El PSOE y Unidas Podemos presentarán finalmente este viernes una propuesta que incluirá la supresión del delito de sedición y su sustitución por un tipo penal llamado "desórdenes públicos agravados", que presumiblemente conllevará una rebaja de las penas. Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cumple de esta forma con uno de sus compromisos políticos de legislatura y con una de las exigencias de uno de sus principales socios parlamentarios, ERC, que había zarandeado de nuevo el debate en las últimas semanas a colación de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023, a los que el presidente parece darles el impulso definitivo con este movimiento.

En una entrevista en laSexta, Sánchez ha avanzado que su intención es que el ilícito que figure en el Código Penal sea "homologable al de otras democracias europeas", para lo cual ha citado países como Alemania, Francia, Bélgica, Suiza o Italia. De este modo, ha dado a entender que las penas que se contemplen en la nueva figura jurídica serán más bajas a las que actualmente se prevén para quienes cometen sedición, el delito por el que fueron condenados los exdirigentes independentistas por el procés, incluido el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras. En la actualidad, la sedición está penada entre un mínimo de ocho años de prisión y un máximo de 15.

El presidente también ha desvinculado esta reforma de las exigencias impuestas por ERC para aprobar los Presupuestos, algo que el Gobierno viene defendiendo desde hace semanas al querer desligar ambas negociaciones. Así las cosas, ha añadido que él lo ha "reivindicado desde siempre" y ha afirmado que "el independentismo no pide una reforma" del delito, sino "la amnistía" de los imputados en las causas relacionadas con el procés -incluidas las que aún hay abiertas en Cataluña-, y eso es "algo que este Gobierno no va a aceptar". Todo ello, pese a que ERC ha reaccionado positivamente minutos después del anuncio.

Sánchez ha insistido en que su intención desde que accedió a la Moncloa tras la últimas elecciones generales era la reforma de la sedición "si hay una mayoría parlamentaria" que la apoyara. "A lo largo de las últimas semanas hay varios grupos que han dicho estar dispuestos y llamarlo desórdenes públicos agravados, como otras democracias a las que España se quiere equiparar", ha remarcado, revelando así que la propuesta de PSOE y Unidas Podemos llega al Congreso tras contactos previos con otros partidos, sin mencionar cuáles.

El desliz de Montero y la ruptura con el PP

El jefe del Ejecutivo había eludido en los últimos meses presentar cualquier tipo de reforma del Código Penal en este sentido, alegando que no había mayoría que lo sustentara. Era la postura que mantenía cuando la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cometió el desliz de decir hace dos semanas en la tribuna de oradores del Congreso que el Gobierno presentaría una propuesta de reforma. Minutos después se desdijo, pero estas palabras y el hecho de que el asunto hubiese vuelto al debate político y de que ERC recuperara su exigencia fue lo que usó el PP para romper las negociaciones sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Sánchez, que ha enmarcado esta reforma en sus políticas para mejorar la convivencia en Cataluña, ha querido hacer hincapié en que el delito de sedición tal y como está en el Código Penal actual "fue redactado en 1822, hace 200 años" y que en este tiempo "España ha cambiado a mejor". Por eso, ha justificado, el Ejecutivo quiere "dar un paso adelante de homologación con Europa".

En esta "homologación" en la que el presidente del Gobierno ha insistido varias veces, ha destacado el caso de Alemania, país en el que, según asegura, "el delito de sedición fue suprimido en 1970 y fue renombrado con otro tipo de terminología parecida" a la que los grupos de PSOE y Unidas Podemos van a proponer en el Congreso.

Para Sánchez, la reforma del Código Penal que cambiará sedición por delito de desórdenes públicos agravados no implicará un debilitamiento del Estado y de las vías que tiene para protegerse ante intentos secesionistas como el que tuvo lugar en Cataluña en 2017. "Al contrario. Primero, porque se van a reconocer penas por esos delitos y en segundo lugar, porque tenemos que extraer una gran lección de lo sucedido 2017", ha explicado.

Y haciendo balance, ha defendido que "es incontestable que hoy se cumple la Constitución y la legalidad" en Cataluña y que "las principales preocupaciones tienen que ver con el alza de los precios o el crecimiento económico" y no con el problema catalán. "Y hoy tenemos a más de un 52% de la sociedad catalana a favor de permanecer en España", ha dicho.

Sobre la situación del expresidente catalán Carles Puigdemont, quien permanece huido en Bélgica, Sánchez ha subrayado que seguirá teniendo que "rendir cuentas" ante la justicia, pues "los delitos que se cometieron en 2017 son delitos que continúan estando presentes en el Código Penal, no ya como sedición, sino como una nueva tipología que se llama desórdenes públicos agravados, parecido a lo que hacen democracias como la alemana, la belga o la italiana".