El Senado ya ha dado el primer paso para la derogación de la sedición y la rebaja de penas por malversación, pero sin incluir la modificación del modelo de elección de magistrados del Tribunal Constitucional por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La Comisión de Justicia de la Cámara Alta ha aprobado este martes el dictamen de la reforma por 16 votos a favor, 11 votos en contra y dos abstenciones. 

Las enmiendas que presentaron PSOE y Unidas Podemos para forzar la renovación del Constitucional fueron suspendidas el lunes por el propio tribunal de garantías, que admitió a trámite un recurso de amparo del PP y aplicó las medidas cautelarísimas que solicitaba este partido. La decisión del TC será recurrida por el Senado y el Congreso. 

La Cámara Alta ha tenido que separar quirúrgicamente estas enmiendas de los grupos parlamentarios del Gobierno, que estaban incluidas en el texto legal aprobado este martes en la Comisión de Justicia y que se llevará este mismo jueves, 22 de diciembre, al Pleno. Esto ha provocado que la Comisión prevista para las 9.15 horas se retrasase hasta el mediodía, después de que los ponentes reformulasen la propuesta omitiendo las enmiendas suspendidas por el Constitucional. La Comisión de Justicia ha rechazado los cinco vetos que han presentado PP, Vox, Junts, Ciudadanos y UPN.

A pesar de que la reforma del Gobierno para renovar el TC estaba suspendida y de que las enmiendas ya estaban retiradas y formalmente no formaban parte del debate en la comisión, este tema es el que ha centrado todas las intervenciones de los senadores. El portavoz del PP en la Comisión de Justicia, Fernando de Rosa, ha denunciado los "ataques, descalificaciones e insultos a miembros del Poder Judicial", que, según asegura, se han producido desde el inicio de la legislatura.

También ha alegado, en referencia a la reforma de la malversación y la sedición, que "no puede modificarse el Código Penal para favorecer o perjudicar a alguien". De Rosa ha señalado que la rebaja de penas por malversación va a causar "los mismos efectos que la ley de solo sí es sí", porque "van a producirse excarcelaciones de corruptos". 

José María Oleaga, portavoz del Grupo Socialista, ha cargado contra la decisión del Constitucional, alegando que "pone en cuestión los derechos de los senadores y los ciudadanos a los que representan". "Es algo desconocido y seguro que estará causando asombro en la Unión Europea", ha añadido. Oleaga se ha mostrado "optimista" y ha asegurado que la situación se revertirá pronto, cuando se solucione "el problema de fondo, que es el bloqueo del Partido Popular". 

"Nos han hurtado la oportunidad de votar, es de difícil justificación desde el punto de vista jurídico y deja muy dañada la credibilidad de los poderes del Estado", ha alegado, por su parte, la portavoz del Grupo Vasco, Estefanía Beltrán. "El socavamiento de las instituciones tiene un único beneficiario, la extrema derecha", ha advertido al Grupo Popular.

El senador de Junts Josep María Cervera ha cargado también contra el tribunal de garantías, al que ha acusado de interferir en la votación del Senado y confirmar que "España dista mucho de ser una democracia plena". "Aunque algunos lo veníamos diciendo desde hace tiempo", ha apuntado.

Congreso y Senado recurrirán el auto del Constitucional

El Senado dejó claro el lunes por la noche que acata el auto del Tribunal Constitucional que impide a esta Cámara sacar adelante las enmiendas del PSOE y Unidas Podemos y forzar así la renovación de este tribunal. Sin embargo, y siguiendo las vías legales, la Cámara Alta ha acordado durante la mañana de este lunes personarse en el procedimiento del Tribunal Constitucional. La misma decisión ha tomado la Mesa del Congreso de los Diputados, que presentará sus alegaciones en los próximos días. 

Representantes de ambas Cámaras comparecieron durante la noche del lunes, poco después de conocerse la decisión final del tribunal de garantías, para transmitir su preocupación por una situación "inédita en la democracia española". El presidente del Senado, Ander Gil, denunció que el PP instrumentalizaba el Constitucional "para obtener lo que no puede extraer del debate legislativo ante las Cámaras". 

Acto seguido, Gil criticó la decisión tomada por el TC, que calificó como un "paso de difícil retorno en la degradación de nuestro sistema democrático". Por eso, el presidente del Senado anunció que recurriría la decisión del Constitucional, que a su parecer ha dejado la inviolabilidad del Parlamento "seriamente comprometida".