La Generalitat exigirá el nivel C1 de valenciano a los nuevos funcionarios de alto rango (grupos A1 y A2) a partir de 2025, mientras durante los dos próximos años habrá un periodo transitorio en el que deberán contar con un B2. Además, homologará la capacitación en esta lengua a los alumnos que acaben ESO y Bachillerato, sin necesidad de un examen específico: los que aprueben la asignatura obtendrán un B1 en ESO y B2 en Bachillerato y los que superen un 7 en este último ciclo tendrán reconocido el C1.

Así lo han anunciado en rueda de prensa las conselleras de Administración y Educación, Gabriela Bravo y Raquel Tamarit, respecto al requisito lingüístico para los funcionarios que lleva años pendiente por las negociaciones entre PSPV y Compromís en el seno del gobierno del Botànic. Se trata de dos decretos que entrarán en vigor durante el primer semestre de 2023 y que no afectarán a categorías profesionales como docentes —ya tienen su normativa— o sanitarios —el valenciano seguirá como mérito— ni a los funcionarios que ya tienen plaza, pero sí a los interinos que quieran conseguirla.

Bravo y Tamarit han defendido este despliegue normativo para garantizar que la ciudadanía pueda escoger la lengua con la que se dirige a los funcionarios, dando cumplimiento al Estatut d'Autonomia. "Está en juego el derecho de los valencianos a elegir la lengua que quieran", ha subrayado la titular de Administración, mientras la de Educación ha asegurado que la Comunitat Valenciana estará así "a la altura" de otras autonomías con lengua propia como Galicia.

En concreto, a partir de 2025 se exigirá un C1 de valenciano a los grupos A1 y A2 (altos funcionarios con estudios universitarios), que se reconocerá a todos los estudiantes que superen la asignatura con una calificación media de siete o superior en los dos cursos de Bachillerato. A los grupos B y C1 se pedirá un B2, que será homologado si aprueban Valenciano en Bachillerato. 

Los funcionarios C2 deberán contar con un nivel B1, que también recibirán si superan la asignatura en los cuatro cursos de ESO. En los tres casos, tendrá efectos retroactivos para todos los alumnos que hayan acabado sus estudios a partir del curso 2021-2022.

Período transitorio

Hasta 2025 se establecerá un periodo transitorio en el que los funcionarios A1, A2, B y C1 deberán acreditar un B2 --nivel que tendrán homologado automáticamente si aprueban la asignatura en Bachillerato--, mientras a los del grupo C2 se les exigirá igualmente un B1 que obtendrán superando Valenciano en la ESO.

Esta capacitación afecta a las convocatorias de oposiciones de la administración y los organismos públicos autonómicos, los consorcios adscritos a la Generalitat, los ayuntamientos y el personal no docente de las universidades públicas de la Comunitat. Las oposiciones que se convoquen, una vez publicado el decreto, ya contemplarán el requisito lingüístico en cada categoría.

Homologación

Paralelamente, la Conselleria publicará en la primera mitad de 2023 el decreto que regulará la homologación lingüística con los estudios, algo que ya preveía el programa de educación plurilingüe. El objetivo es que todos los alumnos cuenten con un B1 al acabar la ESO y con un B2 al superar Bachillerato.

La homologación tendrá carácter retroactivo para los estudiantes de años anteriores que hayan cursado valenciano, unas acreditaciones que podrán solicitar a través de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. En el caso de Bachillerato, el alumnado que supere Valenciano con al menos un 7 de nota en los dos cursos contará con un C1 de valenciano, con carácter retroactivo desde 2021-2022.

Bravo ha garantizado que "no será necesario realizar otro examen" para acceder a la administración y ha hecho hincapié en que el requisito no afectará ni a los docentes ni a los sanitarios porque tienen su regulación específica propia. "Se trata de poner el valenciano al mismo nivel del castellano (...) Es lógico", ha aseverado, y ha rechazado que esto suponga "endurecer" el requisito.

También ha asegurado que "de ninguna forma puede perjudicar" esta capacitación a los funcionarios que ya tienen plaza en la administración, ya que el valenciano no era un requisito cuando accedieron. Eso sí, ha puntualizado que los interinos que quieran concurrir a un puesto deberán cumplir con la norma vigente en el momento de la oposición.

Zonas castellanoparlantes

Tamarit, por su parte, ha justificado la necesidad de un "tiempo transitorio" para llevar a cabo la homologación y ha confirmado que será de aplicación para las zonas castellanoparlantes, aunque ha remarcado que la exención del valenciano es "muy residual". Según ha apuntado, en Primaria es del 0,2%, en la ESO entre un 1,1 y un 3,2% y en Bachillerato del 8,4%.

"Es lógico que en una comunidad bilingüe se exija el conocimiento de los dos idiomas", ha insistido la responsable de Educación, quien ha agradecido a Bravo su "predisposición para llegar a un acuerdo" y ha celebrado que este es "un día muy especial en el que se ha demostrado que acordar es la política útil".

Ha descartado además que esto suponga un impedimento de acceso para trabajadores de otras autonomías, ya que ha garantizado que "se elegirá a los mejores". ¿"Por qué tenemos que pensar que esos no son los que saben valenciano?", se ha preguntado, y se ha marcado como objetivo llegar a "vehicular al 50%" las dos lenguas oficiales para no tener que pedir el valenciano como requisito.