El PP registra una iniciativa en el Congreso para cambiar el modelo de elección del CGPJ y que los jueces elijan a 12 de los vocales

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante el pleno celebrado en el Senado, este lunes 12 de diciembre de 2022.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un pleno del Senado.
EFE
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante el pleno celebrado en el Senado, este lunes 12 de diciembre de 2022.

El Partido Popular registró el pasado 30 de diciembre una proposición de ley para cambiar el modelo de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de modo que sean los propios jueces y magistrados  (y no el Parlamento) los encargados de votar a 12 de los 20 vocales. El texto legal, que se ha conocido este martes, busca reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para "el cambio de modelo de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial" y para "el fortalecimiento de la independencia judicial".

A lo largo de un único artículo y once apartados, los populares proponen modificar varias de las aristas del sistema judicial, haciendo especial hincapié en promover un cambio en el modelo de elección de vocales al hilo de lo que reclama la Unión Europea

Con "el fin de mejorar la confianza de los ciudadanos en las instituciones [...] y de contribuir a la mejora de la calidad democrática", el PP establece en los apartados ocho y nueve del texto legal que "los doce vocales del turno de procedencia judicial serán elegidos por y entre jueces y magistrados". Este es esencialmente el cambio de modelo que se propone frente al actual, que atribuye la elección de los 20 vocales al Congreso y el Senado a partes iguales. De aprobarse la proposición del grupo parlamentario popular, las Cámaras Parlamentarias se limitarían a escoger a los ocho vocales del turno de "juristas de reconocido prestigio". 

Según la propuesta registrada en el Congreso, entre los 12 vocales del turno judicial se establece que "no son elegibles aquellos que hubieren sido cargo electo miembro del Gobierno de la nación o de los consejos de gobierno de las comunidades autónomas o cargo orgánico en un partido político u organización sindical en los últimos cinco años".

Asimismo, los populares apuntan que los vocales elegidos por Congreso y Senado deberán ser juristas de reconocida competencia, con más de 15 años de experiencia y que no hayan formado parte del Gobierno de la nación, de los consejos de gobierno de las comunidades autónomas, ni del Parlamento o las asambleas legislativas. Tampoco podrá haber entre estos ocho vocales ningún cargo orgánico de un partido político u organización sindical. 

En cuanto al conjunto de vocales elegidos por jueces y magistrados, este deberá representar todas las categorías judiciales, y la elección se llevará a cabo mediante voto "personal, igual, directo y secreto". Cada juez elegirá un máximo de seis candidatos y tomarán posesión los 12 perfiles que más votos hayan recibido. 

Tras cuatro años bloqueando la renovación del CGPJ, que tradicionalmente ha sido pactada entre PSOE y PP para luego aprobarse por mayoría de 3/5 en el Congreso y el Senado, el Partido Popular convierte en proposición de ley el que ha sido uno de sus principales argumentos para justificar la no renovación. Para ello se apoya en las numerosas llamadas de atención de la UE, que insistió especialmente durante el último año en la necesidad de renovar el CGPJ "urgentemente" y después cambiar el modelo de elección de vocales para adecuarlo a los estándares europeos. 

"El modelo no tiene hoy el consenso social, jurídico, político ni el de las instituciones europeas", alegan los populares, y añaden que "es preciso avanzar en actitudes y regulaciones que den un nuevo impulso a las instituciones". 

Con esta propuesta dan el primer paso para retomar la renovación del CGPJ desde que se rompieron las últimas negociaciones entre PSOE y PP a finales de octubre. Aquél último intento de llegar a un acuerdo (en el que se incluían varias de las medidas propuestas ahora por el PP) estuvo, según relataron entonces varios miembros del Gobierno, a punto de zanjarse con éxito. Pero mientras ambos partidos ultimaban los detalles de la negociación se conocieron las conversaciones que el Ejecutivo mantenía con ERC para suprimir el delito de sedición. 

Feijóo llegó a la conclusión de que no podía tender la mano a Pedro Sánchez mientras este pactaba reformas legales "hechas a medida" para el independentismo catalán. A partir de entonces, la renovación del Tribunal Constitucional tomó el protagonismo, desplazando de la discusión al CGPJ caducado hasta que este martes los populares han desvelado su próxima estrategia. 

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