El Congreso apoya reconocer el derecho a paro de las empleadas de hogar con la única abstención de Vox

  • Casi todos los grupos votan a favor de un decreto que prohibe su despido con una indemnización de solo 12 días.
  • Vox y también el PP critican que las familias numerosas vayan a tener que hacerse cargo de parte de las cotizaciones.
Representantes del colectivo de empleadas de hogar, este jueves en el Congreso.
Representantes del colectivo de empleadas de hogar, este jueves en el Congreso.
EFE

El Congreso de los Diputados aprobó este jueves por una amplísima mayoría la convalidación del decreto puesto en marcha hace unas semanas por el Gobierno para reconocer el derecho a paro de las empleadas de hogar y prohibir que sigan pudiendo ser despedidas con una indemnización de solo 12 días por año. Casi todos los grupos parlamentarios votaron a favor de la medida, desde PSOE y Unidas Podemos hasta sus habituales aliados nacionalistas y también PP y Cs. Únicamente Vox puso la nota discordante al abstenerse argumentando que el Gobierno perjudica a las "familias numerosas" que contratan una empleada de hogar porque les resultará más caro acceder a este servicio.

Con la convalidación aprobada este jueves, el Congreso dio luz verde a que se mantenga en la legislación de manera indefinida el decreto puesto en marcha el mes pasado, que entre otras cosas permitirá a las empleadas de hogar acceder a una indemnización de 20 días por año trabajado en el caso de ser despedidas de manera procedente y de 33 días por año si la extinción del contrato se reconoce como improcedente. De esta forma, se acercan las condiciones de trabajo de estas empleadas a las del resto de los trabajadores.

Con la nueva norma se elimina la existencia de "trabajadoras de segunda", aseguró la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, autora de la norma y la encargada de presentarla este jueves en el Congreso, que definió al colectivo de empleadas del hogar como el de "las vulnerables entre las vulnerables". Díaz recordó que este colectivo de trabajadoras está compuesto mayoritariamente por mujeres, una gran parte de ellas inmigrantes, y resaltó que asumen un trabajo de cuidados que permite sostener el empleo de numerosas familias.

El decreto aprobado hace unas semanas y convalidado este jueves establece que las trabajadoras del hogar comenzarán a cotizar para su prestación por desempleo a partir del 1 de octubre. La cotización al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) también será obligatoria a partir de la misma fecha, y permitirá a las empleadas de hogar percibir sus indemnizaciones en caso de insolvencia o concurso de su empleador.

Derecho a indemnización de 33 días

Para evitar una carga económica sobrevenida para los empleadores, estas cotizaciones estarán bonificadas en un 80% para ellos. Asimismo, se mantiene la reducción de un 20% en la aportación empresarial a la cotización por contingencias comunes que ya estaba vigente en el régimen laboral de las empleadas de hogar, y se incrementan los tramos de bonificación superiores al 20%, en función de la composición del hogar y también de los niveles de renta y de patrimonio.

La segunda gran novedad del decreto tiene que ver con los despidos. Hasta ahora estaba vigente un mecanismo muy particular que permitía al empleador finalizar la relación contractual con la trabajadora sin alegar ningún motivo: el desistimiento. Bajo esa modalidad, el contratante únicamente estaba obligado a ofrecer a la empleada despedida una indemnización de 12 días de salario por año de servicio, con el límite de seis mensualidades. Y eso únicamente para los contratos concertados a partir de 2012: para los anteriores, la indemnización era de siete días de salario por año de servicio, también con el límite de seis mensualidades.

El decreto elimina ese despido por desistimiento para las empleadas de hogar. A partir de ahora se deberán acreditar los motivos que puedan dar lugar a la finalización del contrato con las empleadas. Y, por ende, estas tendrán derecho a las mismas indemnizaciones que cualquier otro trabajador: 33 días de salario por año trabajado en el caso de los despidos declarados improcedentes por la justicia, hasta un máximo de 24 mensualidades; y 20 días por año trabajado, con un tope máximo de 12 meses de sueldo.

Vox: "Quieren acabar con las familias numerosas"

Vox, el único partido que optó por no apoyar la convalidación de este decreto, acusó al Gobierno de, "por un lado, mejorar las condiciones de las empleadas del hogar" mientras "por el otro desincentivan su contratación y fomenta la economía sumergida, perjudicándolas". Para la formación, el hecho de que las familias con empleada vayan a tener que asumir el 20% de sus cotizaciones sociales impedirá a muchas familias mantener este servicio, lo que provocará que "muchas empleadas del hogar se queden sin trabajo o trabajen sin contrato por necesidad de unos [las empleadas] y de otros [los empleadores]".

"¿Cómo pueden perjudicar así a las familias numerosas?", preguntó en esta línea Vox, que aseguró que serán precisamente estas familias -las que tienen una empleada de hogar- las que más dificultades tengan para mantener el servicio porque tienen "más bocas que alimentar". El partido aseguró que el Gobierno quiere "acabar" con estas familias "tradicionales", y en la misma línea se pronunció la diputada del PP Alicia García, que acusó al Ejecutivo de perjudicar "la conciliación y la natalidad" recortando derechos "a las familias que más lo necesitan".

"Si se aumentan los costes a las familias habrá menos contratos, se reducirán las horas, habrá más economía sumergida, más contratos irregulares, y muchas mujeres renunciarán a trabajar y volverán a los cuidados en el hogar porque no les compense económicamente", denunció igualmente la parlamentaria del PP, pese a que su grupo parlamentario votó a favor del decreto. Pese a ello, los populares aseguraron que "el PP dice sí a más derechos laborales para las empleadas del hogar, sí a más ayudas a las familias y no a quitar las bonificaciones a las familias numerosas".

Por su parte, el resto de los grupos parlamentarios, en general, elogiaron la necesidad de la norma, pero criticaron que llega tarde y pidieron más cambios normativos para que no se queden sin protección las trabajadoras que no están dadas de alta, en muchos casos, por su situación irregular. En ese sentido, ERC, EH Bildu o la CUP plantearon cambios en la ley de extranjería que "actúa de yugo" con estas trabajadoras.

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