La Fiscalía Anticorrupción ha archivado por "ausencia de indicios" la investigación que había abierto por la adjudicación de contratos relacionados con la pandemia de Covid-19 a la empresa vinculada con el marido de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, según ha informado este martes el Ministerio Público.

Las diligencias fiscales se abrieron el pasado mes de abril a raíz de una denuncia presentada por el portavoz del PP de Madrid, Alfonso Serrano. Tras las pesquisas realizadas, Anticorrupción considera que la compañía cumplía todos los requisitos para las adjudicaciones y que la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos no intervino "ni directa ni indirectamente" en las contrataciones.

Este decreto se une al que ya acordó la Fiscalía el pasado verano, cuando archivó las investigaciones por adjudicaciones a empresas que la denuncia del PP vinculó con los padres del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con el exministro de Sanidad Salvador Illa.

Fue el pasado viernes cuando el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, dictó un decreto por el cual archivó las diligencias de investigación sobre Páginas Amarillas Soluciones Digitales SA, empresa ahora conocida como Beedigital, de la que el marido de la vicepresidenta sería director de Marketing en el momento de recibir las ayudas.

Según el decreto de Anticorrupción, "no consta intervención directa ni indirecta de la vicepresidenta en el contrato celebrado de PASD/BeeDigital con la GISS, en la concesión de los avales por parte del ICO y en el denominado Kit Digital".

Las supuestas irregularidades derivarían, según los denunciantes, de que en el momento de la adjudicación del contrato no se procedió a la comprobación de las deudas que la empresa tenía con la Seguridad Social y con la Hacienda Pública. El PP consideraba que ese contrato podría haber tenido como objetivo el rescate de la empresa que, además de las indicadas deudas con la Administración Pública, tenía unas pérdidas de 6,4 millones de euros.

Sin relación de subordinación

En el decreto de archivo la Fiscalía descarta, "de un lado, cualquier intervención de Calviño en dicho procedimiento y, de otro lado, cualquier relación de jerarquía respecto del Ministerio de Seguridad Social, en tanto que ambos se hallan integrados en un órgano colegiado como es el Consejo de Ministros, sin que exista relación de subordinación del ministro de Seguridad Social respecto" de la propia vicepresidenta.

En relación a los dos avales concedidos por el ICO a la empresa, Anticorrupción detalla que no se ha "podido determinar participación alguna por parte" de Calviño en ese proceso", y no se han encontrado tampoco "vinculaciones entre los cargos públicos responsables de dicho organismo y la empresa avalada".

En este punto el Ministerio Fiscal hace constar que, según lo investigado, Páginas Amarillas Soluciones Digitales "cumplía todos los requisitos exigibles" para recibir los mencionados avales. "Había visto mermada su actividad y sus ingresos como consecuencia de la crisis, tenía domicilio social en España, no estaba en situación de morosidad, no estaba incursa en una situación concursal ni preconcursal y no tenía la consideración de empresa en crisis", añade el decreto.

En cuanto a la acreditación como agente digitalizador del 'Programa Kit Digital' -uno de los requisitos para optar a la concesión de las ayudas europeas-, Anticorrupción señala que la empresa "cumplía todos" los requisitos exigibles, por lo que "obtuvo la calificación de Agente Digitalizador" necesaria.

Precisamente "uno de los requisitos para ostentar dicha condición era estar al corriente de sus obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social", un requisito que "cumpliría la empresa con anterioridad a su acreditación" como agente.

La Fiscalía explica en relación a las ayudas europeas que "el hecho de elegir el solicitante de la subvención a un determinado Agente Digitalizador Adherido", que es con el que se contrata la realización de la actividad subvencionada, no afectaba en ningún caso a la concesión, que se hacía bajo el único criterio del orden de presentación de solicitudes, según recoge la norma.

"En definitiva, la elección de un determinado agente es algo que corresponde exclusivamente al solicitante de la subvención. En conclusión, tampoco cabe apreciar irregularidad alguna en la tramitación de este expediente administrativo", concluye el Ministerio Público.