El Gobierno cambia el tono respecto a la situación de Juan Carlos I. Tanto, que ha olvidado la petición de explicaciones y no se cierra ya a una posible vuelta del rey emérito, que desde agosto de 2020 vive en Abu Dhabi, donde se instaló por las investigaciones abiertas por la Fiscalía debidas a irregularidades fiscales que ya han quedado archivadas por su inviolabilidad, las prescripciones y las diferentes regularizaciones con Hacienda. El Ejecutivo asegura que "puede volver" cuando quiera, uno de los anhelos del exjefe de Estado desde que se instaló fuera de España.

"Que yo sepa, no tiene ninguna causa penal ni judicial abierta. Por tanto, claro que podría volver", ha declarado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. En una entrevista en El programa de Ana Rosa, ha recordado que "volvió durante unos días", en referencia al viaje que realizó Juan Carlos I en mayo del pasado año, cuando visitó Sanxenxo tras dos años residiendo en la capital de los Emiratos Árabes Unidos. En ese viaje, y tal y como anunció la Casa Real, el emérito se reunió con el actual rey, Felipe VI, con quien también coincidió hace pocos días en el funeral de Constantino II de Grecia, hermano de la reina emérita Sofía.

Bolaños ha asegurado que la decisión de mudarse de país fue del emérito y ha añadido que el Gobierno "tiene bien poco que decir" sobre su vuelta, que es una decisión "que le corresponde a él" y a la actual Casa Real, a quien el Ejecutivo pretende “acompañar” si la decisión se produce. "Nuestro trabajo es acompañar a la Casa Real y facilitar las decisiones cuando se adoptan", ha lanzado.

Con todo, las palabras de Bolaños suponen un cambio de tono en el Ejecutivo, que hasta hace poco repetía que Juan Carlos I debía una explicación a la sociedad española. "Sigo creyendo que tiene que dar una explicación. No son de recibo las informaciones que hemos ido conociendo", dijo sin ir más lejos el presidente Pedro Sánchez sobre el rey emérito cuando este, en marzo de 2022, envió una carta a su hijo en la que le informaba que mantendría su residencia en Abu Dabi, pero que preveía viajar con frecuencia a España tras el archivo de las investigaciones.

En ese mes, la Fiscalía del Tribunal Supremo decretó el archivo de las tres diligencias de investigación que tenía abiertas al rey Juan Carlos I, las referidas a las supuestas comisiones ilegales por la adjudicación a empresas españolas de las obras del AVE a La Meca, el uso de tarjetas opacas con fondos aportados por un empresario mexicano y la relativa a una presunta fortuna que habría ocultado en un paraíso fiscal.

Aunque el Ministerio Público ya había apuntado a un archivo de todas estas diligencias por la inviolabilidad del rey emérito cuando era jefe del Estado y las dos regularizaciones fiscales que realizó, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, firmó en ese momento los correspondientes decretos después de recibir la última documentación pendiente por parte de la Agencia Tributaria y la Fiscalía suiza.