Francisco Aranda Diputado por Barcelona y miembro de la Diputación Permanente en el Congreso
OPINIÓN

Una mayoría parlamentaria para una mayoría social

El PP ha suspendido las negociaciones abiertas con el Gobierno de Pedro Sánchez para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y lo ha hecho argumentando que el jefe del Ejecutivo ha confirmado este jueves, en una conversación telefónica, al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que su intención sigue siendo reformar el delito de sedición, un compromiso que el presidente adquirió al inicio de esta legislatura y que nunca ha descartado.
Sánchez y Feijóo, en el Senado
El PP ha suspendido las negociaciones abiertas con el Gobierno de Pedro Sánchez para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y lo ha hecho argumentando que el jefe del Ejecutivo ha confirmado este jueves, en una conversación telefónica, al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que su intención sigue siendo reformar el delito de sedición, un compromiso que el presidente adquirió al inicio de esta legislatura y que nunca ha descartado.

En el año 2018, y tras la sentencia del caso Gürtel, la moción de censura de Pedro Sánchez y el Partido Socialista a M.Rajoy se convirtió en la primera moción de censura de nuestra historia democrática con resultado positivo y, en consecuencia, supuso la caída del Gobierno del PP y el nombramiento de Pedro Sánchez como nuevo presidente del Gobierno.

En ese momento se iniciaba un camino que, al menos en dos de sus elementos, era novedoso en el parlamentarismo español. En primer lugar, un nuevo Gobierno surgido de la moción de censura, con una minoría parlamentaria desde la que se tenían que construir mayorías políticas y parlamentarias; y, en segundo lugar, después de las elecciones de noviembre de 2019, la llegada de la coalición de gobierno entre los dos principales partidos de izquierdas, hecho también inédito en los más de 40 años de democracia.

Este Gobierno de coalición, sustentado por 155 diputadas y diputados tenía delante de sí una tarea ingente que se convirtió en titánica con la llegada de la COVID-19 en marzo de 2020. Una tarea que consistía en armar una mayoría parlamentaria que aplicase las políticas sociales de protección y las medidas destinadas a la clase media y trabajadora para pilotar un país inmerso en una crisis sanitaria, a la que se sumó una crisis internacional fruto de la invasión rusa de Ucrania.

En este escenario, a lo largo de los meses que van desde aquel 7 de enero de 2020 donde en segunda vuelta se eligió a Pedro Sánchez presidente del Gobierno, hasta este último pleno del pasado 27 de octubre de 2022, el Gobierno y los partidos que le dan soporte al mismo han conseguido articular toda una legislación progresista y garantista que daba respuesta parlamentaria a la mayoría social de este país.

El Gobierno que, desde los altavoces de la derecha, mediáticos y políticos, se tildaba alegremente de débil, se ha convertido en una maquinaria perfectamente engrasada para legislar e introducir en el BOE algunos de los avances sociales más significativos de la última década, como la reforma laboral, el aumento del Salario Mínimo Interprofesional o los ERTES, por poner algunos ejemplos. El pasado jueves, esta mayoría parlamentaria se elevaba hasta los 186 diputados y diputadas que rechazaban las enmiendas a la totalidad de la derecha y abrían la puerta a la negociación y la aprobación de los terceros Presupuestos Generales del Estado consecutivos.

Todo en un escenario de creciente protagonismo internacional, donde las soluciones y las propuestas que provienen de la socialdemocracia española son tomadas como referencia en Europa: lo fue el programa de fondos europeos y lo es ahora la llamada excepción ibérica en el precio de la electricidad.

La oposición se mueve entre el descrédito propio y el vaivén político ideológico

Y mientras el Congreso se convierte en un lugar protagonista de la política, elaborando leyes que protejan a la mayoría de la población y sean profundamente redistributivas (impuesto a los beneficios de la banca y eléctricas; y el blindaje de las pensiones con su subida junto al IPC, por ejemplo), la oposición se mueve entre el descrédito propio, puestos en evidencia por sus socios europeos, y entre el vaivén político ideológico. Pablo Casado, quien ya se veía en la Moncloa, fue depuesto fulminantemente el día que se atrevió a denunciar algunas prácticas digamos “irregulares”, y Feijóo se erigió líder de una formación que no renuncia a la influencia que la ultraderecha tiene en sus dirigentes y en sus políticas.

Por eso, por la escasa colaboración que el Gobierno ha tenido del principal partido de la oposición, desleal en Europa e insolidario en España, cuando no directamente faltón e irresponsable, es por lo que cobra aun más relevancia la fortaleza parlamentaria y la solidez política del gobierno de España. Un Gobierno que dirige y que lidera. Un Gobierno de coalición, con una sólida mayoría parlamentaria para ofrecer a la ciudadanía, a la mayoría social, políticas de progreso, de protección y de futuro.

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