentes socialistas.
"Tengan debates o discrepancias, lo importante es que miles de mujeres salgan a las calles a defender los avances y también todo lo que queda por hacer. Hay consensos y hay disensos como los ha habido siempre en el movimiento feminista", defienden a 20minutos fuentes del Ministerio de Igualdad.
La ley de paridad recibe críticas de Podemos y oposición
Otro asunto que ocupará espacio este martes será la aprobación del anteproyecto de ley de representación paritaria en órganos de decisión, donde se incluye al propio Consejo de Ministros, y la dirección de las grandes empresas, que deberán estar formados por al menos un 40% de mujeres.
También se obligará a los partidos políticos a presentar listas electorales que sean 'listas cremalleras', es decir, que tengan una alternancia total de hombres y mujeres. El objetivo de esta ley, anunciada este sábado por Pedro Sánchez, es garantizar la paridad de género con independencia de la ideología política de quien gobierne.
La norma, no obstante, no ha recibido el apoyo esperado y tanto la oposición como los socios de gobierno han lanzado críticas hacia la misma. Desde Podemos consideran la medida insuficiente porque, según Irene Montero, "la paridad es tener feministas en las instituciones, no mujeres como tal", ya que podrían estar en contra del avance en materias de igualdad.
Para el PP, en cambio, se trata de un anuncio propagandístico que "no puede tapar años de equivocaciones en feminismo". En este sentido, los 'populares' instan al presidente del Gobierno a que aplique su propuesta, que a su juicio se sacó de la "chistera", y quite "malos ministros y malas ministras".
El 'sí es sí': nuevo motor de divergencias
Disensos como el que predomina en la ley del 'solo sí es sí'. Hace solo unos días, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dio a conocer las cifras oficiales sobre las rebajas de penas a agresores sexuales que se han aplicado desde la entrada en vigor de la norma, que ascendían el miércoles a 721, con un total de 74 excarcelaciones. Estos "efectos indeseados" han supuesto un puñetazo en el estómago para el Ejecutivo, que apostó por dar por enterradas las polémicas al aprobarse una ley cuya tramitación ya costó sudor y lágrimas.
Las revisiones de penas eclipsaron el amplio paquete de medidas de protección a las víctimas activadas con su aprobación, y la norma ha quedado reducida ahora a su Código Penal... o más bien a su reforma. La propuesta que presentó de forma unilateral el PSOE se debatirá, de hecho, en la víspera del Día Internacional de la Mujer, este martes 7 de marzo, en un Pleno que se presenta, cuando menos, tenso. Los morados no apoyarán en ningún caso una modificación que conlleva recuperar la violencia y la intimidación como subtipos agravados, por lo que los socialistas exprimen las negociaciones para sacar adelante su reforma con el apoyo de otros grupos y no depender únicamente del PP, que asegura que votará a favor.
Desde Unidas Podemos, por su lado, siguen defendiendo una "respuesta unitaria" como Gobierno. Fuentes de Igualdad abundan en que "la ministra [Irene Montero] no ha dejado de pedir un acuerdo, y así lo hará hasta el último segundo". El consenso existe, según las citadas fuentes, en que "el consentimiento ha venido para quedarse", pero en ningún caso aceptarán volver al "anterior Código Penal donde eran las víctimas las que tenían que demostrar si se resistieron o se defendieron con sus heridas en el cuerpo".
Sea como fuere, el 'sí es sí' será también otro motor de divergencias en las calles. Si en 2018 la sentencia de La Manada, de la que nació esta ley, unió al feminismo en movilizaciones multitudinarias, este año la reforma se sumará a los puntos que dividen al movimiento en dos bloques visibles. Por un lado marcharán quienes piden la dimisión de Irene Montero y Pedro Sánchez por las revisiones de condenas y por la reciente aprobación de la ley trans; y, por otro, hacia Plaza España, quienes rechazan la propuesta del PSOE y apoyan la norma para las personas trans y el colectivo LGTBI.
La ley trans volverá a ser protagonista
La ley trans entró en vigor el pasado jueves, y promete ser otra de las grandes protagonistas en las pancartas de las movilizaciones. Las bautizadas ya como "feministas clásicas", contrarias a la ley impulsada por Igualdad, ya avanzan que protestar contra el "borrado de las mujeres" será una de sus líneas generales.
La ley fue ha levantado más de una ampolla entre los socios del Gobierno desde el principio. Las discrepancias sobre cómo regular la autodeterminación de género -el reconocimiento por parte de las administraciones del género libremente designado por la persona en cuestión- llegó a costarle la Vicepresidencia a la socialista Carmen Calvo, que fue apartada de su cargo tras perder la batalla frente a Irene Montero. Su postura se ha mantenido siempre firme, liderando la indignación de las "feministas clásicas".
Incluso después, ya en el Congreso, hubo una pugna entre morados y socialistas por la intención de estos últimos de incluir una enmienda que limitara la autodeterminación de género de los menores de edad. El PSOE se quedó solo, y la modificación -justificada por la necesidad de dotar al texto de mayor "seguridad jurídica"-, cayó en saco roto.
Del PSOE no se sabe todavía a ciencia cierta a cuál de las manifestaciones acudirá, pero en Unidas Podemos lo tienen claro. "Vamos a estar en aquel lugar en que se reivindique que las mujeres trans también son mujeres y que son necesarias las políticas para las luchas contra las violencias sexuales", avanzó este viernes la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez.
La sombra del 'caso Mediador'
Hay malestar también en el Gobierno después de que esta semana salieran a la luz los detalles sobre el 'caso Mediador', una presunta trama corrupta destinada a captar a empresarios bajo la promesa de "obtener privilegios" en materia de contratación pública y en el marco de la cual Fuentes Curbelo, diputado socialista, habría celebrado fiestas con drogas y prostitutas.
El tema es especialmente espinoso, sobre todo teniendo en cuenta que el Partido Socialista ha abanderado la lucha contra la prostitución desde el primer día de la legislatura. Son momentos complicados para Ferraz, que trata de apagar el fuego o, por lo menos, evitar que se expanda. El asunto le ha valido, además, la crítica de sus socios de la coalición, que piden explicaciones y exigen que se depuren responsabilidades, aunque no se han unido a la petición de comisión de investigación de los de Feijóo por "no hacerle el juego".
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