El anuncio del supuesto protocolo contra el aborto del Gobierno de Castilla y León cumple una semana rodeado, aún, de muchas incógnitas. Fue el jueves pasado cuando el vicepresidente autonómico, Juan García-Gallardo, aseguró que los hospitales de la comunidad empezarían a partir de esta semana a aplicar un nuevo reglamento y los sanitarios estarían obligados a ofrecer a las mujeres que fueran a abortar la posibilidad de escuchar el latido fetal o hacerse una ecografía en 4D. Desde entonces, PP y Vox se han enzarzado en una lucha de desmentidos y desautorizaciones y el Ejecutivo central, por su parte, ha cogido el toro por los cuernos y ha exigido por escrito que la Junta abandone sus planes.
Lo cierto es que, a día de hoy, Castilla y León no ha puesto en marcha ningún nuevo protocolo tras la enorme polémica que se ha generado, que ha trascendido las fronteras de la comunidad y se ha convertido en un debate nacional. El Gobierno regional dice ahora que ese nuevo reglamento "no existe", y su portavoz, Carlos Fernández Carriedo -que estaba al lado de García-Gallardo cuando este explicó las nuevas medidas la semana pasada y no le contradijo-, aseguró este jueves que el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez "pretende ampararse en declaraciones políticas que son completamente ajenas a la aprobación de normas".
Esta es la cronología de la polémica:
-
1
García-Gallardo anuncia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno la puesta en marcha, a partir del siguiente lunes, del nuevo protocolo de medidas que califica de "provida", por el cual los profesionales sanitarios deberían comunicar a la mujer que acuda a ejercer su derecho a interrumpir su embarazo que tiene "tres posibilidades": recibir atención psicosocial, escuchar el latido fetal y realizarse una ecografía 4D. Aunque el portavoz Carriedo, del PP, no desautoriza al vicepresidente, la Consejería de Sanidad matiza posteriormente que el reglamento iba a "seguir igual", en contra de lo que defendía Vox. -
2
Pese a las declaraciones de Sanidad el jueves, Vox insiste en que "las medidas provida anunciadas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno fueron previamente consensuadas con el consejero de Sanidad, y se aplicarán con carácter inmediato". El titular de esa cartera, Alejandro Vázquez, admite que Sanidad solo tiene unas "pequeñas matizaciones" con respecto a las medidas anunciadas por Gallardo el día anterior, a pesar de que la dirección nacional del PP -el partido de Vázquez- se desmarca del protocolo. No obstante, el consejero de Presidencia, el también popular Jesús Julio Carnero, se reafirma en la "absoluta voluntariedad" de las medidas para "embarazadas y profesionales". -
3
La Consejería de Sanidad de Castilla y León confirma que, pese a la polémica, el protocolo antiabortista entraría en vigor el lunes 16. Tres días después de desatarse la polémica, el presidente castellanoleonés, Alfonso Fernández Mañueco, intenta salir al paso de las críticas y reafirma que a la hora de aplicar las nuevas medidas imperará la "voluntariedad", además de asegurar que solo podrá escuchar el latido fetal o realizarse la ecografía en 4D "la mujer que lo solicite". -
4
Tras varios días de polémica, declaraciones, desmentidos y reafirmaciones de los diferentes cargos de la Junta de Castilla y León, el Gobierno central decide enviar a Mañueco un requerimiento "para que se abstenga de aprobar o aplicar medida alguna que vulnere la actual normativa con respecto a la Interrupción Voluntaria del Embarazo". "El Gobierno de España utilizará todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres y su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en los términos establecidos en la normativa vigente" y "velará para que no se lleven a cabo acciones que supongan mermas a sus derechos fundamentales en ninguna circunstancia", promete la Moncloa. -
5
La Junta no publica el protocolo en su boletín oficial ni lo remite a los sanitarios. Mañueco comparece para prometer que "no se obligará a nada a los médicos, ni se obligará a las mujeres embarazadas a nada", y admite implícitamente que algunas de las medidas anunciadas por el vicepresidente Gallardo, como obligar a los sanitarios a ofrecer la escucha del latido fetal, pueden "suponer coacciones directas o indirectas" a las mujeres que hayan decidido abortar. El PP nacional, por su parte, critica la polémica por boca de su nuevo portavoz de campaña, Borja Sémper. Y Podemos abre la puerta a tomar todas las medidas necesarias, incluida la aplicación del artículo 155 de la Constitución para suspender parcialmente la autonomía castellanoleonesa, algo que el PSOE descarta por el momento. -
6
El Consejo de Ministros aprueba un segundo requerimiento a Castilla y León para que informe de cualquier medida adoptada y se abstenga de limitar el derecho al aborto, y da así el primer paso para llevar al Tribunal Constitucional el nuevo protocolo. Mañueco, por su parte, critica al Gobierno y asegura que "no habrá ninguna modificación en el protocolo de atención a la interrupción del embarazo": "Enviaré una carta a Pedro Sánchez para lamentar que su Gobierno haya decidido combatir con inusitada dureza un conflicto irreal y haya anunciado el envío de un requerimiento sobre un cuestión ficticia". Y Vox amenaza a Mañueco con actuar "en consecuencia" si no aplica las nuevas medidas, pero matiza que "eso no quiere decir que tenga que romperse el Gobierno". -
7
El portavoz del comité de campaña del PP, Borja Sémper, califica de "irresponsable" al vicepresidente Gallardo y le acusa de haber anunciado medidas "inexistentes" el jueves anterior en una materia, además, que no es de su competencia, pese a que el portavoz Carriedo no le contradijo. "Nosotros no vamos a frustrar la alternativa a la izquierda en España", se limita a contestar el vicepresidente y líder de Vox en Castilla y León para alejar los rumores de ruptura del Gobierno autonómico. -
8
La Junta de Castilla y León decide anunciar que rechaza el requerimiento del Gobierno central sobre el protocolo antiaborto porque este "no existe", y el portavoz Carriedo critica que el Gobierno central quiera "ampararse en declaraciones políticas que son completamente ajenas a la aprobación de normas" para cuestionar las acciones del Ejecutivo autonómico. El Gobierno, no obstante, exige una respuesta clara de la Junta, y la portavoz Isabel Rodríguez recuerda que "un requerimiento no se puede inadmitir, sino que se puede contestar o no". "Algo aprobaron. Entonces lo llamaron protocolo, ahora lo llaman instrucción, y no quieren dar cuenta de lo que es", denuncia Rodríguez.
Comentarios
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que 20minutos.es restringirá la posibilidad de dejar comentarios