La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha cuestionado la financiación y el número de recursos que se destinan en España a garantizar los servicios sociales. En concreto, ha señalado que España destaca a la baja, ya que el gasto social de media en el país se sitúa en el 1,5% del PIB, por debajo de la media de los 38 países más ricos del mundo, situada en el 2%.  

En el informe Modernización de los servicios sociales en España: diseño de un nuevo marco estatal, el organismo internacional recuerda que, aunque la disparidad en el gasto social entre comunidades autónomas ha caído en los últimos años, todavía persiste. 

Esto se refleja, por ejemplo, en el porcentaje del presupuesto de cada región destinado a servicios sociales: mientras que llega al 10% en dos autonomías -Asturias y Extremadura-, se queda por debajo del 6% en otras tres -Baleares, Canarias y País Vasco-, según datos de 2018. 

Entre las causas, la OCDE pone de relieve la existencia de distintas normativas autonómicas que fijan distintos ratios de personal, diferentes condiciones de acceso o la falta de garantía de un mínimo de servicios. "Como resultado de las distintas normativas autonómicas, existen importantes diferencias en la disponibilidad de los distintos servicios sociales entre las comunidades autónomas", recoge el organismo, que también alerta sobre las dificultades que ha encontrado para reunir los datos de las comunidades autónomas y poder hacer una comparación entre estas. 

Demanda elevada, recursos inadecuados

"En muchos casos, la elevada demanda de servicios sociales suele ser atendida con recursos humanos inadecuados en cuanto a ratios de personal y tipo de profesionales". Para la OCDE, uno de los aspectos en los que las diferencias entre territorios son más evidentes es en las ratios de personal. La ratio entre personal y población es de 1 a 89 en España, lo que contrasta con el dato de la UE, de 1 a 44. 

Además, pese a que las ratios de trabajadores de atención primaria por habitante mejoró entre 2012 y 2018, las cifras entre regiones son muy variadas. Mientras que en Navarra (413 personas por sanitario), Cantabria (446) y Baleares (714) no se supera la horquilla de los 1.000 habitantes, otras comunidades como Extremadura (3.764), Andalucía (3.294) o Madrid (3.228) superan ampliamente las 3.000 personas. 

Respecto al perfil de los profesionales de atención primaria, el porcentaje de psicólogos y expertos en educación puede ser el doble en algunas regiones en comparación con otras. Así, en Castilla y León llegan a ser el 10% de los trabajadores, frente al mínimo del 3% que representan en La Rioja. Del mismo modo, la OCDE se muestra preocupada por mejorar las condiciones laborales de este personal, tanto a nivel salarial como psicosocial, considerado como uno de los retos del país. 

Para cambiar esta situación, el informe plantea que en España se garantice una relación "adecuada" entre el personal y los usuarios, lo que pasa por una mayor dotación de trabajadores. "Es un desafío que debería de ser abordado por una combinación de medidas", recoge el texto. En concreto, la OCDE apuesta no solo por aumentar el número de trabajadores sociales, sino que también ve en la mejora de las condiciones de trabajo de los profesionales una manera de facilitar su trabajo. 

Oferta muy desigual

Los servicios que se ofertan por territorios también resultan muy dispares, con importantes diferencias entre los más básicos y los tipos de prestaciones. Incluso dentro de una misma región existen grandes diferencias, principalmente en las zonas rurales -donde hay mayor densidad de población se atiende a 20 veces más habitantes que en las áreas menos pobladas- o entre las islas de los archipiélagos canario y balear. 

Así, por ejemplo, mientras que los servicios residenciales para personas con necesidades de cuidados de larga duración suelen estar disponibles en todas las regiones, no ocurre lo mismo con las víctimas de violencia de género y las personas con discapacidad. Más detalladamente, en Cataluña, Galicia, Murcia y Extremadura, la OCDE señala que no ha logrado encontrar servicios de atención psicosocial a víctimas de violencia de género. También se aprecian importantes diferencias en los servicios a las personas sin hogar o en riesgo de marginación, que solo se encontraron en Castilla y León, Navarra y País Vasco.

Una de las propuestas de la OCDE para reducir estas diferencias es crear una ley nacional en la que se aclare la definición de servicio social y se enumeren aquellos servicios mínimos para todo el país.