La Agencia Tributaria perseguirá el fraude fiscal de los llamados 'nómadas digitales' -ciudadanos que, oficialmente residen en el extranjero pero que teletrabajan en España- y redoblará esfuerzos en las visitas a empresas de construcción, rehabilitación y reformas para detectar economía sumergida. Estas son dos de las líneas maestras que recoge en Plan de Control Tributario para 2023 que el ministerio de Hacienda ha presentado este lunes.
Respecto a los 'nómadas digitales', la conducta en la que se pondrá el foco es el fraude en el impuesto sobre la renta. Hacienda ha detectado que hay trabajadores extranjeros que oficiosamente establecen su residencia habitual en España (pasan más de 183 días en el país), pero oficialmente residen en otra jurisdicción. De esta forma, se benefician fraudulentamente de los tipos más bajos que ofrece el Impuesto a la Renta de no Residentes (IRNR) y, además, evitan tributar por toda su renta mundial. En este caso, se trata de profesionales de poder adquisitivo elevado que incluso pueden desplazarse con toda la familia, señala a 20minutos José María Mollinedo, secretario general del sindicato de técnicos de hacienda (Gestha).
El IRNR aportó a las arcas estatales 2.672 millones de euros de recaudación entre enero y noviembre de 2022. Una cifra que supone el registro más alto de toda la serie histórica y un 65,1% superior a la registrada en el mismo periodo de 2021. En todo caso, la aportación del IRNR palidece en comparación con el IRPF, que supuso 102.590 millones hasta noviembre de 2022, un 16% más que en 2021.
Respecto a la economía sumergida, las directrices de Hacienda harán especial hincapié en las empresas de construcción, reformas y rehabilitación. La Agencia Tributaria intensificará sus tradicionales visitas para obtener información o detectar "comportamientos irregulares en materia de facturación". En este sector Mollinedo recuerda que se trata en general de pequeños contribuyentes, muchos de ellos autónomos que tributan en el sistema de módulos, lo que dificulta perseguir el fraude. También señala que cualquier operación que supere los 1.000 euros debe pagarse con instrumentos que dejen rastro.
Impuestos a banca, energética y grandes fortunas
Las directrices también subrayan que la Agencia Tributaria será el órgano encargado de poner en marcha este año los dos nuevos gravámenes temporales energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito, así como el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas.
La Agencia asumirá, por lo tanto, las competencias de exacción, gestión, comprobación y recaudación respecto de esos dos gravámenes temporales, a pesar de tratarse de una prestación patrimonial de carácter público no tributario, y ejercerá las competencias que le son propias respecto del impuesto temporal de grandes fortunas.
El plan también apunta a que se definirá una carta completa de los servicios que presta la Agencia Tributaria y los canales de asistencia disponibles para cada uno de ellos. La carta de servicios vendrá acompañada de una nueva aplicación de cita previa en sede electrónica que utilizará un lenguaje más comprensible. También se trabajará en la potenciación y mejora de la atención presencial a las personas mayores o personas que puedan verse afectadas por la brecha digital.
Prevención del fraude
Dentro del ámbito de la prevención del fraude, destaca la intención de seguir reduciendo el número de no declarantes del IRPF mediante campañas de avisos durante el periodo de declaración, o la realización de un control temprano a la entrada de nuevos contribuyentes en el censo tributario y, en particular, cuando se trate de entidades controladas de manera efectiva por contribuyentes con conductas tributarias reprochables en el pasado, sobre los que se pretende realizar un seguimiento para prevenir posibles incumplimientos tributarios futuros.
Otra de las novedades proyectadas para 2023 es la revisión de procedimientos sancionadores, especialmente en aquellos casos de presentación de autoliquidaciones sin ingresos fuera de plazo, que no ocasionan perjuicio económico a la Administración tributaria.
