La Fiscalía archiva todas las investigaciones sobre el rey emérito

  • La inviolabilidad, las prescripciones y regularizaciones fiscales diluyen los indicios de delito contra Juan Carlos I.
El borrador de archivo de las diligencias de investigación relativas a la presunta fortuna del rey emérito Juan Carlos I en la isla de Jersey señala que el equipo de fiscales, liderado por el jefe de Anticorrupción Alejandro Luzón, no ha encontrado indicios "que permitan dirigir reproche penal contra S.M.D. Juan Carlos de Borbón y Borbón" y apunta que por lo tanto "procede acordar el archivo de las diligencias de investigación".
Fotografía de archivo de Juan Carlos I.
El borrador de archivo de las diligencias de investigación relativas a la presunta fortuna del rey emérito Juan Carlos I en la isla de Jersey señala que el equipo de fiscales, liderado por el jefe de Anticorrupción Alejandro Luzón, no ha encontrado indicios "que permitan dirigir reproche penal contra S.M.D. Juan Carlos de Borbón y Borbón" y apunta que por lo tanto "procede acordar el archivo de las diligencias de investigación".
La Fiscalía archiva las diligencias de investigación sobre la fortuna de Juan Carlos I.
Europa Press

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha decretado el archivo de las tres diligencias de investigación que tenía abiertas al rey Juan Carlos I, las referidas a las supuestas comisiones ilegales por la adjudicación a empresas españolas de las obras del AVE a La Meca, el uso de tarjetas opacas con fondos aportados por un empresario mexicano y la relativa a una presunta fortuna que habría ocultado en un paraíso fiscal. 

Aunque el Ministerio Público ya apuntó el pasado mes de octubre a un archivo de todas estas diligencias por la inviolabilidad del rey emérito cuando era jefe del Estado y las dos regularizaciones fiscales que ha realizado, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha firmado ahora los correspondientes decretos después de recibir la última documentación pendiente por parte de la Agencia Tributaria y la Fiscalía suiza.

Esta decisión abre la puerta un posible regreso a España del rey emérito, quien se instaló en Abu Dabi el 3 de agosto de 2020 a raíz de la polémica por la fortuna que manejaba en el extranjero. Poco después de conocerse el archivo de las investigaciones, el abogado de Juan Carlos de Borbón, Javier Sánchez-Junco, anunció en un comunicado que trasladará los decretos a su representado y que valorará "la próxima semana" la decisión de la Fiscalía. Será entonces cuando se haga "eco igualmente de las decisiones que pueda tomar" el ex jefe del Estado, aunque no menciona si las mismas guardan relación con una posible vuelta a España.

En este año y siete meses fuera de España, el padre de Felipe VI siempre ha reivindicado ante su entorno que no tenía ninguna causa judicial abierta y que, por tanto, se veía legitimado para volver a cuando quisiese. Sin embargo, en las ocasiones en las que dejó entrever que planeaba su regreso, aunque fuese temporal, finalmente desistió al no darse las condiciones adecuadas, tal y como informa EFE. 

Los 64,8 millones de euros

El archivo de las tres líneas de investigación llega en forma de dos decretos (el 40/2020 y el 44/2020). Según explica la Fiscalía en el más extenso de los dos, el objeto de la primera de las líneas de investigación era un posible delito de corrupción en los negocios, derivado de la forma en la que se produjo la adjudicación, en octubre de 2011, de las obras de la segunda fase de la construcción del AVE que une las ciudades de Medina y La Meca (Arabia Saudí) al consorcio Al-Shoula, formado por doce empresas españolas y dos saudíes.

Se investigaba la relación de esa adjudicación con el ingreso de 64,8 millones de euros (100 millones de dólares), ordenado el 8 de agosto de 2008 por el entonces rey de Arabia Saudí en la cuenta de la Fundación Lucum, de la que Juan Carlos I sería su titular real.

El Ministerio Público indica que en relación con los fondos recibidos en 2008 por Lucum, en una cuenta del banco Mirabaud de Ginebra, se han identificado cuotas defraudadas a la Hacienda Pública en el IRPF de los ejercicios que van de 2008 a 2012 y que superan con creces lo que el Código Penal establece como umbral del delito, que se sitúa en 120.000 euros anuales.

Pero los fiscales que han llevado la investigación recuerdan que la posible responsabilidad penal de los ejercicios 2008 a 2011 estaría extinguida por prescripción. Y que aunque la de 2012 no está prescrita, no sería susceptible de reproche penal porque hasta el 19 de junio de 2014 el rey emérito estaba protegido por la inviolabilidad.

Por otro lado, el decreto del Ministerio Público indica que la investigación no ha podido establecer, siquiera de modo indiciario, vinculación alguna entre el referido ingreso de 64,8 millones y la adjudicación del AVE, por lo que no se puede decir que dicha cantidad guarde relación con el pago de comisión alguna.

Así, indica que el ingreso de los 64,8 millones se trataría de un regalo que pudiera haber sido recibido en consideración a la condición de jefe del Estado de Juan Carlos I en 2008, y por lo tanto era susceptible de integrar el delito de cohecho, aunque este posible delito estaría claramente prescrito.

