El protocolo anunciado el viernes pasado por el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, con el que Vox quería implantar medidas contra el aborto ha puesto en jaque al Gobierno autonómico y la propia autonomía castellanoleonesa. Tras la enorme polémica generada por el anuncio de que se obligaría a los médicos a ofrecer a las mujeres que acudieran a ejercer su derecho al aborto la posibilidad de escuchar el latido fetal, este lunes el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, salió a desautorizar a Gallardo y a asegurar que el nuevo protocolo "no obligará a nada", ni a los médicos ni a las mujeres embarazadas, pese a que unas horas antes el vicepresidente había ratificado su anuncio inicial.
Esta descoordinación en el Gobierno de coalición PP-Vox llevó a Moncloa a anunciar el pasado fin de semana que utilizaría "todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres y su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en los términos establecidos en la normativa vigente". Y, este lunes, Podemos llegó incluso a plantear la posibilidad de activar el artículo 155 de la Constitución para intervenir parcialmente la autonomía de Castilla y León.
Esa decisión, por lo excepcionalmente dura que es, sería la más enérgica que podría adoptar el Gobierno central y, por ello, ni Podemos defendió que se tome ya ni el PSOE se ha mostrado, de momento, por la labor de caminar en esa dirección. Este lunes, los socialistas abogaron por esperar a que la Junta de Castilla y León responda por escrito al requerimiento que le envió el fin de semana pasado el Ejecutivo. Pero el envío de ese requerimiento es, precisamente, el primer paso para activar botón nuclear del artículo 155.
Ese precepto de la Constitución dice exactamente así: "Si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general". Para ello, señala el texto, "el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas".
Es decir: con el envío de su "requerimiento" -el término elegido por la Moncloa, no por casualidad-, el Ejecutivo ha dado el primer paso para preparar el escenario de una posible intervención de la autonomía castellanoleonesa. La aplicación del artículo 155, no obstante, no tendría por qué suponer la suspensión temporal de todas las instituciones de autogobierno: la norma da al Gobierno central un amplio margen de maniobra para hacer una intervención quirúrgica y, en este caso, le permitiría limitar únicamente las capacidades de la Consejería de Sanidad en Castilla y León.
El Senado, clave en el procedimiento
Para ello, sin embargo, no bastaría con la decisión del Ejecutivo. El Senado tendría que aprobar por mayoría absoluta otorgar al presidente Pedro Sánchez esta capacidad de intervenir la comunidad autónoma, previa comunicación por escrito del Gobierno de que Castilla y León no ha cumplido lo que se le ha solicitado en el requerimiento. Según explica el reglamento de la Cámara Alta, en esta comunicación por escrito debería explicarse también "el alcance de las medidas propuestas" para que la comunidad autónoma vuelva a la legalidad, tras lo cual el Senado pediría al presidente Mañueco que presentara sus propias alegaciones y formularía una "propuesta razonada sobre si procede o no" la activación del artículo 155.
Solo después de todo ese procedimiento, el Pleno del Senado votaría. Y, si se llegara a ese punto, el Gobierno no tiene por sí mismo la mayoría absoluta asegurada. Unidas Podemos no tiene ningún senador, mientras el PSOE cuenta con 113 senadores, 21 menos de los que le harían falta para reunir la mitad más uno de los votos. Dependería, fundamentalmente, de la posición que adoptaran los 14 senadores de ERC, los dos de EH Bildu y los 10 del PNV, en los que habitualmente se apoya el Gobierno pero que tendrían ante sí una papeleta complicadísima si se vieran ante la decisión de facilitar la intervención del Estado central a una autonomía.
La única vez que se llegó hasta el final y se aplicó el artículo 155 de la Constitución fue en 2017, tras la declaración de independencia de Cataluña pronunciada por el entonces president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Apenas unos minutos después de que el Parlament aprobara esta declaración, el día 27 de octubre, el Senado dio luz verde a la intervención de la autonomía catalana y el Gobierno aprobó cinco reales decretos por los que cesó a Puigdemont y a todo su gabinete, asumió todas las competencias del Govern y disolvió el Parlament para convocar inmediatamente elecciones autonómicas para diciembre.
En ninguna otra ocasión el Ejecutivo central ha llegado a intervenir las competencias de una comunidad autónoma, aunque en 1989 esa posibilidad estuvo a punto de materializarse en Canarias. El entonces presidente autonómico Lorenzo Olarte, del extinto CDS, se negó a aceptar la supresión de aranceles que implicaba la adhesión a la Comunidad Económica Europea, lo que generó un choque frontal con el Gobierno de Felipe González, que llegó a activar el procedimiento constitucional y envió un requerimiento al Ejecutivo canario. Finalmente, las negociaciones entre los gobiernos central y autonómico fructificaron y no fue necesario aplicar el 155.
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