La batalla fiscal que han desatado algunas comunidades presididas por el PP -lo empezó Madrid y le siguieron Andalucía, Murcia y Galicia- ha reabierto un antiguo debate sobre la renovación de la ley de financiación autonómica, la que establece el sistema de reparto de fondos públicos que hace el Estado a cada comunidad. Tras la eliminación del impuesto de patrimonio en estas regiones y la aplicación de otras rebajas fiscales, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado esta semana que presentará "en breve" una propuesta de financiación autonómica; una ley que debió haberse actualizado hace ocho años y que ningún presidente se ha atrevido a cambiar. 

Menos aún en año preelectoral en el que se mueve un Gobierno central y que busca lo contrario a Isabel Díaz Ayuso, Juanma Moreno y Fernando López Miras: "Evitar que en aquellos casos donde las figuras fiscales están descentralizadas se produzca dumping fiscal". Lo que aún no revela la ministra socialista es su propuesta para lograr el equilibrio entre las comunidades, que siempre se quejarán de un injusto reparto. En el fondo, todos los partidos coinciden en la necesidad de renovar la norma. En lo que difieren es en el modelo que ha de aplicarse.  

Porque la raíz del problema radica en las variables que se toman para repartir el dinero. En función de estas, unas comunidades se benefician más que otras. Por ejemplo, si se atiende a la densidad de población, Madrid o Cataluña salen ganando frente a Castilla y León y Galicia; pero estos cambian si se atiende a otros criterios como el envejecimiento de la ciudadanía, la dispersión o la población en edad escolar. 

Los indicadores son complejos, por lo que siempre las comunidades, de distintos colores políticos, se quejan de estar infrafinanciadas o de que sus vecinos están sobrefinanciados. Por ejemplo, Andalucía (PP) y Comunidad Valenciana (PSOE) han hecho bloque común para defender sus intereses frente a Asturias, Galicia, Cantabria, Rioja, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura. Cataluña, por su parte, aspira a lograr la soberanía fiscal plena.

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Comité de expertos

Esta forma de reparto data de 2009 y debía haberse renovado en 2014, cuando gobernaba el PP de Mariano Rajoy, coincidiendo con una crisis económica y un proceso soberanista en Cataluña, lo que complicaba cualquier pacto entre partidos y gobiernos. Así que, en 2017, el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, constituyó una comisión de expertos para la reforma de la financiación autonómica. En febrero se pusieron a trabajar y en julio emitieron un informe. 

Todo un proyecto que se paralizó con el cambio de gobierno tras la moción de censura de 2018. Dos años después, el PP pidió al Ejecutivo de Pedro Sánchez que presentase una revisión en paralelo a los Presupuestos Generales del Estado para 2020 y que se tuviera en cuenta el informe que habían redactado los expertos. El Ejecutivo hizo oídos sordos. En su lugar, constituyó su propio comité de expertos en abril de 2021, cuyo informe recibió el pasado mes de marzo.

"Durante estos meses se han dedicado a analizar el sistema tributario en su integridad y a elaborar una propuesta de reforma fiscal, que ahora entregan al Gobierno un documento que refleja la opinión exclusiva de estos académicos y no anticipa las medidas que pueda aprobar el Gobierno", explicó Montero en la recogida del Libro Blanco.

El documento de 800 páginas receta subir el IVA y unificarlo, reducir exenciones en el IRPF, nuevas tasas medioambientales, y menos competencia entre CCAA, entre otros. Asimismo, durante el tiempo en que los 'sabios' trabajaban, Montero remitió a las comunidades autónomas de régimen común y a Ceuta y Melilla su propuesta basada la variable de población ajustada, una propuesta inicial de reforma del modelo, que fue rechazada.

Hasta hace unos días, el Gobierno no había vuelvo a retomar la renovación del sistema de financiación de las autonomías. No obstante, bien por las rebajas fiscales emprendidas por presidentes autonómicos del PP ha despertado a Moncloa que, además de anunciar la renovación del sistema de financiación, aplicará un impuesto para ricos para confrontar con el modelo del PP; o, bien, por la proximidad de una cita electoral, una etapa donde las promesas movilizan votos, el Gobierno promete renovar el sistema que requiere de un consenso absoluto. 

Lo cierto es que, por el momento, el movimiento del Gobierno es tan solo eso, una declaración de intenciones. Lo que dicta la experiencia es que desde hace casi diez años ningún gobierno ha encontrado el momento oportuno para renovar la ley que debía haber sido renovada, ya fuera por la crisis económica, el proceso independentista en Cataluña o la actual guerra en Ucrania y sus consecuencias económicas. Y, mientras tanto, las comunidades toman su propio rumbo.