El decreto de archivo referente a Lucum y el AVE a La Meca analiza también la posible comisión de un delito de blanqueo de capitales por las operaciones financieras y societarias que realizó el emérito entre 2008 y 2012 tras recibir esa cantidad de 64,8 millones de euros. Pero la Fiscalía ve más que los actos susceptibles de integrar alguna de las conductas descritas en el artículo 301 del Código Penal habrían cesado en 2012, fecha cubierta por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución reconoce al Jefe del Estado.

Las donaciones del amigo millonario

La Fiscalía sostiene que entre 2016 y 2019, un amigo millonario de Juan Carlos I, Allen Sanginés Krause, ordenó una serie de transferencias, desde cuentas bancarias de su titularidad directa o indirecta a través de la sociedad Pretorian Prevention SA, a cuentas a nombre de Nicolás Murga Mendoza, militar actualmente jubilado, quien en 2007 fue nombrado ayudante de campo de la Casa del Rey.

Según consta en uno de los decretos, el importe total de estas transferencias, que asciende a 516.606 euros, "ha sido destinado al abono de gastos particulares de S.M. D. Juan Carlos de Borbón y Borbón o de personas relacionadas con él por tratarse de familiares o allegados del mismo".

Además, Sanginés Krause ordenó transferencias a otras dos cuentas por un importe total de 471.673 euros que se destinó al pago de viajes efectuados por el rey emérito, así como por sus familiares o allegados. La Fiscalía también apunta que abonó los servicios sanitarios prestados en 2017 y 2018 por Juan Carlos I por un importe total de 95.365 euros.

Según los fiscales, "no hay constancia de contraprestación". Se trata de "actos unilaterales efectuados a título lucrativo" y que, por tanto, "son donaciones que están sujetas al impuesto de sucesiones y donaciones" regulados por la ley. Eso sí, "cada donación debe ser declarada con independencia del resto", dice el decreto, y el impuesto se devenga el día en que se causa o celebra el acto o contrato y que el plazo de presentación de la declaración es de 30 días hábiles.

En diciembre de 2020, el rey emérito presentó en la Agencia Tributaria declaración del impuesto sobre sucesiones y donaciones con el siguiente detalle: cuota a ingresar 556.412 euros, recargos por 83.461 euros e intereses de demora por 38.516 euros. La acompañó con un escrito en el que manifestaba que la autoliquidación respondía "a las donaciones de Allen Sanginés Krause".

Según los informes de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude que menciona la Fiscalía, "la autoliquidación no es correcta" porque, entre otras cosas, aplicó la escala a la suma de las bases imponibles de todas las donaciones en lugar de haber liquidado cada una de ellas aplicando el tipo marginal de gravamen. De ahí que "ingresase cuotas más altas de las que corresponden".

Pero asegura también que las donaciones de Sanginés y la posterior declaración no representan un delito contra la Hacienda Pública. "La cuota de cada una de las donaciones es notablemente inferior a los 120.000 euros, elemento inexcusable del delito contra la Hacienda Pública, al margen de que tal cuantía se entienda como una condición objetiva de punibilidad o como un elemento del tipo", señalan los fiscales.

"Conexión indudable" con el dinero

La tercera línea de investigación archivada es la referida a los fondos ocultos en paraísos fiscales. Estas pesquisas comenzaron el 19 de octubre de 2020 por un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de España (Sepblac) sobre la existencia del 'trust' JRM, constituido en 2004 en Jersey por Joaquín Romero Maura por 10,2 millones de euros, si bien apuntaba a "ciertos indicios de que el propietario último de los fondos del 'truts' podría ser Juan Carlos de Borbón".

El Sepblac señalaba entre esos indicios que el dinero con el que Maura creó JRM procederían de la liquidación el 9 de marzo de 2004 de otros dos 'trusts' de los que el antiguo monarca "habría sido beneficiario hasta su disolución": Tartessos y Hereu, constituidos también en Jersey en 1995 y 1997, respectivamente, por Manuel Jaime de Prado y Colón de Carvajal, "persona muy próxima" al rey emérito.

Luzón afirma en su decreto que los fondos con los que se creó JRM "tienen una indudable conexión con quien fuera jefe del Estado español", si bien al mismo tiempo explica que "lo relevante a los efectos de esta investigación penal es determinar si desde que se constituyó dicho 'trust' en 2004 y, especialmente, desde junio de 2014, es posible establecer alguna vinculación" entre ese dinero y Juan Carlos de Borbón.

"Desde 2004 a 2021 no existe indicio alguno que permita vincular The JRM 2004 Trust con Juan Carlos de Borbón, ni en su gestión ni en la capacidad para disponer de los fondos. En ningún momento ha tenido éste la condición de beneficiario del 'trust' ni consta que haya percibido cantidad alguna de sus cuentas", precisan los fiscales.

En cualquier caso, desde que el emérito abdicó y perdió la inviolabilidad, señala el decreto del Ministerio Público, "las disposiciones del JRM 2004 Trust lo han sido en unas cuantías que en ningún caso alcanzarían la cuota correspondiente a un delito contra la Hacienda Pública, aun cuando tales fondos hubieran sido eventualmente entregados a un contribuyente español, algo de lo que no existe constancia alguna".

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