"Un requerimiento se tiene que contestar, no se puede desestimar". Así ha respondido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la decisión de la Junta de Castilla y León de "inadmitir" el requerimiento presentado por el Ejecutivo central tras el anuncio de un protocolo fantasma para dificultar el aborto presentado por Vox y negado por el Partido Popular. Sánchez ha defendido el movimiento de su gobierno por "una supuesta invasión de competencias" y ha reiterado que "velará porque se cumplan los derechos de los españoles, vivan donde vivan".

En una rueda de prensa posterior a la cumbre hispanofrancesa celebrada en Barcelona, Sánchez ha declinado la respuesta de la Junta castellanoleonesa, que este jueves ha acordado inadmitir el requerimiento del Consejo de Ministros sobre el protocolo para embarazadas. El argumento de la coalición entre 'populares' y Vox es que no ha habido ningún acuerdo en este sentido que vulnere la legislación vigente. Carlos Fernández, portavoz del Ejecutivo autonómico, ha declarado "la inexistencia del objeto sobre el que versa el requerimiento".

El presidente, sin embargo, ha insistido en que el requerimiento "no se puede desestimar" y ha añadido que no se trata "de un debate jurídico, técnico ni administrativo". En este sentido, ha declarado que el Gobierno aprobó el requerimiento por la vía de hecho, que se puede presentar con unas simples declaraciones. Más concretamente, las realizadas por el vicepresidente Juan García-Gallardo, de Vox, el pasado jueves. "El Gobierno, cuando se dio a conocer este no acuerdo o acuerdo que no sé calificar, lo que hizo fue plantear una supuesta invasión de competencias", ha recordado.

El Gobierno contesta a Castilla y León sobre el protocolo para evitar abortos: "Los requerimientos no se inadmiten, se contestan"

Con todo, Sánchez ha insistido en que su gobierno "velará porque se cumplan los derechos de los españoles, vivan donde vivan", refiriéndose en este caso al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de las mujeres. "Es importante y relevante trasladar que no puede haber ambigüedades cuando hablamos de derechos fundamentales", ha remachado.

La línea argumental del presidente la había adelantado Moncloa horas antes, nada más conocerse la no respuesta de la Junta. Fuentes gubernamentales consultadas por 20minutos habían afirmado que aunque la Junta se escuda en que no hay una normativa aprobada, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) prevé una actuación "conocida como la vía de hecho", la cual, aseguraban, "permite requerir el cese de un anuncio normativo si vulnera la ley o las competencias". También se pronunció así la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, quien consideró que desde "el más puro concepto administrativo, un requerimiento no se puede inadmitir, sino que se puede contestar o no".