El pleno del Congreso aprobó, por amplia mayoría, el día 3 de noviembre, la Ley de Institucionalización de la Evaluación de Políticas Públicas en la Administración General del Estado, y ahora sigue su tramitación en el Senado. Es una norma con la que se promueve una verdadera cultura de la evaluación, mediante el establecimiento de una sistematización del análisis de las diversas medidas adoptadas y políticas puestas en marcha por el Ejecutivo.

Con esta ley situamos la institucionalización de la evaluación de políticas públicas en el nivel europeo más avanzado al optar por una norma de máximo nivel dedicada en exclusiva al sistema público de evaluación, desde una perspectiva sistémica e integral que abarca todo el ciclo de la política pública, desde su planificación hasta sus impactos, el proceso de evaluación y la organización.

La aprobación de esta norma constituye uno de los hitos del componente 11 del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia relativo al refuerzo del sistema de evaluación de las políticas públicas, como herramienta imprescindible para mejorar la acción de gobierno, conseguir políticas públicas más eficaces y eficientes, además de un elemento idóneo en la profundización de la democracia y la transparencia.

La ley establece herramientas de evaluación: ex-ante, intermedias y ex–post, lo cual consigue ofrecer una dinámica integral. Esta ampliación del enfoque de análisis que el texto desarrolla, deja claro que la AIREF ya realizaba la evaluación ex-post con la revisión del gasto público en las políticas, lo cual seguirá realizando y ahora avanzamos hacia una evaluación de diseño, de implementación y de resultados.

Desde que entre en vigor esta ley, los anteproyectos de ley, los programas o planes estratégicos, y todo tipo de documento de planificación estratégica e iniciativas que desarrollen políticas públicas deberán incorporar, antes de ser aprobados, un “Informe de Evaluabilidad”, con el fin de verificar la calidad y precisión del diagnóstico realizado, la viabilidad, coherencia y consistencia del diseño elaborado, la claridad, suficiencia y accesibilidad del sistema de información y evaluación previsto.

A las derechas estos cambios les cuesta aceptarlos, ya que hablar de transparencia, mejorar la democracia, independencia, autonomía, etc. se les atraganta

La creación de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas ofrece independencia y autonomía a las evaluaciones, además de supervisión, coordinación e impulso al sistema en la Administración General del Estado. Con esta ley avanzamos hacia una evaluación independiente, objetiva y participativa, que sirva como estímulo a la innovación del sector público: de su modernización y su digitalización, lo cual repercutirá de forma positiva en la ciudadanía.

Pero hay un aspecto de la ley que ofrece una novedad, y sella un compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez, ya que contempla como uno de los criterios de evaluación la prevención de la despoblación. Para ello, establece un “Mecanismo Rural de Garantía”, elaborando una metodología de evaluación específica que tenga en cuenta los principios, recomendaciones y herramientas propuestas por la Unión Europea en este ámbito, incorporando a la evaluación los efectos territoriales, sobre el medio y la sociedad rural, asegurando la participación de los actores interesados en su diseño y aplicación.

Todo ello constituye un hito en nuestro país, demandado desde las zonas afectadas por el reto demográfico desde hace tiempo y que ahora es una realidad, marcando un antes y un después en la evaluación y planificación en nuestro país, gracias a la iniciativa del Gobierno de España.

La creación de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas ofrece independencia y autonomía a las evaluaciones

Todo ello se une a la obligación de analizar el impacto de las políticas públicas en cuestiones tan importantes como la mejora del estado del bienestar, la igualdad, el medio ambiente y la transición energética, la extensión de derechos de la ciudadanía, el crecimiento económico, el empleo digno, estable y de calidad, la solidaridad intergeneracional, la redistribución de la riqueza y los ODS de la agenda 2030.

A las derechas estos cambios les cuesta aceptarlos, ya que hablar de transparencia, mejorar la democracia, independencia, autonomía, etc. se les atraganta, pero pronto nuestro país avanzará en este marco y volveremos a estar en la vanguardia europea.