Amnistía Internacional ha recopilado pruebas sobre lo transcurrido el 24 de junio en el "barrio chino" de Nador, frontera entre Melilla y Marruecos, y ha asegurado este martes que "hubo asesinatos en suelo español, desapariciones forzadas en Marruecos, tortura, discriminación, racismo y devoluciones en caliente en terreno europeo". Así lo ha trasladado la secretaria general de la ONG, Agnès Callamard, durante una rueda de prensa de presentación del informe Le golpearon en la cabeza para comprobar si estaba muerto: pruebas de crímenes de derecho internacional cometidos por Marruecos y España en la frontera de Melilla. Junto a ella, el director de Amnistía en España, Esteban Beltrán, ha añadido que "varios de los hechos indicados por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, [sobre la conocida 'tragedia de Melilla'] son falsos".

Beltrán ha solicitado al Gobierno de España "que deje de negar las torturas, el uso excesivo de la fuerza y los homicidios" de los que considera que es responsable. "El Ejecutivo debe rectificar en toda regla e iniciar las investigaciones pertinentes", ha zanjado.

Los crímenes cometidos por España y Marruecos

La investigación de Amnistía Internacional, fundamentada en "testimonios, vídeos e imágenes satelitales", concluye que tanto el Estado marroquí como el español violaron el derecho internacional y los derechos humanos el 24 de junio. Pese a que Marruecos ha sostenido todo este tiempo que las personas que trataron de cruzar la vaya atacaron con machetes, piedras y cuchillos a los policías, Amnistía Internacional asegura que la fuerza utilizada por ambos cuerpos policiales (el marroquí y el español) fue "desproporcionada e injustificada". 

"Estuviesen vivos o muertos se les continuaba pegando"

Las palabras pronunciadas este martes por Callamard hablan con especial crudeza de la actuación policial en la frontera, ofreciendo un relato (apoyado por el informe de Amnistía) muy distinto al de los gobiernos de Marruecos y España. "La policía tiró piedras, lanzó granadas lacrimógenas, utilizó gas pimienta en espacios cerrados que no permitían la dispersión de las personas que trataban de cruzar", ha explicado. "Los heridos fueron apaleados y pateados cuando ya estaban en el suelo semi inconscientes". La gente cayó de las vallas y, una vez caídos, se les agredió. Estuviesen vivos o muertos se les continuaba pegando", ha zanjado la secretaria general de la organización. 

Más allá de la violencia utilizada, el informe apunta dos claves para la denuncia de los hechos: Las devoluciones en caliente a Marruecos, que van en contra de la legislación española y el derecho internacional, y la falta de asistencia médica por parte de España y Marruecos. "Las personas heridas quedaron sin atención a pleno sol durante periodos de hasta ocho horas. Se priorizó la asistencia de agentes y el traslado de cadáveres frente a la prestación servicios sanitarios básicos a supervivientes", explica Amnistía. 

El informe muestra también que las autoridades españolas no permitieron  la entrada de Cruz Roja ni ayudaron en ningún modo a los heridos a lo largo del día. "No solo manifestó crueldad, supuso el incumplimiento de la protección del derecho a la vida", ha señalado Callamard a este respecto. 

Sobre las devoluciones en caliente, que constituyen una violación del derecho internacional y sucedieron hasta en 470 ocasiones el 24 de junio, Amnistía Internacional ha hablado de "desprecio absoluto" a esta piedra angular de los derechos de los refugiados por parte de la Guardia Civil española y sus homólogos marroquíes. Según uno de los testimonios que componen su estudio, las autoridades del lado español de la frontera obligaron a personas heridas que todavía sangraban a cruzar de nuevo la frontera y quedar en manos de la policía de Marruecos, que posteriormente los trasladó a la cárcel, donde se vulneraron sus derechos más esenciales. 

Las autoridades marroquíes han desoído otra de las normas internacionales, la que obliga a proporcionar información lo antes posible a los familiares de personas fallecidas, heridas o bajo custodia de las fuerzas de seguridad. Un mandato que se ha contradicho a pesar de que hasta 77 personas se encuentran desaparecidas a raíz que estos sucesos. Al menos dos ONG aseguran que las autoridades marroquíes impidieron su entrada en los hospitales y en las morgues, para obstruir la búsqueda de víctimas heridas y fallecidas. 

Seis meses sin rendición de cuentas

Los crímenes cometidos en la valla de Melilla en junio parecen cada vez más irrefutables, aún más a partir de hoy, tras la publicación del informe de Amnistía Internacional. Por eso la organización demanda que "se investigue con urgencia" lo acontecido y se rindan las debidas cuentas. "La transparencia está radicalmente ausente y ningún funcionario, marroquí o español, ha comparecido ante la justicia", denuncia el informe. 

El ministro del Interior no ha proporcionado aún el material fílmico solicitado por la Fiscalía, que debería decidir antes de acabar el año si abre una investigación. La postura de Amnistía es que la investigación "debe llevarse acabo por que hay pruebas suficientes para ello". 

Por último, la ONG ha denunciado las nocivas políticas de España y Europa con Marruecos, basadas en la externalización del control migratorio. La secretaria general, Agnès Callamard ha alegado, concretamente, que España y Europa contratan a Marruecos "para hacer el trabajo sucio con consecuencias letales".