Al mismo tiempo, se mantienen prioridades permanentes en el ámbito de la recaudación, como la toma de medidas cautelares para evitar vaciamientos patrimoniales, la adopción de derivaciones de responsabilidad para afianzar el cobro efectivo de las deudas, o la vigilancia de los deudores condenados por delito, y también se potenciará, especialmente en el ámbito de los grandes deudores, la utilización de herramientas avanzadas de tratamiento y análisis de datos para detectar de forma ágil y eficiente patrones de fraude recaudatorio complejo sobre los que enfocar y dirigir las actuaciones.
Investigación de criptomonedas
Se reforzarán también las actuaciones en relación con titulares de actividades económicas que hacen uso de los denominados 'pagos virtuales', y específicamente con el empleo de métodos electrónicos de pago radicados en el extranjero a través de entidades que no participan de las obligaciones nacionales de suministro de información financiera.
En esta línea, se tratará de obtener información, en el marco de la normativa de la UE, sobre pagos digitales realizados a través de entidades o aplicaciones cuya sede social y servidores estén radicados en el extranjero.
Las directrices también hacen una especial referencia a la investigación del uso de las monedas virtuales y este año se subraya la intención del Área de Recaudación de potenciar las actuaciones de localización de criptoactivos susceptibles de embargo.
A su vez, el Servicio de Vigilancia Aduanera desarrollará un plan de investigación asociado al empleo de criptomonedas en el ámbito de la economía digital con la finalidad de detectar elementos patrimoniales cuyo origen pueda estar vinculado a actividades criminales.
Economía sumergida
Se incrementarán también las actuaciones inspectoras sobre la incorrecta fijación de los precios de las operaciones vinculadas en las multinacionales, con el impulso previsto de las inspecciones conjuntas con otras administraciones tributarias a nivel internacional.
Asimismo, se mantendrá el foco en la identificación de estructuras y pautas de comportamiento que se beneficien indebidamente de la baja fiscalidad de determinados territorios, regímenes fiscales o estructuras, y que sean o puedan ser replicadas o estandarizadas para su uso por parte de una pluralidad de contribuyentes.
De su lado, la Agencia Tributaria reforzará a lo largo de 2023 el control sobre sectores y modelos de negocio en los que se aprecie alto riesgo de existencia de economía sumergida. Así, se impulsarán las tradicionales visitas o 'peinados' fiscales en relación con múltiples sectores, aunque con un enfoque especial a las actividades relacionadas con la construcción, rehabilitación y reformas de inmuebles.
En el marco de la nueva normativa sobre prohibición del software de ocultación de ventas, también se desplegarán planes específicos enfocados a la identificación de las herramientas de software de gestión y contabilidad utilizadas por comercios y empresas, así como a verificar la consistencia de los programas informáticos con la normativa de aplicación.
Créditos fiscales
La Agencia incidirá en la comprobación de bases imponibles negativas, créditos fiscales en base o cuota pendientes de compensar o de aplicar. Destaca el análisis de estructuras como las Agrupaciones de Interés Económico en aquellos supuestos en que hayan servido como vehículos para trasladar y comercializar beneficios fiscales a terceros inversores.
Este análisis y comprobación se extenderá a los partícipes o socios de las entidades interpuestas y especialmente se atenderá a la venta en serie de estas estructuras de aprovechamiento de beneficios fiscales, cuando se aparten de la ley, sean claramente abusivas o se basen en presupuestos de hecho simulados o artificialmente inflados.
En todo caso, la Agencia velará por que la aplicación de las deducciones previstas en el Impuesto sobre Sociedades estén ligadas al desarrollo de actividades reales dirigidas a los fines previstos en la norma, así como por que los importes que se hayan aplicado como bases de la deducción se correspondan con los gastos efectivamente incurridos en su ejecución, evitando el abuso en el posible traslado de beneficios fiscales a los financiadores de las actividades que la normativa pretende fomentar.
El plan también señala que se introducirá nueva tecnología para monitorizar embarcaciones dedicadas al tráfico marítimo ilícito y detectar contrabando en la paquetería postal.
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