La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo aprobó este miércoles un informe en el que reclama protocolos de acción "claros" contra el abuso de menores tutelados en Baleares para "evitar presiones políticas", además de señalar "encubrimientos políticos" y pedir que los tribunales diriman "cualquier responsabilidad a nivel político" frente a estos casos.

Estas son las conclusiones del informe redactado tras la visita de parlamentarios europeos a Palma de Mallorca para recabar información y agilizar más las investigaciones sobre los abusos a menores tuteladas por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS). El debate del documento provocó un cruce de acusaciones entre diputados españoles.

El texto fue aprobado por 20 votos a favor y uno en contra después de que socialistas, Verdes e Izquierda se salieran en bloque de la sala en protesta porque sus aportaciones no se hayan tenido en cuenta en el informe final.

La eurodiputada del BNG Ana Miranda fue la primera en pedir la palabra antes del voto para transmitir una carta de su compañera en el grupo de los Verdes que había acudido a la misión en la que denunciaba la ausencia de reuniones con los diputados de otros grupos que también debían participar en la redacción de parte del texto, que no se hubieran acordado las comunicaciones a prensa con todos los diputados o el retraso en la redacción del informe.

Aún más dura fue su compañera danesa Margrete Auken, que lamentó que en este órgano parlamentario "siempre se trataba de llegar a un entendimiento" y ahora ha pasado a ser un espacio en el que "siempre que se trata de España hacen lo mismo" porque "el PP tiene mayoría, se vota y ganan".

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Desde el PP, tanto la presidenta de la Comisión de Peticiones, Dolors Montserrat como el encargado de la redacción del texto, el austríaco Peter Jahr, defendieron que las posturas discrepantes figuran como opinión minoritaria en el informe y se mostraron partidarios de que estos desencuentros se resuelvan votando.

También la socialista Cristina Maestre criticó el texto como "un informe manipulado por la estrategia política de la derecha española", cuyo resultado "se basa en ataques al Gobierno de España", mientras que Jorge Buxadé (Vox) acusó al bloque progresista de "encubrir" los hechos en los parlamentos autonómicos y nacionales españoles.

Estrecho seguimiento de las propuestas

El texto final opta por mantener abierta la petición que en su día transmitió a la comisión de Peticiones de la Eurocámara José Luis Sánchez Saliquet, un empresario balear y candidato de Vox al Senado, que denunciaba como "insostenible" la "inacción y el silencio del gobierno balear" ante el caso de 16 menores tuteladas por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) víctimas de abusos sexuales.

Finalmente, la Comisión de Peticiones asegura que, "en vista de la gravedad de la situación, y del hecho de que Baleares es la región con más niños en peligro de toda España, la aplicación de las medidas propuestas debe ser objeto de un estrecho seguimiento", asegura el informe.

Los eurodiputados recomiendan "aumentar sustancialmente los recursos del sistema de protección agilizando todas las investigaciones de los casos de abuso o explotación infantil, especialmente teniendo en cuenta el riesgo potencial de encubrimiento político".

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Ven necesarios, además, protocolos y planes de acción y prevención para "posibles víctimas de abuso y para la identificación temprana de casos de abusos sexuales y explotación, así como para evitar las presiones políticas".

La Eurocámara aboga también por promover la creación de figuras de mediadores que aporten un "acompañamiento complementario a los menores" más allá de los tutores y equipos profesionales y que faciliten "la creación de un vínculo de confianza que complete la calidad de los sistemas de cuidados y contribuyese a minimizar los riesgos psicosociales para los menores".