Los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) acudieron el pasado jueves a las 17.00 horas al Ministerio de Justicia para reunirse con el secretario de Estado, Tontxu Rodríguez, y otros seis altos cargos del Gobierno con los que trataron de llegar a un acuerdo que pusiera fin a la huelga que el gremio comenzó el pasado 24 de enero. A pesar de las graves consecuencias de la huelga (más de 150.000 vistas suspendidas y casi 600 millones de euros paralizados), las 15 horas que duró la reunión no bastaron para llegar a un pacto, y los interlocutores salieron del ministerio aún más enfrentados. 

Los negociadores del Gobierno reprocharon a la salida del encuentro que los letrados habían elevado sus exigencias, mostrándose contrarios a "la buena fe negociadora". Las asociaciones del comité de huelga, por otro lado, denunciaron no haber recibido "ninguna oferta concreta". "Desde las 12 de la noche no se ha entablado diálogo alguno", manifestó el comité a las 9.00 horas del viernes, a las puertas del ministerio. 

¿Cuál es el origen de la protesta? 

El conflicto de los letrados de la Administración de Justicia tiene su raíz en dos reformas legales sucedidas en 2009 y 2015 que otorgaron a estos profesionales una mayor carga de trabajo no acompañada de una adecuación salarial, según denuncian. En aquel entonces, según relató uno de los representantes del comité de huelga a 20minutos al comienzo de los paros, los letrados asumieron aquel desequilibrio. 

"En aquel momento de crisis no contemplamos la posibilidad de una mayor valoración económica", apuntó el presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), asociación convocante junto a la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ).

Los letrados judiciales y el Ministerio de Justicia se reúnen enfrentados tras tres semanas de huelga y 130.000 vistas paralizadas

Pero en 2022, los letrados comenzaron a exigir subidas salariales y un Estatuto acorde con los cientos de funciones que habían asumido en los últimos años. Convocaron dos paros en enero y marzo y plantearon uno más en abril, pero finalmente no se realizó porque el Ministerio de Justicia respondió a las demandas y se comprometió a asumir una serie de compromisos. 

La cartera de Pilar Llop aseguró, al cabo de unos meses, que se había cumplido el grueso de los acuerdos. Una afirmación con la que los letrados se mostraron en claro desacuerdo, denunciando especialmente la falta de adecuación salarial. Desde septiembre del año pasado se cortó el contacto entre las partes, y tras dos breves paros convocados a finales de 2022, los letrados decidieron comenzar este enero una huelga indefinida.

¿Qué exigen al Ministerio de Justicia?

Mientras el secretario de Estado de Justicia, sentado en la mesa de negociación, pedía poner fin a la huelga, el comité se centraba en exigir un aumento retributivo. Concretamente, las asociaciones plantearon una cláusula de reenganche para cobrar un 85% de lo que cobra un juez o un fiscal (frente al 60-70% que cobran actualmente). La subida debía decretarse "antes del 15 de abril" y hacerse efectiva con efectos retroactivos desde enero de 2023, solicitaron los letrados.  

Una postura que demuestra, a ojos del ministerio, su falta "insólita" de "fe negociadora". "Cuando uno se sienta en una mesa de negociación debe partir de las demandas inicialmente planteadas y estar dispuesto a hacer alguna concesión; la única propuesta hecha esta noche por los letrados de la Administración de Justicia demuestra una clara falta de voluntad de alcanzar cualquier tipo de acuerdo", expresó Tontxu Rodríguez a la salida del encuentro. 

¿Cuánto cobran y qué función cumplen los letrados?

Los 4.300 letrados judiciales del Estado español forman parte del grupo A1 de funcionarios de la Justicia y son un engranaje clave para el correcto funcionamiento de los tribunales del país. Su papel en los juzgados ha ganado peso durante la última década, de forma que a día de hoy son responsables de dirigir la oficina judicial, dictar resoluciones y gestionar los pagos en la Administración de Justicia, desde las pensiones alimenticias hasta los embargos o las indemnizaciones, manejando hasta 4.500 millones de euros al año. Además, se encargan de dar fe pública de las actuaciones judiciales, por lo que ningún juicio puede celebrarse sin su presencia. 

Su sueldo base, según viene recogido en los Presupuestos Generales del Estado de 2023, oscila entre los 18.437,52 y los 20.878,44 euros brutos. Sin embargo, se debe añadir toda una serie de complementos salariales para alcanzar el salario real de estos profesionales, que se situará este año entre los 39.011,80 euros y los 59.537,42 euros, según el Ministerio de Llop. 

El sueldo base viene acompañado de una retribución básica adicional en función de la antigüedad del trabajador. Además hay complementos por destino y otros específicos en función de la responsabilidad, complejidad o penosidad del trabajo y de la formación del profesional que lo ejerce. 

¿Cómo está afectando la huelga a la Justicia española?

Según las últimas cifras aportadas por el comité de huelga, desde que esta comenzó se han dejado de celebrar más de 150.000 juicios y vistas, 120.000 demandas no se han repartido y casi 600 millones de euros han quedado pendientes de entrega. Y es que la huelga está teniendo un importante seguimiento: la secunda hasta el 85% de los letrados, según los convocantes, y hasta el 33,92%, según el Ministerio de Justicia.

Una situación crítica para el conjunto de profesionales y usuarios de la Justicia. De hecho, muchos ciudadanos y abogados han mostrado su enfado tras acudir a un juicio y que se les avisara, minutos antes, de que este no se iba a poder celebrar. Esta situación es especialmente grave para los abogados, que no pueden cobrar el importe correspondiente a los juicios cancelados.

De todas formas, los servicios mínimos, que se mantienen en torno al 30%, se están encargando de abarcar los asuntos más urgentes y prioritarios: causas con preso, medidas cautelares, causas urgentes sobre menores, internamientos psiquiátricos, medidas de protección a personas vulnerables o temas de violencia de género.