Las indeseables consecuencias de la ley del ‘solo sí es sí’ que están fracturando al Gobierno de coalición nacen de un malentendido. El origen es la sentencia que dictó la Audiencia Provincial de Navarra en abril de 2018 contra La Manada, que condenó a los acusados a 9 años de cárcel por un delito de abuso sexual agravado por prevalimiento. El veredicto levantó un movimiento de protestas a favor de reformar el Código Penal y en las que incluso se llegó a pedir la "inhabilitación de los jueces". El grito "no es abuso, es violación", que en aquellos días se escuchó de forma ensordecedora, se basó en un equívoco porque los jueces sí creyeron a la víctima, sentenciaron que las relaciones no fueron consentidas y que hubo varias violaciones. Sin embargo, no consideraron que fuera agresión porque la víctima negó que los acusados utilizasen la violencia para introducirla en el portal, la tirasen al suelo o la amenazasen. Discutible, sin duda, pero que dictaran condena por abuso y no por agresión no negaba ni la falta de consentimiento ni las violaciones. Pero en la calle se entendió de otra forma y se alimentó un movimiento de populismo punitivo que está en el origen del problema actual. Al año siguiente, el Tribunal Supremo revisó la sentencia y, con mejor criterio, la cambió por agresión, elevando el castigo a 15 años de cárcel.
Lo más lamentable es que Montero se empecine en afirmar lo contrario, insistiendo en que la culpa es de los jueces
¿Por qué entonces había que reformar el Código Penal de la forma que se ha hecho, tipificándolo todo como agresión sexual, con la correspondiente integración de las penas en un solo paquete? Podemos y la ministra Irene Montero afirman que ha sido sobre todo para introducir el principio del consentimiento, lo cual no es cierto porque el consentimiento está claramente regulado desde 1995. Llama la atención que fue en esa fecha cuando también se eliminó el delito de violación por deseo de una mayoría progresista que consideró que era un término estigmatizante para la víctima. En su lugar se introdujeron los delitos de abuso y agresión para aumentar el abanico de atentados contra la libertad sexual.
Pese a todo, la nueva ley incorpora mejoras, imposibles de enumerar ahora, pero también es evidente que se ha legislado mal por las prisas, lo que ha permitido la excarcelación anticipada de agresores. Y lo más lamentable es que la ministra Montero se empecine en afirmar lo contrario, insistiendo en que la culpa es de los jueces. El problema es que desde la sentencia de La Manada, en lugar de educar a la ciudadanía en materia jurídica, algunos políticos y medios han preferido hacernos creer que teníamos un Código Penal carpetovetónico en materia sexual que había que cambiar de arriba abajo. El malentendido que entonces se propició se está pagando con creces.
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