La reforma de los delitos de malversación y sedición se encuentra ya en el Senado tras haber conseguido el voto afirmativo en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, pese a su avance parlamentario, la maniobra no acaba de convencer a buena parte de la ciudadanía. Según la última encuesta DYM para 20minutos, uno de cada dos españoles cree que la modificación de la malversación tiene como objetivo principal beneficiar a políticos condenados, en lugar de fijar penas más apropiadas, y casi tres de cada cinco considera que la reforma del Código Penal debilita el Estado de derecho.

El 51,9% de los encuestados estima que el principal objetivo de la reforma de la malversación es reducir o anular las penas a políticos condenados, un porcentaje que se eleva por encima del 65% entre los votantes de PP (68,3%) y Ciudadanos (75,6%) y que llega hasta el 83,3% entre los de Vox. En cambio, esta valoración cae al 41,7% entre el electorado del PSOE y al 24,5% en el de Unidas Podemos.

Solo el 35,8% de los entrevistados considera que la modificación de la malversación tiene como principal objetivo establecer penas más adecuadas, al distinguir tres tipos delictivos en la administración ilícita de dinero público en función de si hay o no ánimo de lucro personal. El primer de ellos, penado con entre dos y seis años de prisión e inhabilitación, se refiere a la apropiación o intento de apropiación de patrimonio público, con ánimo de lucro, para el enriquecimiento personal o de terceros. 

El segundo tipo, para el que se establecen penas de prisión de entre seis meses y tres años, comprende el uso temporal de patrimonio público, sin ánimo de apropiárselo, para uso privado; mientras que el tercero, con penas de entre uno y cuatro años de cárcel, afecta al funcionario o cargo público que dé al patrimonio público una "aplicación distinta a aquella a la que estaba destinado". Solo uno de cada dos votantes socialistas cree que esta nueva ordenación responde a una voluntad de establecer penas más adecuadas, una proporción que se eleva hasta el 64,5% entre el electorado de la formación morada.

Henar de Pedro

En la misma línea, menos del 20% de los entrevistados considera que tanto la reforma de la malversación como la supresión de la sedición, que se sustituye por un tipo penal llamado "desórdenes públicos agravados", hayan sido promovidas por el Gobierno de Pedro Sánchez para mejorar el Código Penal. En su lugar, el 65,9% considera que han sido concesiones del Ejecutivo a los partidos nacionalistas para aprobar los presupuestos.

Esta segunda postura es compartida mayoritariamente por el electorado de todas las formaciones políticas, salvo el de UP, si bien los porcentajes de apoyo oscilan entre el 62,7% de los votantes socialistas y el 89,1% de los de Ciudadanos. En cambio, las filas de la formación morada se encuentran divididas entre un 45,7% que comparte la tesis de la concesión a partidos nacionalistas y un 46,2% que estima que la modificación ha Estado motivada por una voluntad del Gobierno de mejorar el Código Penal.

PSOE y ERC pactan rebajar la malversación a un máximo de cuatro años de cárcel y a tres en los casos sin ánimo de lucro

De este modo, el 56,8% de los encuestados opina que la rebaja de las penas por malversación y la derogación de la sedición debilitarán el Estado de derecho, frente a un 26,1% que cree que lo reforzarán. El porcentaje de entrevistados que valora negativamente el impacto de la reforma sobre el Estado de derecho supera el 70% entre los votantes de Vox (88,8%), PP (77,0%) y Ciudadanos (72,1%).

De hecho, a pesar de que ha sido el PSOE quien, junto a ERC, ha impulsado la reforma del Código Penal, el electorado socialista no percibe la maniobra como un refortalecimiento del Estado de derecho. Solo el 37,1% lo ve así, frente a un 51,6% que cree que lo debilitará. Únicamente los votantes de UP apoyan mayoritariamente la percepción de refortalecimiento (45,3%).