El Pleno celebrado este martes por el Tribunal Constitucional ha inadmitido hasta 19 recusaciones presentadas por PP, Vox y Ciudadanos, en su mayoría contra Juan Carlos Campo y Laura Díez, pero también contra el presidente, Cándido Conde-Pumpido, y la magistrada María Luisa Segoviano. La corte de garantías ha admitido, sin embargo, la admisión a trámite de la abstención del exministro de Justicia en hasta 14 cuestiones con las que entraba en conflicto por su más reciente pasado político en el Gobierno de Pedro Sánchez. De todas formas, el Pleno ha supuesto un importante paso para desatascar el plan de choque planteado por Conde-Pumpido para abordar los asuntos más antiguos y peliagudos que se hayan pendientes de deliberación. 

Los magistrados nombrados a final de 2022 por el Gobierno -Díez y Campo- eran el objetivo del grueso de las recusaciones de la oposición, en tanto que su pasado en cargos políticos podía llevarles a ser imparciales, según alegaban los recurrentes. El PP, acompañado en ocasiones de Ciudadanos, quiso apartarles de debates como el de la ley Celáa, la ley de la eutanasia, la modificación del Estatuto de los Trabajadores, el impuesto al Patrimonio recogido en los Presupuestos de 2021 o la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial. Pero las recusaciones, según ha informado el Tribunal Constitucional, se presentaron fuera de plazo. 

El Constitucional se blinda ante la oleada de recusaciones a sus magistrados y allana el terreno a la ley de la eutanasia

Los magistrados tomaron posesión el 9 de enero de 2023, momento en el que se estableció un periodo de 10 días para promover su recusación de los asuntos que el tribunal se disponía a estudiar. Si bien ese plazo llegó a su fin el 23 de enero, los escritos se presentaron el día 31. Las recusaciones contra Campo se justificaban en su condición de exdiputado y exministro de Justicia. Respecto a la magistrada Díez, los populares quisieron apartarla por haber sido directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica en el Ministerio de la Presidencia entre 2020 y 2022. 

El magistrado Juan Carlos Campo también recibió la recusación del PP sobre la decisión de la Mesa de Justicia del Congreso de admitir a trámite las enmiendas para reformar las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. El motivo esgrimido por el PP es que Campo mantiene una relación sentimental con la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, y por tanto su imparcialidad queda en entredicho a juicio de los populares. Sin embargo, el Pleno ha respondido que, al no ser una resolución dictada por Batet, que ni siquiera intervino en la misma, se trata de una "remisión genérica" que no es suficiente motivo como para apartar al magistrado. 

No se puede paralizar el Constitucional

El Pleno de este martes también ha inadmitido las recusaciones formuladas por más de 50 diputados de Vox contra Conde-Pumpido, Díez, Campo y Segoviano. La formación de ultraderecha quiso apartar a estos cuatro magistrados progresistas del debate sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado contra la reforma legal que derogó la sedición y modificó la malversación. 

Tras estudiar "su reiterada doctrina jurisprudencial", el Constitucional ha estimado que no pueden aceptar las recusaciones de Vox porque eso amenazaría directamente el cuórum del Pleno y supondría "una paralización inaceptable de las funciones del tribunal". Queda despejada, por tanto, la cuestión que más preocupación pudo causar al recién estrenado Constitucional: la posibilidad de quedarse sin cuórum por las recusaciones. Tampoco peligrará la mayoría progresista de siete magistrados frente a cuatro ya que, a pesar de que Campo se abstendrá de varios asuntos, los conservadores seguirán en minoría. 

Campo se aparta de 14 debates

El magistrado se agarró al artículo 219.3 de la ley orgánica del poder judicial para alegar que al "haber ocupado cargo público [...] con el ejercicio del cual haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto de pleito", era su deber abstenerse. Una circunstancia que el Tribunal ha decidido estimar para 14 cuestiones. Su condición de exdiputado le impedirá votar sobre el decreto sobre la designación del Consejo de Administración de RTVE y de su presidente además de otros dos decretos. 

Por su pasado como ministro de Justicia en el Gobierno de Sánchez, Campo no podrá debatir sobre la ley Celáa, los Presupuestos Generales de 2021, la ley 'rider', la de protección integral de la infancia, el ingreso mínimo vital y otras seis cuestiones.