España encara ya la segunda fase del plan de recuperación pandémico. El Gobierno aprobó el miércoles una ampliación del plan -conocida como adenda- para poder optar a 95.145 millones de euros en fondos europeos. El 60% de todos los que Bruselas ha asignado a España. La adenda permitirá al país acceder a financiación barata a través de 84.800 millones de euros en préstamos con mejores condiciones que las que ofrece el Tesoro y además incluye otros 10.200 millones de euros de transferencias directas. 

Sin embargo, para poder recibir este dinero, el país deberá comprometer con Bruselas un nuevo paquete de reformas, como ya hiciera en la primera fase del plan. Se trata ahora de 30 medidas, de las que todavía no se conocen los detalles, que el Gobierno enviará a Bruselas a principios del año que viene y que se centrarán en cuestiones como la transición ecológica, la movilidad eléctrica o la inserción laboral. Desde el ministerio de Economía señalan que de la treintena de medidas, la mitad son nuevas y el resto son ampliaciones o refuerzos de otras ya comprometidas en la fase anterior. Además, trasladan que no se tocarán dos de las reformas que más dudas suscitan en Bruselas: ni la fiscal ni la de pensiones.

El Ejecutivo aprovechará también la ampliación del plan de recuperación para pedir a Bruselas que amplíe los plazos de ejecución y para revisar "algunos hitos y objetivos" ya aprobados en el plan original, según trasladan fuentes gubernamentales. Las mismas fuentes señalan que ya se ha producido una revisión similar en otros países y que en el caso español estará relacionada con "algunos retrasos producidos por la inflación" o "el coste de las materias primas". 

El Gobierno se prepara para pedir a la UE un nuevo tramo de fondos europeos, de los que tendrá que devolver 85.000 millones

En ese sentido, creen que "convendría reflexionar" si el plazo de 2026 -el límite fijado por la Comisión para gastar los fondos- es "demasiado ajustado". Sobre todo, si se tiene en cuenta el retraso en el desarrollo de los planes de otros países. En todo caso, insisten en que España "va a cumplir en tiempo y forma" aunque el plazo se mantenga en 2026.

84.800 millones en préstamos 

La principal novedad de esta segunda fase del plan de recuperación -que se solapará con la primera, en marcha en España desde mediados del año pasado- es la entrada en escena de los préstamos. Hasta ahora, las reformas comprometidas se habían producido a cambio de transferencias directas a fondo perdido. Es decir, dinero que la Comisión otorga a los países para gastar en políticas específicas aprobadas por la UE y a cambio de reformas estructurales.

A diferencia de las transferencias, los préstamos sí tienen que devolverse, aunque las condiciones sean ventajosas. Esto hace que esta parte de las ayudas sea menos apetecible. Las fuentes mencionadas anteriormente los reconocen que son "un instrumento útil, pero que no supone la misma ventaja económica" que las transferencias a fondo perdido.

Se trata de préstamos a devolver en un plazo de 30 años en los que en los diez primeros los Estados solo tienen que pagar los intereses. La ventaja para los países reside en que les permite financiar determinadas inversiones a un coste menor que el que les supondría hacerlo por ellos mismos. El tipo de interés que tendrán que pagar será equivalente a los costes de emisión de los bonos UE con los que la Comisión obtendrá los fondos, pero el riesgo recaerá sobre el país que los solicite. Es decir, que si las empresas o instituciones beneficiarias incurren en impagos, el Estado será quien asuma los costes, nunca Bruselas. Otra de sus ventajas respecto a un préstamo corriente es que el importe adeudado no se tendrá en cuenta para calcular el déficit, lo que facilitará el cumplimiento con las reglas fiscales europeas cuando estas vuelvan a funcionar.

Las CC AA y el ICO, los grandes beneficiarios

Para que esos 84.800 millones lleguen a la economía real, el Gobierno ha planteado dos esquemas. Por un lado, destinará 18.600 millones de los préstamos (uno de cada cinco euros) a reforzar los Perte ya aprobados. A ellos se sumarán otros 7.700 millones en transferencias directas. Estos Perte son los grandes proyectos estratégicos a través de los que se vertebran las grandes inversiones del plan. De esos 26.200 millones, 12.000 se irán a reforzar solo el Perte de los microchips. El resto se repartirán entre otros proyectos, entre los que destaca un nuevo Perte de descarbonización de la industria.

Pero el grueso de los préstamos se empleará para dotar una serie de fondos destinados a fines específicos. Los más cuantiosos serán uno destinado a las comunidades autónomas, que recibirá 20.000 millones, y otro para apoyar las inversiones verdes de las empresas, dotado con 15.000 millones e instrumentado a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). El fondo autonómico está pensado para que las comunidades puedan invertir en cuestiones como transporte sostenible, vivienda social o competitividad turística y se repartirán en base a criterios "objetivos", según Economía.

Además, se crearán dos fondos para financiar políticas sociales transformadoras. El primero es el fondo de reforma de la inclusión social, que estará dotado con 9.000 millones para financiar el ingreso mínimo vital y otras políticas de inclusión. Además, se pondrá en marcha el fondo de reforma laboral mecanismo RED al que se destinarán 5.000 millones. La idea es que este fondo actúe como una especie de 'hucha' para garantizar que el mecanismo RED -el esquema llamado a sustituir a los ERTE en crisis futuras para evitar que las empresas destruyan empleo- tiene recursos y resulta una alternativa creíble para las empresas.

Más allá de ellos se plantean otros ocho fondos, algunos nuevos y otros que ya existían, pero se refuerzan. Algunos de los fines más destacados de estos fondos son la digitalización, el apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, el desarrollo industrial, crear incentivos fiscales para que las empresas inviertan en I+D o atraer inversión extranjera.