El Gobierno endurece los criterios de calidad del aire, amplía la lista de contaminantes y obliga a los alcaldes a actuar preventivamente

Imagen de la boina de contaminación en Madrid, a 10 de febrero de 2022, en Madrid (España)Jesús Hellín / Europa Press (Foto de ARCHIVO) 11/2/2022
Imagen de archivo la boina de contaminación en Madrid.
Jesus Hellin 2022
Imagen de la boina de contaminación en Madrid, a 10 de febrero de 2022, en Madrid (España)Jesús Hellín / Europa Press (Foto de ARCHIVO) 11/2/2022

El Gobierno ha endurecido los criterios sobre calidad del aire que obligarán a comunidades autónomas y ayuntamientos a incluir en sus mediciones más partículas en suspensión que son perjudiciales para la salud y a actuar de forma preventiva, de modo que no haya que esperar a que se superen los umbrales de lo aceptable para informar a la población del estado de la atmósfera o a tomar medidas relativas al tráfico.

Estos elementos forman parte del real decreto que aprobó el martes el Consejo de Ministros, que incide en la obligación de que las administraciones regionales y municipales tengan protocolos anticontaminación que existe desde 2007, pero cuyo cumplimiento hasta ahora se ha demostrado muy laxo. Tendrán que tenerlos todos los municipios o áreas metropolitanas de más de 100.000 habitantes y los que ya los tengan, como Madrid o Barcelona u otras de la grandes ciudades como Sevilla, Valencia o Zaragoza, deberán ampliarlos para incluir contaminantes que hasta ahora no eran tenidos en cuenta.

De cara a esta nueva ley, en el Ayuntamiento de Madrid recuerdan que ya existe un protocolo de actuación, según el cual se pone en conocimiento de la población cuando se superan los umbrales permitidos de la contaminación y, por ejemplo, se hacen indicaciones de tráfico para circular a menor velocidad. Sin embargo, según explican en Ecologistas en Acción, como otras ciudades en su misma situación, Madrid deberá ampliar un protocolo que ahora solo toma en cuenta la suspensión en el aire de dióxido de nitrógeno para añadir también la vigilancia sobre ozono, dióxido de azufre y partículas aéreas inferiores a 10 micras (PM10) y partículas inferiores a 2,5 micras (PM2,5).

El decreto modifica una ley de 2011 sobre la mejora de la calidad del aire tomando como base el acuerdo que se alcanzó en julio de 2011 en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente sobre los planes de acción a corto plazo que comunidades y municipios de más de 100.000 habitantes tendrían que poner en marcha ante "episodios de alta contaminación" provocados por esas cuatro partículas. Entre las medidas que contemplarán estos planes las hay "relativas al tráfico de vehículos de motor, a obras de construcción, a buques amarrados y al funcionamiento de instalaciones industriales o el uso de productos y calefacción doméstica".

Actuar antes

Tal y como se acordó entonces, la otra novedad tiene que ver con que ahora las administraciones no deberán esperar a superar los umbrales de contaminación permitida, sino que tendrán que anticiparse a ello para actuar de forma preventiva. "Evitar, en la medida de lo posible, que se alcance el umbral de alerta", dice el decreto que ya está publicado en el BOE en referencia a "la componente predictiva", para actuar "antes de que ocurra la supervisión".

"Tiene sentido que no se llegue ahí, lo idea es que se evite tener que llegar al hospital", dice Miguel Ángel Ceballos, portavoz de Ecologistas en Acción, que celebra que por fin se vayan a controlar partículas contaminantes que son especialmente perjudiciales para la salud y censura que el Ministerio de Transición Ecológica haya tardado más de un año y medio en poner en una ley el acuerdo que se alcanzó con las comunidades autónomas en julio de 2021. De hecho, en ese momento empezó a correr el plazo de 18 meses para que las administraciones elaboraran sus planes de corto plazo y protocolos que ya ha expirado en el momento de la aprobación del real decreto.

Con él, se espera que se refuerce la obligación -ya existente desde 2007 pero muy poco "taxativa" en muchos casos- de que municipios y áreas metropolitanas de más de 100.000 habitantes tengan un protocolo sobre qué hacer cuando se superen los niveles de alerta de contaminación, de una forma que además deberá ser coordinada.  

Según indica Ceballos, 64 ciudades tendrán que tenerlos y la quincena de las que ya los tienen, entre ellas Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Valladolid o Sevilla, deberán modificarlos para incluir la vigilancia sobre partículas que hasta ahora no se toman en cuenta. 

Por lo que respecta a la anticipación, la nueva norma no solo prevé lo que habrá que hacer en cuando se superen los umbrales de contaminación, sino antes. "Cuando se supere o se prevea que se va a superar", indica antes de detallar qué deben hacer comunidades y sobre todo ayuntamientos. 

Entonces, tal y como se hace ya, las autoridades competentes deberán "informar a la población por radio, televisión, prensa o internet o dispositivos móviles" de los niveles de contaminación registrados y previstos. "Se velará por proporcionar al público información sobre calidad del aire en tiempo real", dice la nueva norma, también más expeditiva en eso como que las previsiones sobre la evolución de la contaminación se deben hacer "para las horas, días y días siguientes" y no solo a partir de "la tarde siguiente".

Para hacer la previsión de cómo estarán los umbrales de contaminación en el futuro inmediato, Ceballos explica que el decreto obliga a las distintas administraciones a desarrollar sistemas como el que tiene la Agencia Española de Meteorología o ciudades como Madrid y Barcelona, en este segundo caso capaz de hacer previsiones de ámbito europeo, para saber cuáles serán los niveles de contaminación en las siguientes 24-48 horas.

Antes de empeorar

El refuerzo para mantener más a raya la calidad del aire en las ciudades se ve también en la redacción de la ley que, compara con la de 2011 que modifica, hace más hincapié no tanto en qué hacer cuando los niveles de contaminación superen lo aceptable como en la buena calidad del aire y en no llegar a esa situación.

Mientras la ley de 2011 disponía que comunidades y ayuntamientos debían adoptar "las medidas necesarias para garantizar que las concentraciones de los contaminantes regulados no superen los objetivos de calidad del aire y para la reducción de dichas concentraciones", la nueva redacción parte de una situación anterior, en la que el aire no haya empeorado tanto. Comunidades y ayuntamientos "adoptarán las medidas necesarias para mantener la calidad del aire cuando sea buena y mejorarla en los demás casos", dice.

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