Enfado monumental entre los empresarios españoles. Las principales organizaciones empresariales del país -CEOE y Cepyme- han emitido este miércoles un duro comunicado conjunto en el que acusan al Ministerio de Trabajo de traicionar la reforma laboral y, en consecuencia, han decidido romper el diálogo con el departamento que dirige Yolanda Díaz. 

El detonante es una polémica enmienda a la Ley de Empleo impulsada por Bildu y que ha asumido el Ejecutivo. Dicha enmienda habilita a la inspección de trabajo para que se pronuncie sobre las causas de un ERE cuando este se produce, una facultad que se perdió con la reforma laboral de Mariano Rajoy en 2012 y que, según los empresarios, no aparecía en la nueva reforma que el Gobierno aprobó con el apoyo de los agentes sociales a finales del año pasado.

"A la espera de una rectificación, los empresarios españoles rechazamos la interlocución con el Ministerio de Trabajo por entenderla tramposa y contraria a la buena fe", señala el comunicado difundido por CEOE y Cepyme. Los empresarios señalan que esta enmienda es "una traición al acuerdo alcanzado en la reforma laboral". 

"En la medida que este asunto fue debatido en los trabajos de la reforma laboral, y apartado de mutuo acuerdo en aras del consenso, la actuación del Ministerio a través de la enmienda de EH Bildu supone una ruptura de la buena fe negocial, imprescindible en todo proceso de negociación, que obliga a las partes a respetar y defender los acuerdos alcanzados, actuación que invalida al Ministerio de Trabajo como interlocutor fiable", reza el texto difundido este miércoles.

Desde la patronal, matizan a 20minutos que el comunicado no supone una ruptura total de los contactos entre Trabajo y CEOE, sino una "advertencia" ante un movimiento que ha despertado "mucha molestia" entre los empresarios. La patronal defiende que durante las negociaciones de la reforma laboral se acordó dejar la cuestión de los ERE fuera del texto. Asimismo, añaden que una ruptura total del diálogo con Trabajo necesitaría del aprobado de la Junta Directiva de CEOE, que se reunirá el próximo 21 de diciembre para discutir el asunto.

De igual manera, la nota que han trasladado los empresarios advierte que esta enmienda podría ser "contraria a la Constitución y al derecho a la libertad de empresa". Y, además, sostienen que contraviene la normativa europea "que no admite una regulación que sustraiga al empresario la facultad decisoria, como establecen numerosas sentencias".

Trabajo cree que CEOE miente

Tras conocer el comunicado, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que esta modificación ya se conocía desde hacía un año, dado que se había incluido en el plan estratégico de la Inspección de Trabajo. "La patronal, igual que los sindicatos, conoce desde hace un año esta medida, por eso no tiene nada que decir", ha afirmado. 

Díaz ha recordado que la medida forma parte del acuerdo de coalición del Gobierno y ha negado que se discutiera la cuestión durante las negociaciones de la reforma laboral. "Nunca se trató este asunto en la reforma laboral, no es verdad eso que se está diciendo", ha insistido, contradiciendo la versión de la patronal. En todo caso, la vicepresidenta ha confiado en que los agentes sociales "cumplirán con su papel" y "van a seguir dialogando". 

Enmienda a la reforma de Rajoy

La enmienda que ha soliviantado a la patronal introduce un cambio en el artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores y era una condición que Bildu exigía para dar su visto bueno a la Ley de Empleo. Una ley que está entre los compromisos que el Ejecutivo adquirió con Bruselas para recibir los fondos europeos de recuperación. 

La modificación introducida por Bildu establece que, cuando se produzca un ERE, la Inspección de Trabajo elaborará un informe en el que evaluará si concurren en él las causas especificadas de despido y si la documentación que aporta la empresa para justificarlas se ajusta a esas causas. Por tanto, la Inspección de Trabajo, "evaluará y emitirá su conformidad o no sobre las causas alegadas por la empresa para la ejecución del despido colectivo, aportando así una medida de protección laboral capital para los trabajadores y trabajadoras frente a las empresas".

"Hemos conseguido que la inspección del Trabajo tenga que tener un papel fundamental a la hora de determinar que las causas objetivas existen en todo proceso de despido. Es decir, que los trabajadores no queden al capricho de un juez", señalaba Oskar Matute, portavoz de EH Bildu en el Congreso, tras anunciar la aprobación de la enmienda.

La facultad para elaborar esa evaluación se suprimió con la reforma laboral de 2012. Con la norma aprobada durante el mandato de Rajoy, la inspección se limitaba a verificar que se cumplía el proceso de ERE, pero no tenía potestad para pronunciarse sobre las causas.