En mayo de 2023, las instalaciones de calefacción central con consumo común habrán desaparecido en un gran porcentaje de viviendas en España. En virtud del Real Decreto 736/2020, las comunidades de vecinos estarán obligadas a instalar antes de esta fecha contadores individuales en aquellas con sistemas centralizados, con el objetivo de ahorrar en el consumo de energía y hacer un reparto más equitativo de los costes. 

Como detalla la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), esta normativa obliga a la instalación de contadores individuales en edificios cuyos sistemas se hayan construido antes de 1998, cuando se aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), dado que los edificios construidos posteriormente ya tenían esta obligación.

Asimismo, tampoco estarán obligadas las comunidades en las que no sea viable a nivel técnico y/o económico, ni en aquellas situadas en las zonas más cálidas del país, esto es, en las islas, zona de Levante, Guadalquivir, Ceuta y Melilla.

Nueva tarifa regulada para comunidades

Hasta la puesta en marcha de esta normativa, el gasto de la calefacción central se repartía entre todos los vecinos de la comunidad. Sin embargo, ahora cada vecino abonará lo que consume de manera individual. Una medida que, según apunta el Gobierno, producirá un ahorro estimado del 24%, contribuirá al fomento de la sostenibilidad y aumentará la eficiencia energética. 

En este sentido, el Gobierno indicaba que los consumidores que sean vulnerables "podrán ser beneficiarios de una ayuda directa para el cumplimiento de esta obligación, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado". 

El pasado 18 de octubre de 2022, el Gobierno aprobaba un paquete de medidas dirigidas a los consumidores para reducir la factura un 40% ante las consecuencias derivadas de la crisis energética. Una de estas medidas incluía la implementación de una nueva tarifa regulada de gas natural para que las comunidades de vecinos con calefacción central también pudieran ahorrar.

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Cuáles son los requisitos de la ayuda

Las comunidades con consumos superiores a 50.000 kWh al año podrán beneficiarse de esta nueva tarifa, más económica, que estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2023. No obstante, uno de los requisitos principales para poder acceder a esta ayuda es tener instalados los contadores individuales en el edificio para poder medir el consumo real de cada vivienda.

Según la OCU, "se salvan las comunidades que estén exentas de poner los repartidores según la normativa vigente porque se ha comprobado su no viabilidad". Además, en el caso de no tenerlos instalados, la comunidad debe formalizar una declaración por la que se compromete a su instalación y, en caso de no cumplirla, deberán devolver el 25% de lo ahorrado.