La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha presentado este lunes una fórmula para revalorizar las pensiones con la que sería compatible garantizar el poder adquisitivo de más de la mitad de los pensionistas y a la vez reducir costes frente a la intención del Gobierno de elevar todas las prestaciones con la inflación. Una propuesta que desde Fedea estiman que sería "más eficiente", mejor adaptada al contexto económico actual y "más justa para los jóvenes y los pensionistas más vulnerables".

Así se recoge en un documento de trabajo que ha publicado este think tank, cuyo patronazgo está formado por el Banco de España y algunas de las principales empresas que cotizan en el IBEX, y que firman los investigadores José Ignacio Conde-Ruiz y Manuel Díaz Mendoza.

El mecanismo que plantean pasaría por una revalorización adaptada a la cuantía de las prestaciones en tres tramos principales. En primer lugar, quienes reciben una pensión igual o inferior a la mínima (800 euros al mes en 14 pagas), verían actualizada su prestación un 11% en lugar del 8,5% que aparece en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023. Un total de 3,4 millones de pensionistas, que representan el 38% del sistema, se verían beneficiados por esta alza.

Un segundo tramo estaría formado por los pensionistas que reciben entre la pensión mínima y un máximo de 1.400 euros al mes. En este apartado, la revalorización oscilaría entre un 10,3% para las pensiones entre 800 y 900 euros y un 3,2% para las que se mueven entre 1.300 y 1.400 euros. Eso sí, con cuatro tramos intermedios en los que el porcentaje de revalorización iría cayendo a medida que aumenta la cuantía de la pensión. En este rango del sistema se encuentran 2,86 millones de personas, el 32% de todos los pensionistas.

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Finalmente, para los pensionistas que ganen más de 1.400 euros se plantea una revalorización del 2,5%, en la misma línea que lo previsto para el sueldo de los funcionarios en el proyecto de presupuestos. En este tramo aparecen 2,7 millones de pensionistas, un 30,5% del sistema, en el que se concentraría el grueso del ahorro respecto a los planes del Gobierno.

En resumen, la fórmula que propone Fedea implicaría que más de la mitad de los pensionistas recibieran una revalorización mayor al 8,5% que se estima que marcará la inflación, mientras que el resto tendrían que soportar una subida menor al IPC que se compensaría cuando la situación económica se normalice en el futuro. De esta forma, las pensiones más elevadas pasarían a formar parte del pacto de rentas, como ha recomendado el Banco de España en reiteradas ocasiones.

Carlos Gámez

Desde Fedea estiman que en total, y teniendo también en cuenta las incorporaciones de pensiones más cuantiosas en el futuro, su propuesta permitiría un ahorro de 6.225 millones de euros respecto a lo que plantea el Ejecutivo. De ellos, alrededor de 5.000 procederían de las pensiones contributivas y los 1.225 restantes de las clases pasivas (el sistema de pensiones de los funcionarios). 

Casi todo ese ahorro vendría del recorte en la subida a las prestaciones de más de 1.400 euros. Subiéndolas solo un 2,5% (y sin tener en cuenta las nuevas entradas de pensionistas previstas en el sistema) el Gobierno se ahorraría 4.881 millones de euros. A los que habría que sumar otros 800 millones en el segundo tramo. Por el contrario, la revalorización de las pensiones de hasta 1.000 euros supondría un gasto extra de 927 millones en comparación con el proyecto de presupuestos.

Propuesta temporal

En todo caso, la propuesta de Fedea se limitaría exclusivamente a la revalorización que se aprobará este año de cara al siguiente. Los autores del estudio señalan que la situación actual, con una inflación no vista en los últimos 40 años, una economía que todavía no se ha recuperado de la pandemia y la gran incertidumbre que arroja la guerra en Ucrania aconsejan prudencia. 

Por ejemplo, los investigadores apuntan a que subir las pensiones máximas solo un 2,5% moderaría considerablemente la subida de las bases máximas de cotización, que suponen un coste mayor para las empresas que estas podrían optar por trasladar a los precios, empeorando el panorama inflacionario.

No obstante, creen que en circunstancias económicas normales lo recomendable es que las pensiones suban o bajen conforme al IPC para que los pensionistas no se empobrezcan. "Nadie pone en duda que el sistema debe evitar que las pensiones pierdan poder adquisitivo", señalan los autores del informe.

Esta propuesta, además, sería beneficiosa para los jóvenes. Los investigadores sostienen que los ahorros obtenidos de esta fórmula podrían destinarse a amortizar deuda pública (calculan que podrían amortizarse 68.000 millones en 10 años), "que no es otra cosa que facturas impagadas que se han pasado a los jóvenes" y a invertir en partidas como educación.