Solo unas horas después de que los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) eligieran a sus dos candidatos para el Tribunal Constitucional, su presidente, Pedro González-Trevijano, ha convocado un pleno para mañana jueves para dar el visto bueno a estas designaciones, y a las dos que le correspondían al Gobierno. Según ha informado el propio tribunal de garantías, este pleno "examinará la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos para los nombramientos de nuevos magistrados del Tribunal Constitucional". Estos requisitos incluyen ser español, juez, fiscal, profesor universitario, funcionario o abogado y, en cualquier caso, juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional.

Una vez que el tribunal dé luz verde a sus nuevas incorporaciones, podrán tomar posesión los cuatro nuevos magistrados -los dos designados por el CGPJ y los dos del Gobierno- y quedaría por fin desbloqueada la renovación del órgano, tras seis meses de retraso.

Los dos nombres designados por el CGPJ son el magistrado del Tribunal Supremo (TS) César Tolosa y la magistrada jubilada del (TS) María Luisa Segoviano. Por su parte, el Gobierno ha propuesto al exministro Juan Carlos Campo y a la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez.

El Gobierno elige al exministro Juan Carlos Campo y a la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez para renovar el Tribunal Constitucional

Si todo sigue el cauce previsto, será el TC con más mujeres de su historia (5) y el Gobierno se asegurará la mayoría progresista en el TC, al quedar un órgano con siete progresistas y cuatro conservadores.

Precisamente, una de las primeras tareas que tendrá que enfrentar el nuevo Tribunal Constitucional será elegir a un nuevo presidente. En las quinielas hay dos nombres: Cándido Conde-Pumpido, que fue fiscal general del Estado con Zapatero, y María Luisa Balaguer, magistrada del TC y catedrática de Derecho Constitucional.

Los cuatro nuevos magistrados se incorporarán al tribunal de garantías para ocupar las vacantes, pendientes de renovar desde junio, de sus actuales presidente y vicepresidente -Pedro González-Trevijano y Juan Antonio Xiol-, y de Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares.

Su designación ha sido posible tras el pleno del TC celebrado este martes en el que se eligió por unanimidad a César Tolosa y María Luisa Segoviano, tras una votación fallida el pasado 20 de diciembre en la que, además de Tolosa, se proponía a otro candidato, Pablo Lucas. Por parte del sector progresista, el candidato era José Manuel Bandrés, juez de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.

El Gobierno valoró este martes "muy positivamente" las designaciones de Tolosa y Segoviano, que vienen a poner fin a una situación de interinidad que el Ejecutivo de Sánchez trató de romper, primero, fijando la fecha del 13 de septiembre como límite para que el CGPJ nombrara a sus aspirantes para el TC y, después, con dos enmiendas al Código Penal que el Constitucional paralizó tras un recurso presentado por el PP.

El Constitucional deja en suspenso la reforma que impulsaba el Gobierno para forzar su renovación

También los populares consideraron el acuerdo buena noticia, aunque aprovecharon para afear a los socialistas sus críticas a los jueces por no acelerar los nombramientos. "Ha quedado demostrado -manifestaron desde el PP- que aquellos a los que el Gobierno insultó gravemente, acusándolos de bloquear los órganos constitucionales, han materializado la propuesta que finalmente ha facilitado el acuerdo".

Precisamente este miércoles, el TC ha compartido el auto del pasado 19 de diciembre en el que acordó paralizar de forma urgente la tramitación parlamentaria de las dos enmiendas, al considerar que se excedían "los márgenes constitucionales".

A pesar de este nuevo paso adelante, el Gobierno no ceja en su empeño de tratar de reformar los mecanismos para la designación de magistrados y ha anunciado que mantiene su intención de presentar una proposición de ley para hacerlo, después de que el anterior trámite fuera paralizado por el Constitucional. El PSOE quiere introducir cambios para reducir la mayoría necesaria para elegir a los jueces y eliminar el requisito de que el propio TC tenga que validar a los nuevos magistrados.

Tras el desbloqueo del Constitucional, sigue pendiente la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que lleva cuatro años caducado por la falta de acuerdo político.