El bloqueo en leyes clave para Podemos como trans, vivienda o familias eleva al máximo la tensión entre los socios de Gobierno

El presidente Pedro Sánchez junto a la ministra de Igualdad, Irene Montero.
El presidente Pedro Sánchez junto a la ministra de Igualdad, Irene Montero.
EFE
El presidente Pedro Sánchez junto a la ministra de Igualdad, Irene Montero.
EFE - ATLAS

Una vez aprobados en el Congreso los Presupuestos Generales del Estado para 2023, la tensión ha vuelto a instalarse en el seno de la coalición. Y de manera notable, ya que los decibelios han vuelto a subir no por una ley concreta, sino por varios articulados que, además, son clave para Unidas Podemos. Es el caso de la ley trans, la de vivienda o la de familias, que el PSOE lleva retrasando semanas. La última vez, este mismo martes. El Ejecutivo planeaba aprobarla en el último Consejo de Ministros, pero Moncloa la ha vuelto a frenar por "observaciones" que no detallan. También ha producido un conato de incendio la reforma de las pensiones de José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social, de la que los 'morados' se desvincularon minutos después de hacerse pública.

La paralización de la ley de familias ha sido la gota que ha colmado el vaso, pero lo cierto es que la crisis entre los socios de Gobierno lleva días larvándose. Para empezar, porque Moncloa decidió que el anteproyecto no recibiría luz verde del Consejo de Ministros para empezar a tramitarse el lunes por la noche, con menos de 12 horas de antelación, algo que ha soliviantado a Unidas Podemos. Y, para seguir, porque el texto -que según Derechos Sociales lleva un año terminado- había recibido ya la conformidad de todos los órganos gubernamentales por los que deben pasar los proyectos legislativos antes de ser analizados en el Consejo de Ministros.

Fue el jueves pasado cuando la ley pasó por la Comisión General de secretarios y subsecretarios de Estado, el llamado 'Consejillo', que filtra los asuntos que llegan los martes al Consejo de Ministros. Allí, según Derechos Sociales, la norma quedó lista para ser aprobada a excepción de unos últimos flecos, que se estuvieron negociando durante el fin de semana. No obstante, el ala del Gobierno del PSOE explica que, ya ese jueves, la ley de familias recibió varias "observaciones" que los socialistas no detallan pero que son las que, en última instancia, habrían paralizado la tramitación del texto.

Las fuentes de Unidas Podemos consultadas aseguran no haber recibido ninguna explicación concreta de la Moncloa sobre por qué el texto ha vuelto a quedar bloqueado y señalan que el PSOE únicamente les ha pedido "tiempo" para estudiar la norma, mientras fuentes de Presidencia del Gobierno se limitan a señalar que no se han terminado de discutir estas "observaciones" sin concretar cuáles son. En los últimos días, no obstante, han sido varios los asuntos que han estado negociando los socios de Gobierno, entre ellos las definiciones de los tipos de familia que recoge la ley -claves para determinar a quién le afecta cada una de las medidas, por ejemplo- o la extensión de algunas ayudas a familias a las que hasta ahora no beneficiaban.

PSOE y Unidas Podemos no han pactado aún una nueva fecha para que la ley de familias sea por fin aprobada en el Consejo de Ministros, por lo que es imposible determinar aún si este nuevo bloqueo apenas retrasará unos días el inicio de la tramitación de la norma o, por el contrario, ésta quedará congelada sine die. No obstante, incluso si saliera adelante en las próximas semanas, la aprobación del anteproyecto de ley no garantiza una tramitación sin sobresaltos: otras leyes clave para los morados, como la de vivienda, llevan meses bloqueadas en el Congreso, en este caso por la exigencia de Unidas Podemos -junto a ERC y EH Bildu- de implementar un mecanismo de control de precios del alquiler más restrictivo y más limitaciones a los desahucios sin alternativa habitacional.

Los problemas con los que se han encontrado los últimos días las leyes trans y de familias no han sido los únicos. También la reforma de pensiones de Escrivá ha soliviantado a los morados. Este lunes por la noche, Seguridad Social dio a conocer su propuesta, que pasa por ampliar progresivamente el periodo de cómputo de la pensión a 30 años descartando los dos peores años cotizados, lo que significaría que la pensión se calcularía con los mejores 28 de cotización dentro de un periodo total de tres décadas. Este cambio ampliaría en cinco años el periodo de cómputo, ya que en la actualidad se calcula con los últimos 25 años de cotización. "Esto no es recuperar derechos, es recortar derechos", dijo la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz al respecto, mostrando el rechazo del ala morada a la idea de Escrivá, con quien la sucesora de Pablo Iglesias ha tenido algún que otro desencuentro más.

Asimismo, estos problemas se suman a los que existen en materia de vivienda o ley mordaza. Todo ello indica, a juicio del portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, la aparición de "señales preocupantes" de que el PSOE está "haciendo algún tipo de cálculo político o electoral" por el cual los socialistas consideran que les beneficia retrasar o impedir la aprobación de normas que salen de los ministerios morados. "El PSOE se equivocaría si pensara que el hecho de que no salgan adelante leyes lideradas por ministerios de Unidas Podemos les proporciona algún tipo de ventaja", espetó Echenique.

No obstante, desde Moncloa niegan que exista tensiones. Gestión, gestión y más gestión, repiten. Su intención es que el ruido no acalle lo que va aprobando el Gobierno. Fuentes del entorno del presidente recuerdan que PSOE y Unidas Podemos han logrado aprobar más de 174 leyes. Algunas con más dificultades, como la reforma laboral -salió por el error de un diputado del PP, Alberto Casero-, y otras con más holgura, como los citados Presupuestos, que cosecharon una mayoría de 187 diputados en el Congreso la semana pasada, 20 más que los que apoyaron la investidura del presidente Pedro Sánchez en enero de 2020. 

"La única tensión que mueve al Gobierno es la de resolver los problemas de la ciudadanía", ha dicho este martes la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez. La también responsable de Política Territorial no ha ocultado que una coalición tiene más dificultades que un gobierno en solitario, pero "lo que reivindicamos no es el debate previo, sino su acción final". Entre esas acciones finales, ha destacado el aumento de las pensiones -un 8,5% en 2023-; la subida de las becas o la gratuidad de los abonos de Cercanías y Media Distancia de Renfe durante todo el próximo año. "No son hechos fortuitos, estamos muy satisfechos", ha insistido la ex alcaldesa de Puertollano, que ha ido más allá al asegurar que el Gobierno "está mejorando la vida de la gente y transformando el país".

A preguntas de los periodistas, la ministra portavoz también ha asegurado que "no es necesario" convocar la comisión de seguimiento del acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, el organismo encargado de velar por el cumplimiento del pacto de Gobierno que ambas formaciones firmaron tras las generales de 2019 y que apenas se ha reunido cinco veces en estos casi tres años.

Rodríguez ha recordado que el Gobierno se ve periódicamente los martes en Consejo de Ministros y los jueves en la Comisión de secretarios y subsecretarios de Estado. El lunes también coincidieron en la comisión delegada de Asuntos Económicos. "Estamos en permanente contacto", ha proseguido la portavoz, que sí ha reconocido que es un momento "especial" al ser final de año. Más aún si se tiene en cuenta que el próximo curso hay elecciones municipales y autonómicas en mayo y generales, a finales, por lo que desde el Gobierno hay una intención de solucionar todas las polémicas antes de que suenen las campanadas para poder tener una campaña tranquila.

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