El Gobierno y el Partido Popular han acordado avanzar en un nuevo texto que modifique el artículo 49 de la Constitución y, así, sustituir el término 'disminuido' por 'personas con discapacidad'. Un cambio en el que ambos grupos están de acuerdo desde hace cuatro años, pero en el que no han alcanzado su pleno compromiso debido a los recelos de la oposición, que teme que otros grupos parlamentarios aprovechen esta reforma para pedir otros cambios de mayor calado en la Carta Magna.

Aprobar este cambio puntual de la Constitución necesita un respaldo mínimo de tres quintos del Congreso (210 votos), lo que exige el visto bueno del primer partido de la oposición. De la reunión de este miércoles entre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, han salido en claro dos compromisos: el de ceñirse al artículo 49 y el de seguir los informes que ya dictó el Consejo de Estado sobre este tema. Dos asuntos que han tenido bloqueada esta reforma. 

De hecho, el Partido Popular de Pablo Casado presentó su enmienda a la totalidad precisamente porque "no se adecuaba al informe del Consejo de Estado" ni tampoco se consensuó con su grupo, tal y como defienden fuentes parlamentarias populares, después de que Bolaños haya aprovechado su intervención posterior a la reunión para recordar que el PP enmendó su propuesta en el Congreso. "Nos felicitamos de que el PP haya cambiado el criterio".

Desde el PP niegan que haya habido dicho cambio. Es más, continúan defendiendo las mismas premisas que, precisamente, habrían logrado incluir en esta primera toma de contacto. "Nos hemos emplazado a trabajar en las próximas semanas para que nadie tenga la tentación de utilizar esta reforma" para incluir enmiendas a otros artículos, ha explicado Gamarra tras el encuentro. También, ha puesto énfasis en que el texto contará con "garantías constitucionales" al seguir el aval del Consejo de Estado, cuyos informes servirán de guía.

Además, Gamarra ha recordado que el actual líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, ofreció su compromiso con esta reforma a Pedro Sánchez en su primer encuentro en la Moncloa en abril de 2022. También, y ante la falta de respuesta por parte del Ejecutivo, el líder del PP trasladó al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) el compromiso de abordar su reforma conjuntamente con el sector.

Esta reforma constitucional fue impulsada por la vicepresidencia de Carmen Calvo sobre la base de un texto de cuatro puntos que ya se había consensuado en la Cámara Baja en 2018, pero que no se llegó a aprobar al disolverse las Cortes Generales con la convocatoria de las primeras elecciones generales de 2019.

Aquel texto, además del cambio del término 'disminuido' por 'persona con discapacidad', propone destacar "los derechos y deberes previstos" en la Carta Magna "en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva" para este colectivo, sin que "pueda producirse discriminación", al tiempo que encomienda a los poderes públicos la puesta en marcha de "políticas necesarias para garantizar la plena autonomía personal e inclusión social de las personas con discapacidad".

En las próximas semanas, Gobierno y PP buscarán una nueva redacción del artículo 49 que recoja los 'peros' que puso en 2019 el Consejo de Estado y que cuente con el acuerdo de las organizaciones del sector. También buscarán el voto de las demás formaciones parlamentarias, pues creen que hay un amplio consenso para modificar este precepto.